La mayoría de los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, con excepción de Alfredo Figueroa, cedieron ante las presiones de las televisoras y accedieron a otorgar 4 días hábiles de plazo al duopolio televisivo para que transmita los promocionales durante las precampañas y campañas electorales.
De acuerdo a lo revelado en los medios de comunicación (pues no fue posible consultar en la página del IFE la versión estenográfica de la sesión de ayer, hecho que contrasta con lo que sucede actualmente en todos los órganos colegiados que el mismo día suben dichas versiones para ser consultadas en línea) los consejeros entendieron que la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que revocó la anterior reforma, los obligaba a concertar con los concesionarios y permisionarios las nuevas reglas.
Lo que dicha resolución solicitaba era que se consultara (término totalmente distinto a concertar y de hecho en varios momentos hacía énfasis, en que eso no significaba que tuviera que acatar sus observaciones, pero sí debía escucharlos y, en su caso, explicar porque se tomaban o se desechaban) a los concesionarios y que se motivara con un dictamen técnico la viabilidad de los nuevos tiempos. La discusión giró en torno a la reducción del plazo de 5 días hábiles que contempla el reglamento todavía vigente a un plazo de 2 y 3 días, según se entregaran los materiales físicamente en las instalaciones o por la vía electrónica.
El nuevo reglamento otorga 3 días hábiles, pero contempla una excepción: "En los casos en que el concesionario o permisionario tenga su domicilio legal en una localidad distinta a aquella en que operen las emisoras respectivas, contará con 1 día natural adicional para iniciar las transmisiones correspondientes." Que de acuerdo al consejero Figueroa, el único que votó en contra de algunas de las disposiciones de la reforma, esto significa darle un tratamiento privilegiado a "las grandes concesionarias".
El mismo consejero declaró a el periódico Reforma: "Nos hablan de más de 400 estaciones de televisión, que son las que estarían en ese supuesto... pero lo que no nos dicen es que casi el 80 por ciento de esas estaciones pertenecen a Televisa y a Televisión Azteca".
El Instituto desechó la posibilidad de trabajar el proceso de consulta, que solicitaba el Tribunal, y, en paralelo, proceder a la elaboración de un dictamen técnico (o de varios, si fuese el caso) por parte de expertos, que explicara con precisión los tiempos que requieren las permisionarias y concesionarias para modificar los materiales.
La mayor complejidad se puede vivir en las 16 entidades federativas que tienen procesos electorales locales coincidentes con los federales, particularmente las 6 en las que renovarán también al titular del Ejecutivo local. En estos casos el número de mensajes diferentes se eleva y efectivamente requiere de un mayor cuidado y, eventualmente, más tiempo para la difusión de los promocionales.
Y la menor complejidad o la mayor simplicidad se vive con la difusión de los promocionales de las campañas presidenciales, que seguramente serán la mayoría, que se difunden exactamente igual en todas las permisionarias y concesionarias del país. Así, si de excepciones se trata, sería más lógico haberla establecido para disminuir el lapso entre la recepción del material y su difusión, para el caso de los mensajes de los candidatos presidenciales.
A pesar de que la nueva reforma recoge las demandas de las concesionarias, es muy probable que también sea recurrida ante el Tribunal, por los partidos políticos. De acuerdo a las informaciones difundidas en los medios, amenazaron con hacerlo PRI, PAN y PRD; el primero, expuso dos argumentos: en uno interpreta que esta reforma viola el artículo 105 de la Constitución, que indica que "Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales", lo cual es muy discutible; y en el segundo, reitera el mismo argumento de la ocasión anterior: que al existir la posibilidad de que se incumplan los nuevos tiempos se vulneran los derechos de los partidos y los ciudadanos.
En el caso del PAN, su representante expresó que no están de acuerdo con los bloqueos de señal en las repetidoras; y el PRD, se inconformará con los nuevos tiempos y si el acuerdo carece de una adecuada motivación (soporte técnico sólido que justifique estos plazos) puede nuevamente ser revocado por el Tribunal.
Así la embestida (Tristán Canales, presidente de la CIRT; José Francisco Blake, secretario de Gobernación; el presidente Felipe Calderón; y, finalmente, el aspirante tricolor Enrique Peña Nieto, se refirieron al diferendo y, aunque en tonos distintos, todos celebraron la concertación entre las partes) que orquestó la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) durante su Asamblea Anual rindió sus frutos y tres de los cuatro consejeros (Leonardo Valdés, Benito Nacif y Macarita Elizondo) terminaron cediendo frente a dichas presiones.
La mayoría de los consejeros del IFE parecen más preocupados por no irritar a los principales actores políticos (partidos y televisoras) que por apegarse estrictamente a derecho. Así dejan actuar libremente a los aspirantes, que desde hace varios meses violan flagrantemente la ley al realizar actos anticipados de precampaña o campaña, y ahora prefieren negociar los tiempos con las televisoras antes que apegarse a la viabilidad técnica. La autoridad tiene que actuar conforme a derecho, aunque esto implique confrontarse con los poderosos.
