A Menos de un año de que se celebren las elecciones presidenciales del domingo 1 de julio del 2012, el Instituto Federal Electoral está incompleto (tanto en el Consejo General como en la Junta General Ejecutiva) y enfrenta situaciones que afectan su funcionamiento y merman su credibilidad ante los partidos políticos y la ciudadanía.
El último embate lo realizaron conjuntamente la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), tres partidos políticos (PRI, PVEM y PANAL) y un consejero electoral (Francisco Guerrero) que en un hecho que muestra su falta de cultura democrática presentó su renuncia a la presidencia de una comisión y un comité por disentir de un acuerdo del Consejo General.
Tal como se lo han manifestado diversas voces, en un órgano colegiado las decisiones que se adoptan obligan tanto a los que votaron a favor como a los hicieron en contra; esa es una de las reglas de la democracia: cuando no hay posibilidades de consenso, las decisiones se toman por mayoría de votos y obligan a todos, no únicamente a los que aprobaron la disposición.
Sin embargo, Guerrero decidió renunciar a la presidencia de dichas comisiones para demostrar su lealtad a quienes lo impulsaron a ocupar dicho puesto: el PRI y la CIRT. Al ser nombrado Consejero Electoral, Guerrero era asesor del entonces coordinador de la fracción priista en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa Patrón, también fiel defensor de los intereses de Televisa. Ese solo dato lo debió haber descartado para ser consejero electoral, pues su dependencia de un prominente militante de un partido político impedía (como ha sido manifiesto a lo largo de sus decisiones como Consejero Electoral) su actuación autónoma e independiente de los actores políticos.
Tan evidente es su cercanía con los concesionarios, que fue el director de Comunicación y Capacitación de la CIRT quien convocó a la rueda de prensa en la que Guerrero anunció su renuncia al Comité de Radio y Televisión; y que un ex asesor suyo es hoy asesor del representantes del PRI ante dicho órgano, que a su vez antes fue director de la CIRT.
Desde octubre del 2003 el IFE ha estado sometido a embates continuos, externos e internos. Los externos empezaron con la designación de los ocho consejeros y el Consejero Presidente que asumieron sus cargos el 1 de noviembre de 2003 y que debieron haber durado en su encargo hasta el 31 de octubre de 2010; en dicha designación impusieron su voluntad los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI y el PAN y dejaron sin participación al PRD, iniciando en ese momento la gestación del conflicto que estalló en la elección presidencial del 2006.
Los internos empezaron con muchas de las decisiones que adoptó el Consejo así designado y varios de cuyos integrantes mostraban clara dependencia de los dirigentes de los partidos e hizo crisis con los errores que cometieron en el proceso electoral del 2006. El resultado fue la reforma electoral de 2007 y la renovación anticipada de dicho Consejo.
A pesar de estos pésimos resultados, los partidos políticos persistieron en el sistema de cuotas para la designación de los Consejeros Electorales, es decir, cada uno de los tres partidos políticos con mayor participación electoral (PAN, PRD y PRI) tenían derecho a designar a uno de los Consejeros. Este sistema permitió la designación de 6 consejeros electorales en 2008; pero se entrampó con la nueva composición de la Cámara de Diputados, surgida de la elección del 2009, y así no han podido nombrar a tres consejeros para sustituir a los únicos miembros del Consejo designados en octubre del 2003, que concluyeron su encargo en octubre del 2010.
El PRI quiere reponer a los dos consejeros que ellos habían designado en el 2003 y que terminaron su encargo en el 2010 y eso implica dejar nuevamente fuera al PRD. Eso ha entrampado la designación y ha dejado al IFE en una situación de franca vulnerabilidad.
Pero esta concepción patrimonialista, es decir, la idea de que ellos son los dueños de la institución y tienen el derecho de decidir quién ocupa dichas vacantes, se extendió también a los consejeros y así ellos hacen exactamente lo mismo con los Directores Ejecutivos y eso es lo que tiene entrampada la designación de los directores del Registro Federal de Electores y de Partidos Políticos y Prerrogativas; en el primero de los casos, los dos (de los seis) consejeros designados por el PRI (Francisco Guerrero y Marco Antonio Baños) reclaman para ellos dicha posición e impulsaron la designación de un asesor y socio de negocios del mismo Guerrero, Eduardo Rojas Vega, ante la imposibilidad de lograrlo ahora empujan a Sergio Bernal Rojas, incondicional de Baños.
Y cínicamente el actual presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez, declara que con la acción de Guerrero la situación del IFE "se acerca a un punto crítico" y es "urgente el nombramiento de los consejeros" faltantes, como si ellos no fueran corresponsables de dicha situación.
Pero a pesar de que la credibilidad del IFE está en caída libre, que ya falta menos de un año para la elección presidencial del 2012 y que la principal causa de la crisis del IFE tiene que ver con los condenables sistemas de cuotas, los partidos y sus personeros (líderes y consejeros) están empeñados en mantenerlos. Así simplemente se acabará de cavar la tumba del IFE.
