En las elecciones intermedias de 2009 la coalición PRI-PVEM logró una cantidad de votos suficiente para que las autoridades electorales le asignaran 258 diputados en conjunto, con lo cual lograron la mayoría absoluta en dicha cámara; esta mayoría bastó para evidenciar los rasgos autoritarios del tricolor, que olvidó el diálogo y el consenso, para simplemente imponer su mayoría en la cámara, que no su respaldo mayoritario, pues en las urnas no lograron reunir más del 50% de los votos.
Desde luego que la mayoría es una de las opciones de la democracia, pero en este caso hay dos agravantes: una, el tricolor utiliza dicha mayoría para partidizar la designación de integrantes de órganos que por su propia naturaleza debiesen ser equidistantes de todas las fuerzas políticas, contar con un mínimo de conocimientos para desempeñar su labor y con una trayectoria personal y profesional que le otorgue prestigio público; y dos, no hay el menor intento de consensar la decisión, sino la voluntad de tomar el control de dichos órganos.
En la semana que recién termina el PRI dejó ver este rostro en dos ocasiones: una en su posicionamiento para la designación de los tres integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral, que debió realizarse desde hace seis meses; y en el nombramiento del titular de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En el primer caso no pueden concretar su intención, porque la Constitución establece la necesidad de contar con las dos terceras partes de los votos de los legisladores presentes; pero en el segundo le bastó la mayoría simple.
La designación del titular de la UEC es importante porque es el órgano de control de la ASF, que es precisamente el órgano responsable de auditar el ejercicio del presupuesto federal y evaluar el desempeño institucional de la administración pública federal. Alejandro Romero Gudiño no cumple el perfil para el puesto, pues su experiencia es fundamentalmente en el ámbito jurídico y aunque también tiene experiencia en otras áreas de la administración pública, ninguna en asuntos que tengan que ver con fiscalización, finanzas públicas o análisis sectorial. Y por si esto fuera poco, él fue el encargado de exonerar a la empresa Minera México, de responsabilidad en el accidente en la mina Pasta de Conchos. Así es evidente que lo que se privilegió fue la lealtad y no la experiencia profesional o su prestigio personal o profesional.
Pero el asunto es peor en el caso de los consejeros electorales, pues el jueves las distintas fuerzas políticas propusieron tres diferentes ternas de consejeros: PVEM y PRI propusieron a Enrique Ochoa, Arely Gómez y Cecilia Tapia; PANAL a Ciro Murayama, Enrique Ochoa y Cecilia Tapia; y PAN y PRD a Arely Gómez, David Gómez y Emilio Álvarez Icaza.
Las tres ternas evidencian la clara partidización de la designación de los consejeros y desnudan la simulación del proceso de designación, donde los partidos desde antes de lanzar la convocatoria ya tenían a sus candidatos, a los que ellos les pidieron que se inscribieran y por los que iban a luchar; el resto fue simple comparsa que legitimó un proceso viciado de origen.
La terna de verdes y tricolores deja al descubierto la intención del tricolor de quedarse con dos de los tres consejeros electorales, precisamente para mantener los cuatro que tenían previo a la salida de Virgilio Andrade, Marco Antonio Gómez y Arturo Sánchez, el 31 de octubre del año pasado, pero además también quieren reponer al consejero de las televisoras, que antes era Marco Antonio Gómez y ahora sería Arely Gómez, hermana de Leopoldo Gómez, vicepresidente de Televisa.
La de blanquiazules y amarillos reparte a las tres principales fuerzas políticas: Arely Gómez, propuesta priista; David Gómez, panista; y Emilio Álvarez Icaza, perredista. En este caso, los dos últimos tienen experiencia en las cuestiones electorales, pues el segundo fue presidente del órgano electoral de Jalisco; y el tercero, consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal, y su actuación en ambos casos fue decorosa. Álvarez Icaza, incluso como titular de la Comisión de Derechos Humanos del DF, emitió una recomendación condenando la toma de la Avenida Reforma durante las protestas postelectorales encabezadas por Andrés Manuel López Obrador, en el 2006, así que ha dado muestras de su independencia y autonomía.
Sin embargo, Arely Gómez tiene, al menos, dos aspectos cuestionables: uno, un evidente conflicto de intereses, dado que con la legislación vigente, una de las instituciones más vigiladas y, eventualmente, sancionadas por el Consejo General del IFE, son las televisoras y su parentesco con uno de los más altos funcionarios de Televisa, pesará en dichas decisiones; y dos, su paso como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales no dejó ninguna huella.
El PRI es el único partido con votos suficientes en la Cámara de Diputados para evitar la designación de los Consejeros Electorales y la única alianza de dos partidos que puede evitarla es la de PAN y PRD, que juntos suman 211 votos, que son muchos más de los 167 que conforman la tercera parte.
Así muy poco se necesitó para que el PRI evidenciara su verdadero rostro y las intenciones detrás de su pretendida cláusula de gobernabilidad: la imposición de su voluntad, al margen de la voluntad mayoritaria del pueblo. El nuevo PRI es igual de autoritario que el viejo.
