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Sergio Sarmiento

El homicidio de Ricardo Guzmán Romero, presidente municipal de La Piedad, unos días antes de las elecciones al gobierno de Michoacán, reveló los riesgos que puede enfrentar nuestro país al realizar los comicios de 2012 en un ambiente cada vez más violento.

Guzmán fue asesinado por un grupo de personas que le dispararon desde una camioneta Jeep Patriot con una escopeta mientras realizaba labor de proselitismo a favor de los candidatos del Partido Acción Nacional el 2 de noviembre, Día de Muertos.

Guzmán no es el primer alcalde asesinado en nuestro país en los últimos años. De hecho, han sido ya cuatro los presidentes municipales tan sólo de Michoacán que han perdido la vida. Si consideramos al país en su conjunto, la cifra de los últimos años asciende a decenas. En 2011 han sido seis los alcaldes asesinados en distintos estados, por lo menos hasta el momento de escribir este artículo.

No hay certeza de que todos estos homicidios tengan que ver con el crimen organizado. La muerte de Guzmán de La Piedad es particularmente notable porque la escopeta no es un arma característica del crimen organizado. De hecho, se le utiliza fundamentalmente en actividades de cacería.

Hay razones para pensar que lo que ha ocurrido en nuestro país es que la vida humana se ha abaratado. Antes asesinar a alguien era una tarea que parecía difícil o imposible. Los grupos de sicarios que han recorrido el país en los últimos años han llevado a mucha gente a pensar que cualquier disputa puede y debe resolverse con el homicidio de un rival.

No sólo los presidentes municipales son asesinados en nuestro país. También los candidatos pierden la vida a manos de sicarios. Quizá el caso más recordado es el de Rodolfo Torre Cantú, candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas quien fue ultimado en 2010 pocas semanas antes de los comicios en los que era favorito para el triunfo. También José Mario Guajardo Valera, candidato del PAN a la presidencia municipal de Valle Hermoso, Tamaulipas, fue ejecutado en el 2010.

Hasta ahora ningún gobernador o secretario de estado ha perdido la vida por homicidio. Pero ¿cuánto tiempo puede pasar antes de que se registre el primer caso? El número de homicidios dolosos en nuestro país se ha triplicado desde 2007. Y mucha de la violencia ha estado dirigida contra servidores públicos de distintos niveles.

¿Qué pasaría si un candidato a la presidencia de la república fuera asesinado? No puede descartarse esta posibilidad. De hecho, ya en 1994 el país vivió el homicidio de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia de la república. No sería difícil que este acontecimiento pudiera repetirse en el 2012.

Durante mucho tiempo la violencia en el país no tocó a la clase política, que vive detrás de altos muros, escoltas y autos blindados. Cada vez es más claro, sin embargo, que no hay forma de proteger a un funcionario o a un político si alguien está decidido a despojarlo de la vida. Esto significa que la campaña electoral del 2012, muy importante para definir el rumbo futuro del país, se llevará a cabo en un ambiente de miedo y de violencia.

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