El jueves pasado, en el insólito, los trabajadores de tierra de Mexicana de Aviación presentaron una denuncia penal contra el director general del Banco Nacional de Comercio Exterior, Héctor Rangel Domene, bajo el cargo de defraudar al erario público con 991 millones 969 mil pesos. El asunto, naturalmente, remite al préstamo otorgado por el banco de desarrollo a la línea aérea como parte de los apoyos del Gobierno a las empresas afectadas por la gritería desatada tras la puesta oficial en escena de la alarma por la epidemia de influenza AH1N1.
Como usted sabe, la administración de la compañía, encabezada por Gastón Azcárraga Andrade, le pagó al Bancomext 219 millones 600 mil pesos, con la novedad de que el remanente de 771 millones 369 mil, se quiere cobrar en especie, o si lo prefiere, "a lo chino".
De acuerdo con las reglas fijadas por la Secretaría de Hacienda, se constituyó un fideicomiso de garantía en Nacional Financiera, en el cual se depositaron algunos terrenos de la compañía y nueve aviones de su flota.
Separados éstos de la masa del concurso mercantil en que se ubica Mexicana de Aviación, un juez le dio luz verde a la intermediaria para adjudicarse las naves convertidas hoy en manzana de la discordia.
De acuerdo con la lógica del sindicato, encabezado por Miguel Ángel Yúdico, la querella frenaría la posibilidad de que el Bancomext se adjudique los aparatos.
Lo cierto, al margen de la amenaza de los trabajadores de acostarse en las pistas para impedir que se muevan los aviones, es que si el banco de desarrollo no los ha sacado es por una argucia de otra de los sindicatos de Mexicana de Aviación.
Estamos hablando de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores que encabeza Fernando Perfecto. Hete aquí que en agosto del año pasado, ante la posibilidad de que la línea dejara de operar, se le emplazó a huelga, alegándose diversas violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo.
La demanda se ampliaría semanas después bajo otro argumento: la falta de pago salarial a los reclamantes.
De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, ante un emplazamiento de esa naturaleza los activos de la empresa, incluidos los integrados en fideicomisos, quedan a resguardo.
Naturalmente, dado que estallar una huelga en las condiciones en que se ubica la firma aérea equivaldría a darse un balazo en el pie por parte de los pilotos, el emplazamiento se ha ido alargando al paso de los meses, acudiéndose puntualmente a las audiencias convocadas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
La estrategia, pues, pese a las versiones de una inminente toma de los activos, ha permitido frenar la posibilidad.
Ahora que el Bancomext en su necesidad de demostrar que el préstamo otorgado a una empresa que arrastraba al final de 2009 una pérdida de 2 mil 304 millones 830 mil pesos, aunados a los 802 millones 691 del año anterior, no le provocaría merma alguna a sus arcas, dadas las garantías exigidas, ha mantenido su gestión.
De hecho se ha hablado ya con algunos posibles compradores de las naves. El problema es que ninguno ha ofrecido más de 5 millones de dólares por cada una de ellas, frente a los siete en que se habían tasado.
Matemáticamente, pues, la recuperación del banco de desarrollo por esa vía sería de 470 millones de pesos, al margen de lo que se recuperaría de los terrenos.
Por lo pronto, la denuncia del sindicato de tierra de Mexicana está ya en la Procuraduría General de la República, aunada a otra colocada, a su vez, por la Asociación de Sobrecargos de Aviación, ésta contra quien resulte responsable de una supuesta quiebra fraudulenta de la compañía, y el curioso traspaso de sus acciones a la Tenedora K.
Y por lo pronto, también, está en el aire el precio que exigiría ésta por los papeles cuyo costo, en la graciosa huida del expresidente de la firma aérea, Gastón Azcárraga Andrade, se tasó en mil pesos.
BALANCE GENERAL
Colocado, en las vueltas que da la vida, en el papel de "coyote" al servicio de empresas públicas o privadas (el que paga manda), el expresidente del Partido Acción Nacional y exsecretario de la Función Pública, Germán Martínez Cázares, está obstaculizando la posibilidad de construir un puerto de carga marítima en Tuxpan, Veracruz. La mano que mece la cuna es la empresa Hutchison Port Holdings, encabezada por Jorge Magno Lecona, quien domina al 100% el mercado de una zona que representa un flujo de 800 mil contenedores al año.
No quiere competencia, pues.
En el afán de colocarle trincheras a la posibilidad, la firma acaba de emitir una queja ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tras relanzarse la convocatoria para otorgar la concesión respectiva.
A ésta acudieron 17 postores, entre ellos PSA Marine de Singapur, Maersk Line de Dinamarca, SSA de México, y el Grupo México.
La exposición de motivos habla de que la construcción depredaría el entorno ecológico, apoyándose en que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales no le dio el visto bueno a la manifestación ambiental planteada hace dos años, pero dejando la puerta abierta a una nueva revisión.
El objetivo, además, es bloquear la posibilidad de un segundo puerto de contenedores en Lázaro Cárdenas.
AHOGAN A MVS
La inaudita lentitud de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Telecomunicaciones para responder a su solicitud de refrendo de las concesiones que mantiene para operar en la banda de 2.5 gigahercios, está asfixiando a la cadena MVS.
De hecho, ya cerró su empresa que ofrecía servicios de Internet de banda ancha.
La dramático del asunto es que la burocracia está colocando en riesgo una multimillonaria apuesta para ofrecer, en aprovechamiento del espectro, conexión móvil hasta 20 veces más rápida que la actual, vía la integración de un consorcio en que participarían, además, las firmas Alestra, Clearw're e Intel.
Presentadas las solicitudes de prórroga en agosto de 2007, la Comisión Federal de Telecomunicaciones había emitido semanas después dictámenes favorables... de los que luego se rajó.
Son, pues, ya cuatro años en el limbo.
CTM AL RELEVO
A la callada, el martes de la semana pasada la Secretaría del Trabajo atestiguó un convenio entre el Grupo Minero México y la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) para ceder a ésta el contrato colectivo de trabajo con que opera la Minera de Cananea.
El acto, encabezado por el titular de la dependencia, Javier Lozano Alarcón, y el dirigente de la central obrera en Sonora, Javier Villarreal Gómez, provocó la ira del Sindicato Minero, encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, quien lo calificó de ilegal, dado que jurídicamente continúa existiendo la huelga convocada por éste.
Como usted sabe, la empresa tuvo opción de retomar las instalaciones tras una resolución judicial que declaró inexistente su relación con el propio Sindicato Minero, al que se culpó de una serie de daños provocados en la larga parálisis de la histórica mina.
Sin embargo, los mineros afines a éste, integrados a la Sección 65, insisten en que los trabajadores que están laborando son esquiroles.
