Hace unos días, en voz del subsecretario de Infraestructura, Fausto Barajas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes exigía acelerar la designación de la empresa que entraría al rescate de Mexicana de Aviación, en lo que parecía un manotazo en la mesa frente a una feria de aplazamientos.
La paradoja del caso es que en lo oscurito los altos funcionarios de la propia dependencia hablan de una empresa apestada. "Nadie quiere a Mexicana", dice la supuesta nota frente a quien quiera escucharla.
Y la paradoja del caso es que, criticada acremente la decisión del administrador y conciliador de la línea aérea en concurso mercantil, Gerardo Badín, de estirar el último plazo fatal acordado, es decir, el 27 de mayo, la SCT mantiene exigencias que ninguna de las tres empresas en la recta final está en posición de cubrir.
Estamos hablando, prácticamente, de exigir billete sobre billete los 250 millones de dólares reclamados como capital mínimo para regresar a las pistas.
La intención, naturalmente, es no exponerse a otro ridículo como el derivado del frustrado intento de PC Capital, a quien se le habían otorgado todas las bendiciones oficiales, en un escenario en que los fiascos son el pan de cada día del Gobierno del presidente Felipe Calderón.
La mula, diría la lógica, no era arisca.
Lo inaudito del asunto es que semanas después de ser llevado a la picota, con amenaza de demandarla por haber mosqueado la mercancía durante meses, hete aquí que PC Capital recibió los recursos.
El milagro se inició justo cuando el Gobierno le dio el sí definitivo a su propuesta, lo que activó la maquinaria para hacer efectivas las cartas de crédito que había exhibido.
En el círculo vicioso, pues, mientras no se designe al vencedor de la pelea, los papeles serán sólo papeles. Y si éstos no se convierten en billetes, no hay designación. Se diría, pues, que la apuesta oficial encubierta apunta a la quiebra de la compañía pionera de la aviación comercial en México, en lo que pareciera una estrategia para favorecer a Aeroméxico y su filial Aeroméxico Connect, Interjet y Volaris.
De hecho, desde el inicio del sexenio la línea ha sido hacia el beneficio de las dos últimas compañías, a quienes se subsidió indirectamente para abrir al escenario a la oferta alterna del aeropuerto de Toluca.
Bajo el mismo prisma se inscribe la cadena de obstáculos colocada para impedir el regreso a las pistas de Aviacsa, incluso a soslayo de pisotear los acuerdos que le permitieron salir del concurso mercantil en que se ubicaba.
Colocada en línea de despegue desde hace tres meses, la empresa aérea se atoró en la exigencia de Aeropuertos y Servicios Auxiliares y el aeropuerto capitalino de finiquitarle de golpe adeudos que se habían colocado en la masa crítica del concurso mercantil.
Lo grave del caso es que sin la presencia de Mexicana y Aviacsa el mercado se ha desequilibrado, al punto de implantarse en el país las tarifas más altas en América Latina.
En la rebatiña tras la salida de las empresas, la competencia se adueñó de las rutas en las que era reina, colocándose en posición de imponer tarifas.
De hecho, el gran despegue de Interjet, a cuya vera está logrando colarse como emisor de la Bolsa Mexicana de Valores, llegó justo tras las heridas que colocaron en ruta de colisión a Mexicana y Aviacsa.
A su vez, Volaris, aunque resultó de las pocas empresas que no recurrió a la oferta de créditos del Banco Nacional de Comercio Exterior tras la puesta en escena de una exagerada alerta roja por la epidemia de influenza AH1N1, logró consolidar su tercer lugar de mercado en la coyuntura.
Naturalmente, Aeroméxico se libró de un escenario de quiebra bajo la misma ruta.
Por lo pronto, la apuesta del gobierno apunta a quebrar a Mexicana, aunque se diga lo contrario.
BALANCE GENERAL
A contrapelo de los esfuerzos que realiza Alsea para minimizar, de cara a sus accionistas, los problemas que enfrenta con Italcafé, la firma que aglutina 37 restaurantes de la marca Italianni's que se comprometió a comprar, las calificadoras de deuda la están colocando en la mira.
Hete aquí que HR Ratings acaba de darle a los Certificados Bursátiles emitidos por la principal firma de franquicias en el país la categoría de HRaa con observación negativa, en alerta de "eventos" que pudieran afectar a la empresa en el corto plazo.
Las entrelíneas, naturalmente, hablan de que se hiciera efectiva la resolución de un tribunal colegiado que obliga a la empresa a honrar su compromiso de adquirir los restaurantes de la discordia.
De hecho, el propietario de la franquiciaria, Alberto Torrado, ha reconocido públicamente la posibilidad de que se le obligue a la operación, por más que habla de un precio muy inferior al fijado por la autoridad.
En el escenario, el Deutsche Bank acaba de bajar el precio objetivo de los valores de Alsea, en reconocimiento al laudo arbitral que también le fue adverso, en cuyo marco se le obligaría a renunciar a la explotación de la marca California Pizza Kitchen en México.
Y por si faltara pólvora a la bomba, se están organizando compradores de papeles de Alsea para presentar lo que en Estados Unidos se conoce como "demanda de clase" (Class Action) por falta de información sobre el pleito.
SÍ O NO A NAPO
Esta mañana, la Suprema Corte de Justicia decidirá la suerte de un amparo colocado en la mesa por el líder minero Napoleón Gómez Urrutia, contra la negativa de "toma de nota" de la Secretaría del Trabajo a su reelección en el cargo.
Aparentemente los ministros se irán al fondo del asunto, es decir, si la dependencia tiene o no facultades de revisión de los procesos electorales de los sindicatos, o debe respetar su independencia.
El volado está en el aire.
Lo curioso del caso es que en la propuesta de reforma laboral colocada en la mesa por el PRI, se plantea, justo, el que la autoridad laboral no tenga ya facultades para la "toma de nota".
CINCO EN CAPILLA
Pues ahora resulta que no sólo el Grupo México está en espera de la línea política que plantee el nuevo presidente de Perú, Ollanta Humala, sino el resto de las firmas mexicanas que operan en el país del cono sur.
Estamos hablando del Grupo Bailleres, vía su división minera; de América Móvil del magnate Carlos Slim; de Alfa, y de Cementos Mexicanos.
La preocupación apunta a una eventual campaña de expropiaciones a la usanza de Venezuela.
Lo cierto es que el nuevo Ejecutivo peruano fue asesorado en su campaña por Luis Favre, uno de los operadores del Partido del Trabajo en el poder en Brasil. El mismo pues, que cobijó al expresidente Luiz Inacio Lula Da Silva.
Por lo pronto, el Grupo México, propietario de Southern Perú Cooper, ya inició pláticas con el presidente electo de la nación andina, en afán de cabildear la posibilidad de abrir la mina "Tía María", a lo que se opusieron las autoridades ambientales y la población.
