En un insólito más de la justicia a la mexicana, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal con sede en Guadalajara, acaba de ratificar un amparo a la firma Argent Trading International frente a una denuncia de fraude planteada por la empresa fabricante de textiles Interlink.
El punto fino de la querella que hace dos años provocara el libramiento de órdenes de aprehensión contra cuatro directivos de la compañía, apunta a la expedición de papeles de pago en especie a empresas en apuros financieros, a título de Certificados para la Compra de Activos, APC's por sus siglas en inglés: Asset Purchase Credits o Asset Purchase Certificates.
El gancho era la exhibición de una larga lista de firmas en opción de redimir los papeles, entre ellas Pinturas Comex, Grupo Herdez, Jugos Del Valle, Cementos Cruz Azul, Ford Motors Company... además de posibilidades internacionales como la de adquirir un departamento de lujo en Florida, un automóvil sofisticado Made in USA o alguna mercancía exclusiva.
De lo perdido, pues, lo que aparezca, con la novedad de que en la inmensa mayoría de los casos los papeles cuyo "valor" es de un dólar, se reciben como parte del pago. El resto hay que cubrirlo en efectivo.
Dinero bueno al malo, frente al clásico "Lo tomas o lo dejas"; con la novedad de que los papeles tienen una vigencia de sólo tres años, transcurridos los cuales pierden su supuesto valor.
Naturalmente, los bienes canjeables se ofrecen a un sobreprecio.
Aunque la empresa en el banquillo con sede central en Nueva York, pero con oficinas en el país, concretamente en Séneca 61, colonia Polanco, ha logrado en cinco años meter a la ratonera a infinidad de firmas constructoras, la denunciante constituye un ejemplo clásico del "modus operandi".
Hete aquí que Interlink, productora, entre otras mercancías, de medias y calcetines de las marcas Cibolain y Periquita, debió cerrar sus puertas entre el 2004 y el 2005 ante la imposibilidad de competir con el contrabando procedente de China; la proliferación de la economía informal; el cierre parcial de sus mercados de exportación, y una sobreoferta mundial.
La firma con mil 200 trabajadores y cuatro mil clientes en su mejor momento, se liquidaría sin pasivos ni deudas laborales.
El problema, ahora, era vender la maquinaria y equipos, en un escenario en que hacerlo en el país implicaba presiones a la baja en el costo de sus inventarios.
La mayoría de sus aparatos, así, se fueron a Egipto, quedando sólo un lote, aunque con capacidad de arrancar una planta completa. En ese momento fue cuando apareció en escena Argent Trading International con una oferta que parecía imposible de soslayar: colocar la mercancía en el extranjero, justo en países asiáticos, a un precio que parecía equilibrado.
El problema era que el pago se haría vía los APC's de la discordia, cuyo valor, decíamos, sólo lo reivindicaba la posibilidad de canje en especie.
Aun así, la firma encabezada por Pablo Horn Galindo aceptó pactar cinco contratos por 6.1 millones de dólares, recibiendo diversos certificados que en el papel avalaban la cantidad.
El problema llegó al intentarse la redención.
Cuando no se topó la empresa con descuentos sobre el supuesto costo avalado, resultó que el canje sólo era factible por el monto de una parte de las mercancías, o de plano las firmas no lo aceptaban.
La paciencia estalló cuando se intentó adquirir un departamento de lujo en Miami.
Así, en el 2006 Horn Galindo decidió demandar a Argent tanto en Nueva York como en México, bajo cargos de fraude genérico, expidiendo un juez de Jalisco órdenes de aprehensión contra funcionarios de la firma que presume de ramificaciones en Argentina, Bélgica, Brasil, China, Francia, Alemania, Grecia, Italia, República Dominicana, India, España y el Reino Unido de la Gran Bretaña, quienes se ampararon de inmediato.
La exigencia de captura alcanzaba al español José Juan Canín Díaz, a quien se ubicaba como número uno de la organización; al también hispano Alberto Corral López Dóriga, a quien se señala como número dos; al estadounidense Greg Young, radicado en Nueva York quien firma los contratos en su calidad de abogado, y otro español, Jorge Antonio Cortés Felguerez De Santiago, quien había fungido como Country Manager de la firma en México.
Justamente la resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal reivindica el amparo obtenido por éstos, lo que en el papel representa su exoneración.
Ahora que, inconforme con ésta, el empresario defraudado presentó el 13 de junio una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal contra los magistrados José Félix Dávalos Dávalos, Luis Lara Martínez y Rosalía Isabel Moreno Ruiz de Rivas, a quienes acusa "de notorio descuido en la función jurisdiccional que deben realizar, sin haber observado la imparcialidad y el profesionalismo propios de la función que desempeñan".
La solicitud, más de un mes después, no tiene aún respuesta.
Se avalan certificados balines.
BALANCE GENERAL
Rebelados contra lo que se calificó de entreguismo de parte de su dirigente, Salomón Presburguer, un grupo compacto de presidentes de Cámaras Industriales, Asociaciones y comités gremiales, se reunió en el Club de Industriales el lunes pasado para diseñar una estrategia para oponerse a la vigencia del Impuesto Empresarial de Tasa Única.
Como usted sabe, hace unos días se celebró una reunión entre los presidentes no sólo de Concamin sino de todos los organismos integrados al Consejo Coordinador Empresarial con el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, quien los convenció de no hacer olas.
El funcionario señaló, tajante, que el tributo, pese a que este año se debe revisar su viabilidad de cara a las acusaciones de confundirse con el Impuesto Sobre la Renta, se mantendrá intacto, dada su capacidad recaudatoria.
Los cúpulos aceptaron dócilmente la argumentación del funcionario.
Sin embargo, las bases no están convencidas, y por lo pronto le están coqueteando al PRI para que suprima el gravamen vía el Congreso.
ARREGLOS BACHOCO-TYSON
En afán de evitar un escenario de enfrentamiento con la Casa Blanca, dado el poderío de las firmas en proceso de afectación, la Secretaría de Economía se ha reunido con los representantes de Tyson y Pilgrim's, además de la organización que representa a los exportadores de pollo en Estados Unidos, en intento de "negociar" el monto de un impuesto compensatorio que se les aplicaría por afectar la viabilidad de los productores nacionales.
Como usted sabe, la denuncia que le dio pauta al proceso la presentó la empresa Bachoco... con quien también se han planteado acercamientos.
El problema es que el pacto cupular está dejando fuera no sólo a los productores independientes, sino a los propios consumidores.
Naturalmente, de implantarse la medida bajo la figura de salvaguardas, el costo al público del ave de corral se incrementaría en la misma o mayor proporción.
De hecho, la sospecha es que Bachoco jugó esa apuesta.
Ahora que el problema, además, es que se podría crear un mercado paralelo al margen de la ley, como ha sucedido en el pasado, importándose el producto sin las normas sanitarias mínimas.
Albertobach@yahoo.com.mx
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