A iniciativa de la Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas, la cúpula industrial está buscando entre las fracciones legislativas un "padrino" para promover una reforma de ley que permita el regreso de la obligatoriedad de las empresas para pertenecer a una Cámara patronal.
La exposición de motivos habla del fracaso del Sistema Empresarial Mexicano (SIEM), que en el papel permite aglutinar un listado gremial de firmas clasificadas por tamaños, potencial, antigüedad y, naturalmente, trayectoria.
Derogado, tras una histórica jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, el Artículo quinto de la Ley de Cámaras de Comercio y de Industria expedida en el Gobierno de Manuel Ávila Camacho, que exigía la afiliación obligatoria de los negocios, el SIEM surgió como una alternativa para impedir el desplome financiero de los organismos.
Dado que bajo el nuevo escenario se abatió drásticamente el entero de cuotas, las Cámaras tendrían oportunidad de resarcirse a medias, vía el cobro de tarifas para inscribirse al SIEM... cuyo requisito era obligatorio, sin distingo de giros o tamaños, es decir del puesto ambulante de dulces hasta el expendio de quesadillas, pasando por el estanquillo de la esquina.
El pago a los organismos que cubrieran el requisito que, según la retórica oficial, permitiría la realización de buenos negocios en el país, era de 250 pesos, mitad y mitad para éstos y la autoridad.
El caso es que el fracaso fue de antología. Los primeros listados mezclaban la gimnasia con la magnesia, es decir tortillerías con productoras de maquinaria; tlapalerías con salones de belleza; distribuidoras de alimentos con fábricas de confitería, o cines con jugueterías.
El escándalo, naturalmente, alcanzó decenas de decibeles, dada la amenaza de la autoridad de aplicar multas a los que se negaran a formarse en la ventanilla de entrega de datos.
En la presión, la autoridad debió dar marcha atrás, despojando a las Cámaras del negocito.
El listado lo haría ahora la Secretaría de Economía, su eficiencia, su poder de convocatoria, su condición de autoridad, la probidad de sus funcionarios. He dicho.
El caso es que 12 años después la famosa lista sólo incluye, bajo la misma tónica de desparpajo y frivolidad, a 746 mil 359 empresas, equivalentes al 17.06% de las que según el último Censo existen en el país.
Estamos hablando de 4 millones 374 mil 600.
Al paso que se camina, pues, se requerirían al menos 60 años más para cubrir los expedientes de las tres millones 678 mil 241 restantes.
De hecho, en los últimos cuatro años sólo se ha logrado el registro de 53 mil 524 nuevas empresas.
El problema es que de pronto el Gobierno regresó a la fiebre de los Tratados de Libre Comercio, y no se cuenta con un listado serio del potencial real de los gremios para enfrentar la competencia.
Peor aún, en el escenario no se puede ubicar cuántas firmas de un determinado ramo son realmente de capital nacional.
El caso es que promulgada en 1996 una nueva Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones bajo un escenario en que la inscripción sería voluntaria, los organismos fueron incapaces de mantener el padrón anterior, colocándose en una grave crisis financiera.
El caso más representativo fue la Canacintra, que pasó de 60 a 5 mil afiliados, obligándose a reducir sus instalaciones y a prescindir de la mayoría de sus servicios.
Bajo el nuevo escenario, pues, ya no se puede aglutinar información confiable sobre cada uno de los gremios en la mira de promover políticas públicas para su desarrollo.
El problema es que, en el pecado, las Cámaras llevan su penitencia, en un escenario en que los escándalos por derroche, mal uso o de plano malversación de cuotas patronales, se volvió la constante durante los últimos años de obligatoriedad.
Mientras en la Canacintra se le pagaban al presidente en turno hasta las notas de tintorería y en la Canaco capitalina el tapiz de la casa de éste, las convenciones en Cancún del resto de los organismos surgían al menor pretexto.
¿Se acuerda usted de las acusaciones de fraude en la elección de los dirigentes? ¿Se acuerda del paso de la muerte de los dirigentes que saltaban del trampolín privado al público? ¿Se acuerda de los legisladores empresariales que jamás defendieron a las empresas?
De hecho, todavía están en el aire los ecos del júbilo de las empresas al decretarse el fin de la obligatoriedad.
¿Desandamos los pasos?
Por lo pronto, el fracaso del SIEM provoca el mayor incentivo para el regreso de la leva, con exigencia de multa para los remisos.
¿Borramos la jurisprudencia de la Corte?
BALANCE GENERAL
En la presunción de que dejó correr en forma negligente el plazo de ley para permitirle a Teléfonos de México invocar a la llamada "alternativa ficta", es decir el dar por positiva una respuesta de la autoridad frente a una solicitud, cuando haya transcurrido determinado plazo, la Cámara Nacional de la Industria de las Telecomunicaciones por Cable (Canitec) presentó una denuncia contra el expresidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Héctor Osuna.
Como usted sabe, derivado del escenario la firma del magnate Carlos Slim planteó una querella contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, alegando que teniendo en la mesa una respuesta positiva del órgano regulador no se había pronunciado sobre el sí o no a su solicitud de apertura hacia el triple play, es decir agregar a su canasta de servicios el de televisión de paga. El juez del caso le dio un plazo perentorio a la dependencia para responder "en forma explícita y convincente".
Lo curioso el caso es que la jugada, por más que el asunto aún está en los tribunales y esporádicamente lo ha aireado el Congreso, no le valió a Teléfonos de México, al señalar la dependencia que aún no cumple cabalmente las condiciones impuestas.
Bajo ese marco, pareciera excesiva la demanda contra Osuna. Sin embargo, la cola que arrastra es tan colosal, que cualquier coyuntura es válida.
OTRA CONTRA AZCÁRRAGA
En la coyuntura de la declaración del juez del concurso mercantil de Mexicana de Aviación, Felipe Consuelo Soto, de que existen indicios de fraude en la venta de la torre insignia y edificio anexo de Mexicana de Aviación, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores presentará mañana una denuncia contra quien resulte responsable.
Como usted sabe, los inmuebles se vendieron a un costo inferior al valor catastral, con la novedad de que el dueño de Mexicana a la fecha de operación, Gastón Azcárraga Andrade, ya se lavó las manos, dejando entrever que los activos no estuvieron en el trato.
La ganga, pues, la avalaría el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario.
CEMEX EN PICADA
Castigada por una baja dramática de ventas en Estados Unidos ante la desaceleración de su economía, Cementos Mexicanos reportó al segundo trimestre del año pérdidas de 299 millones de dólares.
La firma de Lorenzo Zambrano había registrado números rojos de 306 millones de dólares durante el mismo lapso de 2010.
El cuesta abajo en la rodada de la compañía sembrada como la cuarta del planeta en su giro, se inició en el 2008, cuando le estallaron riesgosas operaciones de derivados que había pactado.
