En lo que podría representar la puntilla para las aspiraciones de la línea aérea Aviacsa de regresar a las pistas, un juez federal le está exigiendo desalojar las instalaciones del aeropuerto "Benito Juárez" de la Ciudad de México, al validar un viejo adeudo que arrastra con la administración de éste.
El plazo otorgado por el juez XI de Distrito en Materia Civil del DF para entregar slots, espacios de atención al público y lugares de reposo de sus aviones, es de 70 días, transcurridos los cuales se requeriría el apoyo de la fuerza pública para el desalojo.
La deuda reclamada es de 20 millones de pesos de un global de 30 acumulados durante los meses en que la firma desahogó un concurso mercantil a que se había acogido.
Y aunque, naturalmente, usted pensaría que lo fácil para la línea aérea que el 2 de mayo pasado había anunciado su regreso a las pistas sería cubrir el adeudo para evitar un mal mayor, en un escenario en que su nuevo dueño, el Grupo Madero de Ramón Madero Dávila ha invertido 40 millones de dólares en preparar la apertura, el problema no es de dinero, sino de actitud del Gobierno.
En un insólito que refleja algo más que prepotencia, Aeropuertos y Servicios Auxiliares se niega a respetar el convenio concursal con que se canceló la posibilidad de quiebra de la línea aérea, en cuyo marco se exigía a todos los acreedores una quita de 65%.
Como si la tabla rasa no le tocara a la casa real, el Gobierno exige un trato de excepción que, de concederlo, le abriría la puerta al resto de los acreedores para demandar a la compañía aérea. ¿Y por qué yo no?
Como recordará usted, la empresa que llegó a tener 11% del mercado, con opción de rutas internacionales, fue sacada del aire hace casi dos años, alegándose la obsolescencia de sus equipos, lo que ponía en riesgo la seguridad del público.
Lo intempestiva de la medida provocó una avalancha de demandas de pasajeros que se quedaron con su boleto en las manos.
Colocada en concurso mercantil o procedimiento de quiebra ordenada, la empresa logró la aprobación de un esquema de reestructura de pasivos, tras la cual se le dio el visto bueno a su compra por parte del Grupo Madero.
La promesa de éste era inyectarle 160 millones de dólares en los primeros dos años de operaciones, la cuarta parte de los cuales se gastó en la compra de algunos aviones y la campaña de relanzamiento de la compañía, en paralelo al pago de deudas laborales.
El problema llegó cuando el aeropuerto capitalino y el Grupo Aeroportuario del Pacífico plantearon sendas inconformidades contra el convenio concursal, alegando que era inequitativo para su causa.
El litigio aún se ventila en los tribunales.
Lo insólito del caso es que el conciliador del concurso mercantil había certificado la aprobación de una mayoría de los acreedores al documento, quizá bajo el clásico argumento de-lo-perdido-lo-que-aparezca.
De ahí, pues, el visto bueno del juez.
Lo curioso es que bajo circunstancias similares, es decir, la aceptación de un pago de sólo 35 centavos de cada peso, no se habían planteado inconformidades similares en otros convenios concursales, ya el de Iusacell, Comercial Mexicana, Grupo Durango, Fertinal...
De hecho, la quita reclamada en caso de firmarse un documento similar con Mexicana de Aviación, sería de 75%, por más que Vitro sólo plantea 35%.
Queda la sospecha, pues, de si se trata realmente de buscar la equidad o simplemente una maniobra para decantar la competencia en el mercado aéreo comercial. ¿Sólo Aeroméxico, Interjet y Volaris para comerse la mayoría del pastel? Por lo pronto, Aviacsa está en el callejón.
BALANCE GENERAL
Pendientes de resolverse las quejas planteadas por Marcatel contra Teléfonos de México, a quien acusa de desconectarlo arbitrariamente y negarle la interconexión en determinadas regiones del país, la empresa de Gustavo M. de la Garza está planteando una nueva querella jurídica contra la compañía hegemónica del magnate Carlos Slim.
De acuerdo a ésta, su contraparte está obligada a reconocer en forma retroactiva la tarifa de 39 centavos por minuto de interconexión decretada por la Comisión Federal de Telecomunicaciones, lo que según sus cuentas lo convertiría de acreditado en acreedor.
Dicho con todas las letras, Telmex le debía regresar parte del dinero que le abonó cuando la tarifa estaba en 1.60 pesos.
Acusada por su rival de deberle mil 300 millones de pesos, y solicitada la autorización de la Cofetel para desconectarla, Marcatel recurrió a una primera argucia: Plantear ante un juez un estudio de la propia instancia supervisora en que se reconocía como válida una tarifa muy inferior, sobre cuya base, obtenida una suspensión provisional, pagaría la deuda.
El amparo se canceló finalmente, lo que reviviría al acoso de la firma acreedora.
Marcatel, pues, quiere voltear la tortilla.
AZCÁRRAGA-CONESA
En la feria de trapitos al sol que está saliendo a raíz de las denuncias planteadas por la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores contra el expresidente de Mexicana de Aviación, Gastón Azcárraga Andrade, ahora se habla de que tras las críticas desatadas por el bajo precio en que se vendió la compañía aérea, Cintra, la controladora de Aeroméxico y la propia Mexicana, habló de un costo muy superior.
Según ello, en paralelo a los 165 millones de dólares pagados por los activos de la empresa -de los cuales se le devolverían siete-, el comprador, léase el grupo hotelero Posadas que preside Azcárraga, se comprometió a hacerse cargo de los pasivos de la firma, entre ellos el laboral.
El caso es que al estallido de Mexicana, el año pasado, éste se seguía arrastrando, es decir, no sólo no se cubrió el existente, sino se agigantó con el que se derivó tras la privatización.
El presidente de Cintra de entonces era Andrés Conesa, hoy director general de Aeroméxico.
OTRO LÍO DE TOMZA
En la cumbre del insólito, acaba de renunciar a su cargo el ministro del Medio Ambiente de Guatemala, anotando en su exposición de motivos las presiones a que lo ha sometido el grupo gasero mexicano Tomza para permitirle operar una planta de almacenamiento y distribución en la zona protegida Punta de Manabique.
Aparentemente el proyecto de la firma encabezada por los hermanos Tomás y Enrique Zaragoza tiene el visto bueno del presidente del país centroamericano, Álvaro Colom, quien utiliza frecuentemente aviones de la firma mexicana en sus viajes.
Lo grave del caso es que sin el estudio de impacto ambiental correspondiente Tomza ha iniciado la obra, derribando árboles para abrir caminos y removiendo pastos para instalar tuberías.
Tomza enfrenta un problema de rechazo de grupos ecologistas por su presencia con cinco colosales esferas de almacenamiento de gas LP en una playa de Honduras.
SORPRESA DE ELEKTRA
Quien acaba de dar un campanazo es el Grupo Elektra, al lograr colocar en los mercados internacionales, a contrapelo de la incertidumbre por la crisis de deuda de Estados Unidos, un bono de deuda por 400 millones de dólares.
El recurso se amortizará en siete años con una tasa de rendimiento de 7.5%.
La colocación se realizó en Estados Unidos, Europa, Asia y Sudamérica.
