A escasos cinco meses de caer la guillotina contra las firmas siderúrgicas nacionales y extranjeras instaladas en el país, un grupo compacto de legisladores de oposición está intentando frenar la apertura unilateral de fronteras al acero, es decir sin reciprocidad al calce, decretada por la Secretaría de Economía.
Colocada la ruta en un escenario de gradualidad, los países con los que México no ha pactado Acuerdos de Libre Comercio podrán ingresar el producto en bruto o vía insumos elaborados, con arancel o impuesto de importación a tasa cero.
Haga de cuenta Juan por su casa.
La dedicatoria del regalito, con los atentos saludos del titular de la dependencia, Bruno Ferrari, apunta hacia el dragón chino, principal productor del planeta.
De acuerdo a la World Steel Asociation, el año pasado la producción de acero del país de la muralla alcanzó mil 413 millones de toneladas, lo que representa 44% de la global.
La exposición de motivos de la dependencia cuyo extranjerismo es delicioso, habla de obligar a la planta productiva nacional a la competencia, en un escenario de abierta desigualdad, dados los subsidios y subvenciones que otorga el gobierno del país de la muralla a sus exportadores, al margen, naturalmente, de una mano de obra barata y mil concesiones en materia de impuestos.
El caso es que la intervención de los legisladores encabezados por el presidente de la Comisión de Industria Automotriz de la Cámara de Diputados, Melchor Sánchez de la Fuente, en paralelo a sus colegas Benjamín Clariond e Ildefonso Guajardo, plantea como primer punto el reponer el diálogo entre la dependencia y los afectados.
La Secretaría de Economía cerró sus puertas hace varios meses, alegando que los propios industriales habían aceptado el golpe vía la Cámara que los aglutina, tras una gestión realizada por la industria automotriz, como principal beneficiada.
Lo que se soslaya es que el acuerdo condicionaba la apertura gradual al cumplimiento de varios requisitos, entre ellos una caída en las tarifas eléctricas y las aplicables al gas natural, cuyo costo conjunto gravita en el 30% del valor de producción.
Naturalmente, una vez firmado el documento, la dependencia le lanzó la bolita a la Secretaría de Hacienda, es decir la entidad encargada de fijar los precios y tarifas públicas, quien a su vez la envió a la Comisión Reguladora de Energía.
En el ping pong se habla de que ninguna dependencia tendría facultades para fijar tarifas especiales a un sector productivo determinado, y tampoco se podrían otorgar subsidios selectivos.
Mientras tanto, el arancel o impuesto a la importación del acero bajó en un máximo de 15% sobre el precio ad valorem a un mínimo de 10% a 5% y 3%, en cuya rendija se metió el dragón chino.
De hecho, criticada en su momento la ingenuidad con que las firmas siderúrgicas pactaron el armado de la guillotina, la catarata de partes chinas ha prendido focos rojos en la Concamin y la Canacintra, con énfasis en la industria metal-mecánica.
Del tamaño de la avalancha habla un reciente diagnóstico del Instituto Latinoamericano del Hierro y el Acero, sosteniendo que el mercado mexicano ha sido depredado ante el potencial de la nación de la muralla.
Lo dramático del asunto es que empresas como Altos Hornos de México y el Grupo Villacero se habían modernizado en la coyuntura de una incipiente recuperación en el precio internacional del producto.
La producción conjunta de la industria el año pasado fue de 16.2 millones de toneladas, previéndose que para este año alcance 17.2, monto que, sin embargo, resultará insuficiente frente a una demanda interna de 70 millones.
La mira de las firmas era, justo, alcanzar niveles de autosuficiencia para impedir mayor flujo de importaciones.
El caso es que la avalancha china está dejando las bodegas atiborradas, lo que provoca que algunas plantas trabajen a sólo el 50% o 60% de su capacidad instalada.
Naturalmente, la desesperación ha multiplicado las denuncias por prácticas desleales de comercio. ¿Otro sector productivo borrado del mapa?
BALANCE GENERAL
Aunque bajo otra perspectiva y con distintas banderas, en México ha surgido, a imagen y semejanza de España, un movimiento de indignados con pretensión de llevar su protesta a la mismísima residencia presidencial de Los Pinos.
En la línea de combate están empresas como el grupo ICA de Bernardo Quintana Isaac; Ideal del magnate Carlos Slim; Coconal de Héctor Ovalle; Tradeco de Federico Martínez, y el grupo Indi de Manuel Muñoz Cano.
La ira apunta a lo que se califica de abierto favoritismo del gobierno a constructoras españolas en la distribución de contratos públicos.
La fórmula es simple: exigir como requisito indispensable para ganar las licitaciones "una vasta experiencia en obras de grandes magnitudes", lo que no pueden acreditar las firmas nacionales, dada la escasez de grandes contratos en el país.
Las constructoras de la madre patria acumulan 50 años de experiencia.
La paradoja del caso es que una vez obtenidos los contratos, empresas como Aldisa, Isolux, OHL, FCC Construcciones o Acciona subcontratan personal y equipos, lo que anula su supuesta alta capacidad.
En el escenario de improvisaciones están, por ejemplo, la caída de tres "ballenas" del segundo piso del Periférico o la clausura temporal del puente Río de los Remedios, ante las inundaciones que provocó en Ecatepec.
La "factura" es con cargo a OHL, que representa en el país el ex secretario de Patrimonio Nacional, José Andrés de Otezza.
IMSS EN EL CALLEJÓN
Colocado en un escenario de precariedad superior al de Petróleos Mexicanos, quien acaba de sortear la revisión de su Contrato Colectivo con un incremento salarial y un margen de prestaciones superior a la media en empresas privadas, el Instituto Mexicano del Seguro Social negocia lo propio con su sindicato.
El emplazamiento a huelga está previsto para octubre.
La gran duda, naturalmente, es si el organismo igualará o superará la oferta de Pemex, frente a un horizonte en que ya no le quedan asideras para atenuar sus boquetes en materia del fondo laboral y los de sus seguros médicos.
De hecho, hete aquí que algunos de sus fondos que se consideraban superavitarios, resultó que no eran tales, es decir, no tenían los supuestos remanentes que se extrajeron para paliar la tragedia financiera del organismo, la cual agravó la de suyo precaria condición de éste.
Por lo pronto, el líder del sindicato, Valdemar Gutiérrez, está negociando su postulación al Senado, coqueteando otra vez con el Partido Acción Nacional, del cual es diputado, y con el PRD.
