Aunque mantiene viva su oferta hostil por las acciones colocadas en los mercados bursátiles, el Grupo México se rajó finalmente de su intención de hacerse de 100% del capital del Grupo Aeroportuario del Pacífico, ante la imposibilidad de romper la coraza que protege a las acciones de la serie B o de control
El anuncio coincide, sin embargo, con la obtención de un amparo definitivo por parte del consorcio aeroportuario que le impide a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores pronunciarse sobre la validez del estatuto interno de éste, de cara a la participación accionaria.
Como usted sabe, éste impide a cualquier inversionista en lo individual adquirir más de 10% de las acciones colocadas en circulación, cuyo monto representa 85% del capital, en afán de proteger a los tenedores del otro 15%.
Imagínese usted el contrasentido que representaría el que el Grupo México adquiriera la totalidad de los papeles en el mercado y no tuviera opción de mantener más de un asiento en el Consejo de Administración.
Evidentemente, pues, el ordenamiento interno transgrede lo dispuesto por la Ley del Mercado de Valores.
Digamos que el recurso obtenido le da a los accionistas en control de GAP, es decir, las empresas ibéricas Aeropuertos Españoles para la Navegación Aérea (AENA) y Abertis, además de la Controladora Mexicana de Aeropuertos una tregua frente a un escenario que apuntaba a serle adverso.
Aunque desde un ángulo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores estaba obligada a respetar derechos adquiridos por los tenedores de la serie B al fragor del esquema heterodoxo con que se planteó la privatización de las 12 terminales aéreas que integran el consorcio, en el sentido que ningún tenedor de ésta puede adquirir más de 10%, extrapolándose el escenario a los papeles de la serie doble B, desde otro estaba obligada a desconocer la validez del estatuto interno frente a la ley.
De hecho, existe el antecedente del pleito que enfrentó al Grupo Vitro con Banamex, en cuyo caso el estatuto interno de la primera se oponía a que algún particular adquiriera más de 5% del capital colocado en los mercados bursátiles.
La autoridad le dio la razón al banco, quien, aparentemente por cuenta de sus clientes, había acumulado 13%, lo que a su juicio le daba derecho a dos asientos en el Consejo de Administración.
El jaque del Grupo México se inició en los últimos meses del año pasado cuando, en el río revuelto del pleito entre accionistas mexicanos y españoles por el control del GAP, fue adquiriendo uno y otro paquetes accionarios en los mercados, hasta alcanzar 23%.
Con la tenencia en la mano le exigió a la asamblea de socios del organismo dos asientos en el Consejo de Administración, de los cuales sólo se le concedió uno.
Más adelante, colocada en la mesa su Oferta Pública de Adquisición, la participación llegaría a 26%. Los vendedores fueron fondos de inversión de los Estados Unidos, quienes mantienen el resto de la emisión bursátil. Hacia ellos, pues, fue dirigida la OPA de la firma del rey del cobre, Germán Larrea Mota Velasco, emitida en cumplimiento con una formalidad de ley.
Por lo pronto, aunque la amenaza de la oferta no solicitada obligó a integrarse en el objetivo común de defensa, los socios mexicanos y españoles del GAP mantienen vivo su pleito por la presidencia del Consejo de Administración, en un escenario en que se impugna la validez de que una empresa propiedad del gobierno español, es decir, AENA, tenga participación en el control de terminales aéreas mexicanas.
El asunto se ventila en el órgano de arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio con sede en París, en un escenario en que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se ha pronunciado indirectamente en favor de los accionistas mexicanos.
En marzo pasado, por ejemplo, un funcionario de la dependencia le dirigió un escrito a la señora Laura Díez Barroso Azcárraga en su carácter de presidente del Consejo de Administración, desconociendo al que habían colocado los españoles entonces en el cargo, es decir, Guillermo Díaz de Rivera.
Más tarde, integrado un inaudito consorcio entre el Grupo México y el GAP para pelear por construir y operar un nuevo aeropuerto en la Riviera Maya, la propia dependencia manejó como una de las causales para la descalificación de éste el que contradecía a la ley la participación accionaria de AENA.
Por lo pronto, el amparo obtenido por el GAP se dio un respiro a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a quien se había colocado de espaldas a la pared.
¿Libertad de mercado?
BALANCE GENERAL
La Comisión Federal de Competencia dio cauce a un recurso de reconsideración de Teléfonos de México frente a la multa de 91.5 millones de pesos impuesta por negar la interconexión a una firma de telefonía fija filial de la Telefónica México.
Estamos hablando del Grupo de Telecomunicaciones Mexicanas (GTM), empresa que al momento de la solicitud sólo acumulaba un padrón de 17 mil clientes.
Lo inaudito del caso es que el argumento empleado por la firma, encabezada por Héctor Slim, fue que la solicitante violaba la ley, dado que su capital era 100% español.
Como usted sabe, la Ley de Inversiones Extranjeras permite sólo un máximo de 25% de capital del exterior en compañías de telefonía fija, en contraste con 100% para telefonía celular. Telmex exhibía como prueba un informe de la Telefónica en que reconocía su participación mayoritaria en la firma.
El problema, naturalmente, es que aún con la razón en la mano la empresa hegemónica no tenía autoridad para la descalificación.
JAQUE A AEROLÍNEAS
El arreglo a medias pactado entre la Casa Blanca y el Congreso que permitió contener el escenario de crisis de deuda al acecho, no garantiza la cancelación de nuevos tributos que había diseñado el gobierno de Barack Obama como plan B.
Estamos hablando, entre otros, de un cobro extraordinario de 20 dólares por pasajero internacional que llega a los aeropuertos de Estados Unidos por vía aérea.
Una suerte, pues, de Tarifa de Uso de Aeropuerto adicional.
El golpe le pegaría de lleno a Aeroméxico y Volaris, quien acaba de abrir rutas de la Ciudad de México a Los Ángeles y Las Vegas, y de Monterrey a Chicago.
LAVADO SIN PLANCHAR
Hartos de la catarata de información que les exige la Secretaría de Hacienda en su "estrategia" para combatir el lavado de dinero, lo que obliga a realizar cuantiosas inversiones en tecnología y equipos, los bancos y demás intermediarias financieras se quejan de lo estéril de su esfuerzo.
Nadie sabe/nadie supo qué hace la dependencia con las toneladas de papeles.
Como usted sabe, las firmas están obligadas a reportar lo que se califica de "operaciones inusuales", es decir, cuando se realicen depósitos en efectivo superiores a 90 mil pesos o 10 mil dólares.
Sin embargo, hasta hoy no se habla de detenciones espectaculares.
