Descartada la posibilidad, esbozada tímidamente en su último "Informe sobre su Situación Financiera y Riesgos" entregado al Ejecutivo y al Congreso, de un incremento en las cuentas patronales, la presión de cara a la precariedad del organismo apunta a lanzar por la borda lo que se califica de lastres.
Estamos hablando de vender las tiendas que mantiene la instancia tripartita; alquilar o de plano traspasar al sector privado sus teatros, y enajenar sus balnearios ubicados en Oaxtepec, Morelos; La Trinidad, Tlaxcala, y Metepec, Estado de México.
Aunque en los últimos años el Instituto había sorteado las olas frente a los brutales faltantes de reservas para atender las jubilaciones y pensiones de su propio personal y las de los seguros médicos, entre ellos el de atención para jubilados y pensionados derechohabientes, cuyo monto equivale al 140% del Producto Bruto Nacional, extrayendo parte de las de algunos fondos que se creían superavitarias, hete aquí que los supuestos remanentes eran inexistentes.
Digamos que en su desesperación por sobrevivir, o si lo prefiere alargar su agonía, el organismo cubrió boquetes con tierra que provocó la apertura de otros, lo que lo colocó al borde del precipicio.
Lo inaudito del caso es que el Congreso había aprobado la medida, sin exigir el mínimo rigor de cara a su sustento.
Sería, pues un simple error de cálculo o una jugada fallida provocada por la desesperación, el caso es que la supuesta holgura en materia de reservas del Fondo de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y de Carácter Legal, Contractual y del Fondo de Operación para Contingencias y Financiamiento, resultó un espejismo.
Si antes el organismo tenía un problema financiero, ahora tiene dos.
La fórmula, rechazada la posibilidad de elevar las cuotas patronales en algunos seguros específicos, parecía la fórmula mágica, por más que en la práctica equivalía a colocar curitas sobre las heridas.
La receta era simple: paliar los faltantes en las reservas de los fondos de los servicios de salud, con los supuestos sobrantes en las de prestaciones sociales.
De acuerdo al último informe anual rendido al Ejecutivo y al Congreso, en la fase previa a la maniobra fallida el monto del déficit de los seguros médicos de Enfermedades, Maternidad, Salud para la Familia y Prestaciones Sociales ascendía a 5.8 billones de pesos, equivalentes al 45.3% del Producto Interno Bruto.
Del otro lado de la moneda, el supuesto superávit de los seguros de prestaciones económicas como Invalidez de Vida y Riesgos de Trabajo alcanzaba, al final de 2010, 2.17 billones de pesos, equivalentes a 17% del Producto Interno Bruto.
Las vacas gordas, pues, no empataban con las flacas, por más que las cuentas eran balines.
El caso es que un año después el escenario sigue siendo aterrador.
El dato más patético habla de un faltante de reservas para hacer frente a las jubilaciones y pensiones de los propios trabajadores del Instituto de un billón 840 mil millones de pesos, frente al billón 689 mil 582 que se arrastraba el año pasado. La paradoja del caso es que se le inyectaron en el lapso por concepto de transferencias 33 mil 700 millones. El problema es que el fondo de que se echó mano para paliar el boquete se agotará el año próximo.
Y si le seguimos, los subsidios que le otorga el gobierno al organismo están en déficit, dado que sólo cubrirán este año el 26.7% de los gastos estimados.
El faltante ascenderá a 4 mil 810 millones de pesos. Más allá, el Seguro Social alerta que a partir de 2015 sus ingresos serán menores a la presión del gasto por un monto de 43 mil 371 millones de pesos.
De ahí, pues, la exigencia de colocar en subasta los activos creados como prestaciones sociales para los derechohabientes.
La exposición de motivos señala que las tiendas abiertas originalmente sólo para derechohabientes del organismo y luego para todo público, no han cumplido su función, dado que sus precios son superiores a los que ofrece el comercio privado.
Aún así, la mayoría arrastra pérdidas.
En el caso de los centros vacacionales, que durante la administración zedillista se concesionaron a la familia Miguel, hete aquí que ésta le paga a cuentagotas o de plano soslaya el porcentaje que le tocaría al Instituto, aduciendo pretextos como falta de ocupación o gastos extraordinarios de mantenimiento.
A su vez, la mayoría de los teatros están cerrados al público.
Naturalmente, del dicho al hecho habrá resistencia del sindicato para el desmantelamiento. El IMSS en el tobogán.
BALANCE GENERAL
En lo que representó su última jugada en la pelea contra su exclusión de la sesión en que se ventilará el recurso de reconsideración interpuesto por Teléfonos de México de cara a la megamulta aplicada por la dependencia por supuesta reincidencia en prácticas monopólicas relativas, el presidente de la Comisión Federal de Competencia, Eduardo Pérez Motta, perdió un amparo. La juez federal Blanca Lobo Domínguez le negó la protección de la ley frente a la resolución del pleno de la instancia de recusarlo, bajo la presunción de que se había manifestado parcial contra la empresa del magnate Carlos Slim.
Serán, finalmente, pues, sólo tres los comisionados que ventilen el reclamo de la empresa frente a la sanción pecuniaria de casi 12 mil millones de pesos, con la novedad de que dos de ellos estuvieron en contra cuando se decidió imponerla.
PRIMO INCÓMODO
Aunque en Petróleos Mexicanos se aduce que el parentesco entre Alfredo Coppel Salcido y el director de la empresa paraestatal, Juan José Suárez Coppel, alcanza apenas un quinto grado, lo cierto es que el trato ofrecido es más que de hermano.
La empresa de éste, Global Drilling Fluids, ha ganado la mayoría de las licitaciones convocadas por Pemex Exploración y Producción en su campo.
Para decirlo con todas las letras, tres cuartas partes de los recursos en juego han sido para el primo incómodo.
De hecho, de carecer de recursos para iniciar una empresa independiente, Coppel Salcido es hoy el segundo de los accionistas con mayor porcentaje de participación en la empresa de nivel medio.
Estamos hablando de 20%, detentando la mayoría del capital Leovigidio Carranza.
Lo grave del caso es que la empresa ha sido investigada en varias ocasiones por irregularidades relacionadas con la información entregada a la paraestatal.
De hecho, hace algunos años fue inhabilitada para participar en concursos públicos, sin que el hecho lesionara su relación con Pemex.
En este momento, para no ir lejos, la Secretaría de la Función Pública investiga un caso en que la empresa de Coppel Salcido logró la firma de seis convenios modificatorios de un contrato pactado originalmente en 160 millones de pesos, alegando aumentos en sus costos, lo que le permitió elevar el monto de éste en ¡400 por ciento!
La factura final fue de 612 millones 441 mil pesos.
