Aunque la pelea estará aún varios meses en el ring, Nextel se anotó momentáneamente un round al rechazar un tribunal federal un recurso de última hora planteado por Iusacell para impedir que se analizara una solicitud de revocación de la primera a un amparo que le impedía explotar la red nacional obtenida en la polémica licitación 21.
Sin embargo, horas después la firma del Grupo Salinas empataría los cartones al colocar un nuevo recurso que sólo retrasará la resolución a favor de la empresa estadounidense.
Lo cierto es que, aún cuando la puerta podría en unos días estar abierta para iniciar el acondicionamiento de la red nacional de 30 megahercios para telefonía inalámbrica obtenida a precio de ganga, 180.3 millones de pesos, por Nextel, la inversión reclamada quedaría sujeta a riesgos, dado que aún queda un round más.
Estamos hablando de los amparos obtenidos por Iusacell, alegando que la licitación 21, convocada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se diseñó como traje a la medida de la telefónica de allende el Bravo, quien competía en alianza con Televisa.
Como recordará usted, cancelada la posibilidad de acumular un espectro mayor a 90 megahercios, la opción para una red nacional estaba vedada al resto de los competidores, es decir Telcel, la Telefónica México y la propia Iusacell.
Con el handicap a su favor, Nextel-Televisa sólo colocó una primera postura, la mínima reclamada, y se sentó a esperar que corrieran las pujas de los competidores, que se hacían pedazos por alcanzar un segmento regional por el que se pagarían más de cinco mil millones de pesos.
El alegato de Iusacell apunta a que el costo de la alfombra roja le significó al país perder de cuatro mil 700 millones de pesos.
Concentrados los amparos ante el juez segundo de distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, Alfredo Cid García, de ratificarse éstos el asunto llegaría a un Tribunal Colegiado para, presumiblemente, escalar a alguna sala de la Suprema Corte.
De perder el volado, lo que implicaría anular la licitación 21, Nextel dejaría en el aire sus inversiones, calculadas en tres mil millones de dólares, por más que de ganarlo habría adelantado el camino para explotar el espectro.
Por lo pronto, la firma que en la fase final del proceso peleó con Televisa, quien había pactado la compra del 30 por ciento de su capital, se encontró con una nueva pista libre al determinar el Consejo de la Judicatura que se concentraran todos los amparos de Iusacell para impedirle explotar el espectro obtenido, en una sola instancia.
Estamos hablando del Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa. Éste había derribado previamente siete de los recursos colocados por Iusacell, quedando en la mesa sólo el que iba a resolverse ayer.
En el camino, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con sede en Toluca había declarado improcedente una queja de Iusacell contra dos de los tres magistrados que integran la instancia concentradora.
Desatado el escándalo ante el evidente favoritismo a la firma de Estados Unidos, en un escenario en que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes recurriría a mil argucias para evitar ser notificada de los amparos obtenidos por Iusacell y que, sólo dos de los cinco integrantes del pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones le levantarían la mano a Nextel, hace unas semanas la Cámara de Diputados aprobó que la Auditoría Superior de la Federación audite la licitación 21.
La exposición de motivos habla de un proceso "plagado de irregularidades", en uno de cuyos párrafos se anota que "pese a las alertas lanzadas por diversos sectores y los recursos legales interpuestos, la SCT le entregó la concesión al consorcio integrado por Televisa-Nextel, lo que derivó en un quebranto de cuatro mil 700 millones de pesos para el Estado". Naturalmente, la acción del órgano de fiscalización y vigilancia de la Cámara de Diputados apunta a los funcionarios que diseñaron el traje a la medida, cuyo aval lo daría la Comisión Federal de Competencia.
Por lo pronto, pues, aunque Nextel podría llevar la delantera, está aún muy lejos de abrir la botella de champagne para festejar.
BALANCE GENERAL
¿Se acuerda usted que hace 20 años el ideólogo panista, Carlos Castillo Peraza, alertaba sobre lo que calificaba de un endeudamiento voraz de las entidades federativas, lo que auguraba una formidable explosión?
Bien, pues la historia se está repitiendo, con la novedad de que si entonces la justificación hablaba de raquíticas participaciones de la Federación, hoy éstas se han incrementado.
Con más recursos en la bolsa, pues, la carrera sigue incontenible. El caso más dramático es el de Veracruz, cuyas transferencias federales aumentaron en la última década en 110 por ciento, pese a la cual su deuda se incrementó en ¡69 mil por ciento!
El monto actual es de 21 mil millones 874 mil pesos.
El promedio general es el equivalente al 63 por ciento de las participaciones, lo que coloca las finanzas estatales en graves apuros.
De hecho, la gran pelea por el presupuesto de gasto del año próximo será por la urgencia de aumentar las partidas al barril sin fondo.
DEGRADAN A GAP
De acuerdo a los analistas de Banamex, la disputa entre los accionistas del Grupo Aeroportuario del Pacífico en dos frentes: mexicanos contra españoles y éstos contra el Grupo México, en paralelo a la caída en el flujo de turistas, coloca en gran riesgo su acción.
De hecho, el banco se niega a recomendar su compra.
Los litigios al interior del emporio cuyo capital de control lo poseen el Grupo Aeronáutico Mexicano y las empresas españolas Abertis y Aena, se iniciaron cuando estas últimas desconocieron una asamblea, en que se había ratificado como presidente del Consejo de Administración a Laura Díez Barroso Azcárraga, además de avalarse una disminución de capital.
El pleito, en el que terciaría el Grupo México al plantear una Oferta Pública de Adquisición del 100 por ciento de las acciones, se inició hace dos años.
FACTOR DE EQUILIBRIO
Despojado de la tarea de medir la inflación, lo que lo colocaba como juez y parte en su objetivo de prevenir el crecimiento de precios, el Banco de México le cedió ya la estafeta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cuyo principal reto será alcanzar credibilidad en el corto plazo.
La ventaja, empero, es que se mantiene el equilibrio que representa el Índice de Precios Metropolitano de la Ciudad de México que integra mes a mes, desde 1992, la empresa Consultores Internacionales que encabeza Julio Millán.
La encuesta de julio, por cierto, registra un crecimiento promedio de precios de 0.59 por ciento, en un escenario en que el costo del tomate verde se elevó 31.24 por ciento, en tanto los jugos y néctares envasados cayeron en su costo al público 11.67.
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