Un año después de emprendida su graciosa huida tras extraer hasta el último de los activos de la línea aérea, el gobierno anuncia una acción penal contra el expresidente de Mexicana de Aviación, Gastón Azcárraga Andrade, bajo cargos de evasión fiscal.
La acusación concreta contra quien fuera presidente del poderoso Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, habla de no haber enterado al fisco más de 100 millones de dólares retenidos a sus trabajadores y proveedores por concepto del Impuesto Sobre la Renta o Impuesto al Valor Agregado. El expediente entregado por la Procuraduría Fiscal de la Federación a la Procuraduría General de la República incluye también al resto de los integrantes del Consejo de Administración de la malograda aerolínea, entre ellos al presidente de los hoteles Presidente, Ángel Lozada, y a Pablo Azcárraga Andrade. De acuerdo al esquema previsto, el Ministerio Público Federal valorará las pruebas aportadas, para desechar o consignar el asunto ante un juez federal, quien emitiría, en tal caso, las órdenes de aprehensión respectivas.
El caso podría provocar dos escenarios diametralmente opuestos de cara a un eventual rescate de Mexicana: el mosquear a los posibles compradores sobre alguna otra vertiente jurídica que pudiera derivar en cargos colaterales para ellos, o al revés, darles mayor certeza.
En este caso, los supuestos finalistas en la pelea, es decir Altus Port, Avanza Capital e Iván Barona, sabrían que los esqueletos en el clóset tienen un responsable: el Grupo Posadas. Por lo pronto, sin embargo, el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, ya le puso número a la casa al colocar al último día del mes que corre como fecha final para que los interesados exhiban los 250 millones reclamados para emprender el rescate... o declarar la quiebra.
Lo curioso es que el largo período de reacción del gobierno frente a la salida abrupta del Grupo Posadas de la línea aérea, con Aeroméxico insignia del país, quien vendió las acciones a la Tenedora K, tras de la cual se oculta el Fondo estadounidense de inversión Advent, en la cantidad simbólica de mil pesos, ya le causó un daño irreparable a la empresa.
En el lapso, Mexicana no sólo perdió sus privilegios de marca, sino un activo más valioso, es decir los slots que mantenía en ciudades estadounidenses con prominencia de población México-norteamericana. Estamos hablando de Los Ángeles, Chicago y Nueva York.
Los dos primeros, como usted sabe, fueron concesionados, "provisionalmente" se dijo, a Volaris.
Naturalmente, bajo el nuevo escenario las líneas aéreas del país vecino ganaron más mercado en un horizonte en que la llegada del Citigroup-Banamex a Aeroméxico les había facilitado las vías para tejer alianzas.
Como se recordará, durante el gobierno del expresidente Ernesto Zedillo, México firmó un acuerdo bilateral con Estados Unidos por el cual se le abriría con mayor énfasis el mercado nacional a las líneas aéreas de ese país.
Se diría, pues, que la debacle de Mexicana, frente a la cual la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se cruzó de brazos, y la huida de Azcárraga, frente a la cual la Secretaría de Hacienda se cruzó de brazos, le abrió al gobierno la coyuntura para cumplir. Y mientras Aeroméxico se apoderaba de las jugosas rutas de Mexicana hacia Cuba, Interjet logó colocarse en el primer lugar del pódium en vuelos internos, al recoger lo sembrado por la línea aérea. La paradoja del caso, frente a la reacción tardía del gobierno de cara a las evidencias del fraude fiscal que habían colocado en la mesa los sindicatos de la aerolínea, es que hasta hoy ninguna de las cuatro denuncias colocadas por éstos ante la Procuraduría General de la República habían prosperado.
Ni la interpuesta por la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación en que se le acusaba a Gastón Azcárraga Andrade de administración fraudulenta, ni la planteada por la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores en la que se documentaba un presunto fraude en la venta del edificio sede de la línea aérea, o la planteada por un grupo disidente en la que se involucraba, bajo los mismos cargos, al pleno del Consejo de Administración, además de Cintra, la firma que aglutinaba en su momento a las dos líneas aéreas más fuertes del país. La razón que se aducía es la fuerte aportación otorgada por el presidente del Grupo Posadas a la campaña del actual presidente, Felipe Calderón, y la que realizó en su momento en favor del expresidente Vicente Fox.
A éste, en paralelo, se le dio acceso durante todo el tiempo que duró ésta a la suite presidencial del principal hotel del emporio, además de salones privados para eventos...
Doble jaque: uno al orgullo del hombre autocalificado alguna vez como "jefe de los pirruris", y a la posibilidad de regreso a las pistas de Mexicana.
BALANCE GENERAL
Finalmente, de cara al inicio de la discusión por el presupuesto del año próximo, en cuyo eje se regresaría al tema de los subejercicios, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes transparentó la entrega de ocho contratos para carreteras por un monto de dos mil 345 millones de pesos.
El ayuno de información, acaso, apuntaba a no hacer más olas frente a las críticas a la dependencia por su procribilidad al capital extranjero, especialmente al español.
El caso es que de los ocho contratos asignados, cuatro corresponden a empresas españolas, dos a consorcios donde están firmas españolas y mexicanas, y dos a mexicanas. Así, por ejemplo, la constructora ibérica Acciona realizará la construcción de pasos a desnivel en la carretera libramiento Villahermosa, facturando 532 millones de pesos. A su vez, la también española Comsa modernizará una parte de la carretera San Pedro-Cabo San Lucas, cobrando 286 millones.
Ahora que el consorcio de empresas integrado por la firma Constructora Mool, Maquinaria Kambul, Carreteras Peninsulares, Remolcadores para Construcción y Construcción Gordillo, realizará pasos a nivel en la carretera Campeche-Mérida.
El costo será de 220 millones. La más favorecida, por el lado mexicano, fue Tradeco, de Federico Martínez, con un contrato de 550 millones de pesos.
GAS SUBSIDIADO A GUATEMALA
En lo que representa una coyuntura para que la Secretaría de Hacienda insista en la desaparición de los subsidios, hete aquí que la empresa gasera Grupo D' Amiano, de Antonio D' amiano está traficando el gas LP subsidiado que adquiere en México con proa a Guatemala.
Existen constancias de que las pipas de la empresa, que opera con la razón social Damigas salen de sus plantas en Chiapas de madrugada para tomar rutas de terracería hacia la nación centroamericana, para entregar a la firma Gas Centro Occidente.
El traslado se calcula en 120 mil toneladas mensuales.
El pago es de cuatro mil 654 dólares, es decir un millón y medio de billetes verdes anuales. Naturalmente, la empresa no registra el envío como exportación... por más que para disfrazar el ilícito se contrata una carga para exportación, que sale del país por las vías transparentes.
El gas se adquiere en el centro de embarque de Pemex en Cactus para de ahí llevarlo a las almacenadoras de la firma en Tapachula.
