Colocadas las partes en la mesa tras el exhorto del Gobierno a vender sus acciones de la serie B o de control del Grupo Aeroportuario del Pacífico a cualquiera de ellas, hete aquí que la semana pasada la negociación entre la Controladora Mexicana de Aeropuertos y las empresas españolas Abertis y Aena se rompió abruptamente.
El quiebre, atribuido a la intransigencia del representante de las firmas ibéricas, Demetrio Ullastres, llegó justo cuando se preparaba la firma de un arreglo para fijar el precio de los papeles... que adquiriría la parte que lo superara.
El choque, naturalmente, favorece al Grupo México del "rey del cobre", Germán Larrea Mota Velasco, quien, a contrapelo de los recursos jurídicos promovidos por el emporio, sigue aumentando su participación en el capital de éste, vía la compra de acciones de la serie BB colocadas en los mercados.
El monto, hasta hoy, equivale al 28.5 por ciento de los papeles que representan el 85 por ciento de la participación accionaria.
De acuerdo a los estatutos internos de la empresa que aglutina 12 terminales aéreas, ningún particular podría adquirir más del 10 por ciento del capital en circulación, lo que evidentemente transgrede las leyes del mercado.
De hecho, a sabiendas de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores está de espaldas a la pared en la posibilidad de avalar un estatuto interno frente a lo dispuesto por la Ley del Mercado de Valores, el GAP logró un amparo que le impide pronunciarse sobre el tema.
Este había sido rechazado originalmente por un juez, alegando que se trata de un pleito entre particulares. Sin embargo, elevado el caso a un Tribunal Colegiado, éste determinó que sí hay intervención oficial, o si lo prefiere vela en el entierro del Gobierno, vía, justo, la jurisdicción de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Por lo pronto, el reclamo de la Controladora Mexicana de Aeropuertos apunta a que en el largo toma y daca entre las partes, el consorcio ha descuidado sus compromisos de inversión contraídos en los 12 títulos de la concesión con que opera.
De hecho, se habla de que se está ordeñando a la empresa. Del otro lado de la moneda, empero, se acusa a la parte mexicana de afectar gravemente las finanzas de la compañía, al tener que pagar gastos y costas de una cadena interminable de litigios.
El pleito, como usted recordará, se inició el año pasado al desconocer las firmas españolas Aeropuertos Españoles de la Navegación Aérea y Abertis una asamblea en la que se había reelecto como presidente del Consejo de Administración a Laura Díez Barroso Azcárraga, y se había aprobado una disminución de capital y un reparto de utilidades en 900 millones de pesos.
Las firmas ibéricas convocarían a su vez a otra asamblea designando para el cargo a Demetrio Ullastres, a quien sustituiría más tarde Guillermo Díaz de Rivera.
El primero de todos los acuerdos alcanzados.
A partir de ahí las hostilidades se volvieron constantes, en un escenario en que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha tomado tibiamente partido a favor de la parte mexicana.
De pronto, por ejemplo, emitió un oficio, con fecha posterior a la asamblea, dirigido a Laura Díez Barroso Azcárraga, en su calidad de presidente del Consejo de Administración del emporio.
Sin embargo, la respuesta de los españoles fue que la dependencia no tenía vela en el entierro por tratarse de una sociedad privada.
Más aún, se adujo que el Grupo Aeroportuario del Pacífico no es, como tal, el concesionario de los 12 aeropuertos, dado que cada uno de ellos tiene su propia firma responsable.
Más tarde, en una de las justificaciones para descalificar al emporio que peleaba, por aquellas cosas raras de la vida, con el Grupo México para obtener un contrato que le permitiera construir y operar un aeropuerto en la Riviera Maya, se adujo que estaba en la ilegalidad.
Concretamente se señala que al ser la empresa Aeropuertos Españoles para la Navegación Aérea (Aena) propiedad del gobierno español, se violaba la ley que impide a cualquier país extranjero participar en el control de actividades estratégicas.
Sin embargo, no ha habido acción alguna para exigir la salida de éste.
El embrollo se inició desde que, a la salida de Olegario Vázquez Raña del grupo de control del emporio, el gobierno materialmente obligó a Jugos del Valle, entonces en poder de la familia Albarrán, a comprar su parte, tras haber obtenido una multimillonaria devolución de impuestos.
La empresa esperó la primera rendija para emprender la graciosa huida.
Accionistas a la greña, mientras se mantiene el acecho de Larrea para adquirir la totalidad del capital.
BALANCE GENERAL
En lo que en el papel pareciera equilibrar el escenario frente a la diferencia de tecnología, hete aquí que Pemex les está ofreciendo a las empresas inglesas Petrofac Facilities Management Limited y la mexicana Administradora de Proyectos de Campo, un pago de 5.03 y 5.01 dólares por cada barril extraído de los campos maduros asignados... frente a los siete que le cuesta a la paraestatal el mismo procedimiento.
Sin embargo, en la letra chiquita de los "contratos incentivados" pactados, se habla de un sobreprecio al llegar a determinado límite.
Premio, pues, a la productividad.
Como usted sabe, la primera empresa explorará y explotará los campos de Santuario y Magallanes, en tanto la segunda lo hará con Carrizales.
La Suprema Corte, sin llegar al fondo del asunto, desechó una Controversia Constitucional planteada por la oposición legislativa contra el esquema diseñado por Pemex, al considerar que el hecho de pagar costos adicionales por la extracción implica el regreso de los llamados contratos de riesgo.
VITRO ENRACHADO
En lo que pareciera la última opción de los acreedores bursátiles de Vitro, en su mayoría fondos conocidos como buitres, para retrasar la posibilidad de una sentencia en el Concurso Mercantil en que se sometió voluntariamente la empresa, la juez Cuarta Civil y del Trabajo con sede en Monterrey, Sandra Elizabeth López Barajas, rechazó una solicitud de éstos para realizar una nueva votación sobre la fórmula planteada para la reestructura de la deuda de la vidriera.
La jugada apuntaba a retrasar la fecha en que se inició la debacle financiera de la empresa, en afán de probar que ésta era insolvente aún antes de contraer sus deudas intercompañías.
Bajo ese prisma, los acreedores de la matriz, cuyo monto en juego es de mil 900 millones de dólares, ya no participarían en el recuento... lo que le dejaría el campo libre a los tenedores de Certificados Bursátiles para rechazar una alternativa de pago de 63 centavos por cada peso.
Como usted sabe, éstos compraron la deuda en 16 centavos.
El tiro, pues, salió por la culata.
Albertobach@yahoo.com.mx
