En el insólito de la temporada, a unos días del banderazo de salida a la rebatiña presupuestal en el Congreso, el Consejo Coordinador Empresarial está exigiendo el desmantelamiento de los subsidios a las gasolinas y el diesel, lo que implicaría igualar su precio a los estándares internacionales.
De acuerdo al cálculo del organismo cúpula de cúpulas, el combustible de mayor consumo en el país, la gasolina Magna, se vende a un precio 30 por ciento inferior al de los países desarrollados.
Según la Secretaría de Hacienda, en lo que va del sexenio el gobierno ha destinado 409 mil millones de pesos para subsidiar el consumo de gasolinas y diesel, cifra que representa seis veces el gasto del Programa de Seguro Popular.
Sólo en el primer semestre del año, alega la dependencia, el costo para mantener "barato" el combustible fue de 87 mil 447 millones de pesos.
Lo curioso, sin embargo, es que de acuerdo al Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, sólo en el año 2008 el subsidio a los combustibles representó una erogación de recursos públicos de 200 mil millones de pesos, equivalentes en este caso a más de cuatro veces el costo del Programa asistencial Oportunidades.
Como que no hay empate entre las cifras, pues.
La paradoja del caso es que contra las teorías de los economistas, el organismo dependiente del Consejo Coordinador Empresarial, señala que el evidente golpazo a los consumidores no provocaría una espiral inflacionaria, "dado que tiene un efecto de corto plazo sobre los costos de producción y sobre el poder de compra de la población".
Más aún, se aduce que los subsidios no favorecen el crecimiento económico del país.
Según su cálculo, el igualar el costo de los combustibles en su precio con Estados Unidos tendría impacto en el Índice de Inflación de sólo 1.34 puntos porcentuales en el primer mes.
"Sin embargo, agrega, la medida no puede generar una espiral inflacionaria porque el poder de compra de la población es limitado, es decir al eliminar los subsidios se daría un mayor gasto en combustibles, pero menor en otros bienes y servicios".
En su análisis denominado "Sobre el mito de control de precios de los combustibles en México", el CEESP señala que no existe una relación entre subsidios, combustibles y tasas de inflación.
Según ello en Venezuela y Argentina se otorgan subsidios a los combustibles que en el 2008 fueron equivalentes al 7.58 y 5.48 por ciento respectivamente de su Producto Interno Bruto, lo que no ha inhibido la posibilidad de altas tasas de inflación.
En el primer país ésta alcanzó 30.9 por ciento, y en el segundo 7.24, con la novedad de que al año siguiente el monto llegó a 33 y 11 por ciento.
En el ángulo contrario, China subsidió los combustibles en el propio 2008 con el equivalente al uno por ciento de su PIB, registrándose una tasa de inflación de 2.5 en ese año y de 3.5 en el 2010.
El organismo sostiene que los recursos públicos utilizados para subsidiar a los combustibles podrían ser asignados a otras áreas de alta prioridad para el desarrollo con equidad, por ejemplo para mejorar los servicios de transporte público; para aumentar la cobertura de agua potable, o para incrementar la oferta de los servicios de salud pública.
El problema es que durante los gobiernos panistas los recursos extras se han canalizado a gasto corriente, en un escenario de incremento explosivo de la burocracia. Ahí está, para no ir lejos, el destino de los excedentes en el precio del petróleo durante el gobierno foxista, calculados conservadoramente en 450 mil millones de pesos.
Y aunque la cúpula empresarial habla de dejar que el precio de gasolinas y diesel se determine con base a la oferta y la demanda, el problema es que el escenario atenta contra la rigidez con que se maneja el presupuesto en la Secretaría de Hacienda.
Ahora que en la cumbre de la sorpresa, el CEESP plantea además del desmantelamiento del subsidio, la imposición de una suerte de impuesto verde para mejorar el transporte público.
La pregunta es si la cúpula empresarial perdió la brújula, o se trata de hacer méritos para congraciarse con el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, en su pretensión de abanderar el PAN en la pelea por la Presidencia de la República.
BALANCE GENERAL
Objetada por el Congreso la operación por medio de la cual la empresa estadounidense Brink's se adjudicó el 100 por ciento del capital de la firma de traslado de valores Servicio Panamericano de Protección por violar la Ley de Inversiones Extranjeras, hete aquí que bajo el nuevo escenario la firma vive en el caos.
Asumido el control de la firma cuya propiedad la mantenían 12 bancos, la nueva dueña nombró como director general al argentino Gabriel Allen, a quien le han renunciado dos de sus subordinados con nivel de directores.
El ungido ha cruzado por una gama de actividades que oscilan entre la elaboración de pizzas, chicles y pollo frito.
El problema es que Brink's no ha emprendido hasta hoy la prometida deschatarrización de la empresa, además de provocar división entre los trabajadores al reducir a la mitad los salarios y eliminar prestaciones.
En abundancia, la firma enfrenta una denuncia por un presunto fraude por más de 100 millones de pesos en perjuicio de un bufete de abogados encabezados por Luis Del Valle.
La pretensión de Brink's es endosarle la factura a los bancos que le vendieron.
El caos, pues, es el nuevo signo de la empresa.
SÍ... PERO NO
Por aquellas cosas raras de la vida, el subsecretario de Transportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Felipe Duarte, está jugando con doble cachucha en el caso Mexicana.
Mientras públicamente urge el rescate de la línea aérea en afán de equilibrar al mercado, en lo oscurito le coloca mil obstáculos a las firmas que pretenden entrar al relevo.
De hecho, algunas de ellas sostienen que se les está presionando para declinar sus pretensiones.
Por lo pronto, la carta de pre-autorización de un préstamo sindicado firmado por una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple a favor de Avanza Capital se está objetando, al considerarse que no hay certeza plena de la llegada del dinero.
TREGUA ALSEA-ITALIANNI'S
En la mira de llegar a un acuerdo extrajudicial, las empresas Italcafé, dueña de los restaurantes Italianni's y Alsea, la mayor franquiciaria del país, pactaron una tregua que se vence el próximo octubre.
Como usted sabe, el enfrentamiento llegó al incumplir la segunda un contrato de adquisición de los 37 restaurantes de la primera, en un escenario en que las demandas han traspasado las fronteras.
Por lo pronto Alsea acaba de abrir su octavo restaurante P.F. Chang's China Bistro en el país.
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