Colocada en calidad de trueque contra la llamada Ley Hamdan que exigía reglas equitativas en la relación entre proveedores y las cadenas de autoservicio una firma de cuates, es decir un Acuerdo de Buenas Prácticas Comerciales entre las partes, éste tres años después ha naufragado estrepitosamente
Hete aquí que en el lapso no se ha presentado una sola denuncia por parte de algún grupo industrial o pequeño proveedor, lo que, sin embargo, para la Secretaría de Economía representa un éxito rotundo.
La conciliación, pues, le ganó la partida a la confrontación.
Lo cierto es que detrás del páramo existe una razón de fondo: la exigencia de desnudar a la parte denunciante, lo que a juicio de la Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas la coloca en la mira de las represalias.
Según ello, el castigo para las cadenas infractoras de lo que se calificó como un código de buenas prácticas mercantiles encuadrado en líneas de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad, sería su exhibición pública, es decir la posibilidad de desprestigio de cara al público consumidor.
Sin embargo, del otro lado de la moneda el denunciante enfrenta la amenaza de sacarlo de la lista de proveedores sin que medie sanción alguna por la arbitrariedad.
Se diría, pues, que el remedio resultó peor que la enfermedad, en un escenario en que las prácticas abusivas se mantienen intactas.
El abanico oscila desde el cobro "a lo chino" a la factura otorgada de un costo "x" por concepto de exhibición de un producto en un sitio privilegiado en los anaqueles; rebaja por volumen de compra; pago a seis meses sin intereses; devoluciones sin cargo por deterioro, o cuotas por impresión de catálogos, promoción de ofertas y demás etcéteras.
Colocada en la mesa del Senado en febrero del 2006, es decir en la recta final de la anterior legislatura, una iniciativa del senador panista Fauzi Hamdan apoyada por 21 de sus compañeros de todas las bancadas, a la que se motejó con su apellido, para equilibrar la balanza, en la abrupta relación entre las partes, ésta fue dictaminada rápidamente en comisiones.
Sin embargo, la posibilidad de llevar ésta al pleno provocó un cabildeo sin precedente de las grandes cadenas de autoservicio, en cuyo efecto la Junta de Coordinación Política del órgano legislativo decidió congelar el procedimiento.
A cambio de ello, los líderes de las fracciones políticas se comprometían a instalar una instancia de arbitraje a título de mecanismo de solución de controversias en el que se ventilarían los desacuerdos o diferendos entre las partes, con la obligación de acatar el fallo sin pataleo alguno.
La armonización de los intereses de comerciantes e industriales la regularía, en tal caso, un código de ética que redactarían los organismos representativos, es decir la Asociación de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, el Consejo Mexicano de Productos de Consumo, conocido ConMéxico, la Concamin y la Canacintra.
Digamos que los gremios retrocedían la película para ubicarla en 2003, cuando se decidió que los conflictos recurrentes entre el gran comercio y los proveedores se acotarían con un Código de Buenas Prácticas Mercantiles.
La exposición de motivos hablaba de que los proveedores están en estado de indefensión ante la fuerza económica de los grandes establecimientos comerciales, siendo obligados a aceptar fuertes condiciones para seguir en el mercado, o cerrar sus negocios ante la evidente desigualdad competitiva.
El caso es que entre el dicho y el hecho pasarían dos años de supuestas negociaciones entre las partes. El caso es que el órgano para dirimir resoluciones nunca llegó, por más que se instaló una comisión mixta para recibir quejas... personalizadas.
Ahora que las promesas de amores en el aire se perdieron ante el deslinde del poderoso ConMéxico, pese a que había sido el promotor de una denuncia ante la Comisión Federal de Competencia contra la pretensión de tres de las cadenas de realizar sus compras en común al integrarse bajo el sugestivo título de Sinergia.
Sin el concurso, pues, de las principales fabricantes de alimentos y bebidas del país, los pequeños proveedores entraron en pánico.
La justificación es simple: pelearse con una cadena implica el suicidio, en el entendido de que para ellas es un producto menos en sus anaqueles, pero para la contraparte significa todo...
Y qué tal si se les ocurre boletinar al resto del gremio al proveedor considerado como rebelde para colocarle bola negra...
Bajo ese prisma, pues, lo que parecía la fórmula mágica para solucionar conflictos al margen de los tribunales quedó en un churro, manteniéndose intactos los abusos.
Estamos hablando de plazos excesivamente largos para el pago de facturas; de la obligación de los industriales de asumir los riesgos del transporte: de devoluciones injustificada de mercancías; de exigencia de cuotas para el pago de publicidad y estantes de exhibición, y de privilegiar a la proveeduría extranjera.
Una más con cargo a la simulación.
BALANCE GENERAL
Colocada en medio de una espesa bruma la operación por medio de la cual Petróleos Mexicanos se adjudicó un porcentaje adicional de 4.62% del capital de la petrolera privada española Repsol: el que haya intermediado la operación una filial de PMI Holdings en Holanda; el que se haya realizado a espaldas del Consejo de Administración de la paraestatal, y el que se dé en medio de una extraña relación entre el director general de la empresa pública, Juan José Suárez Coppel, y el presidente de Sacyr Villahermoso, Luis del Rivero, el Congreso está exigiendo una investigación de fondo sobre el asunto.
El eje de la indagación se centra en el monto de la deuda adquirida por Pemex, a contrapelo del escenario de quiebra técnica en que se ubica.
Más allá, se habla de que la operación no será lo redituable que se había planteado, dado que la firma es una contratista internacional más que productora.
Se diría que, en contrario a la ira de sus accionistas minoritarios, la operación le reditúa más a Repsol que a la empresa pública.
NÓCAUT A ACERERAS
La noticia es que el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Distrito Federal le negó la ratificación de un amparo a las empresas productoras de acero Acerocentro y Deacero, contra una multa que les había impuesto la Comisión Federal de Competencia por prácticas monopólicas absolutas.
La sanción queda, pues, firme.
Lo curioso del caso es que, impuesto el castigo en el 2007 bajo el marco previo a las reformas de Ley que le dieron más "uñas" al organismo, las multas eran prácticamente simbólicas frente a la gravedad de la falta.
Para Deacero ésta era de 739 mil 910 y para Acerocentro de 616 mil 596 pesos.
Las firmas tendrán ahora que pagar intereses de cuatro años.
Albertobach@yahoo.com.mx
