Naufragada la posibilidad de arreglar las diferencias entre las cadenas de autoservicio y sus proveedores por la vía de la conciliación extrajudicial, el Congreso está descongelando una iniciativa colocada hace unos meses por un grupo plural de legisladores, que pretende acotar abusos.
Estamos hablando de una Ley para la Protección y Promoción de Buenas Prácticas Comerciales, que sustituiría al Código de Prácticas Comerciales para la Competitividad utilizado hace dos años como alternativa. Colocado en la mesa por los senadores María de los Ángeles Moreno, Federico Döring y Ramiro Hernández, además de los diputados David Penchyna y Alma Carolina Viggiano, el ordenamiento plantea la imposición de multas de entre tres y 10% de sus ventas a las cadenas comerciales que atenten económicamente contra sus proveedores.En paralelo, se habla de que en caso de reincidencia, las tiendas podrán ser clausuradas temporal o definitivamente.
La diferencia, pues, es abismal. Si bajo el marco de buena voluntad de las partes el peor castigo era la exhibición pública del infractor, ahora estaríamos hablando de penas pecuniarias que podrán alcanzar varios miles de millones de pesos.
Naturalmente, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales en lo general y las cadenas en lo particular ya lanzaron una formidable ofensiva de cabildeo contra lo que consideran un atentado contra su supervivencia.
La paradoja del caso es que el quiebre entre la tersura de un código y la dureza de una ley llegó al inconformarse los proveedores de que dos años después no había una sola denuncia ante los fedatarios del acuerdo de buena conducta aprobado por las partes. La razón es simple: la primera exigencia para abrir una investigación era el desnudar a la empresa acusadora, lo que la coloca en riesgo de represalias no sólo por parte de la acusada, sino del resto de las cadenas.
Se diría, pues, que la posibilidad de autorregulación resultó veneno para la parte más débil de la cadena, sin que, naturalmente, hayan menguado lo que se considera prácticas abusivas.
Lo curioso del asunto es que la posibilidad de la conciliación extrajudicial se había esbozado desde 2006, al congelarse una iniciativa colocada en la mesa por el entonces senador panista Fauzi Handam, a la que se motejó con su apellido. La exposición de motivos del ordenamiento señalaba que "los micro, pequeños y medianos comercios, así como los proveedores, quedan en calidad de indefensos ante la fuerza económica de los grandes establecimientos comerciales, siendo obligados a aceptar fuertes condiciones para seguir en el mercado, o a cerrar sus negocios ante la evidente desigualdad competitiva". Metidos al detalle, el texto hablaba de plazos excesivamente largos para el pago de facturas; de la obligación de industriales de asumir los riesgos del transporte; de devoluciones injustificadas de mercancías; de exigencia de cuotas para el pago de publicidad y estantes de exhibición, y de privilegiar la proveeduría extranjera.
De hecho, el artículo 29 del frustrado proyecto de ley prohibía las acciones concertadas, pautas o acuerdos "que tengan como finalidad o puedan tener por efecto la explotación abusiva de una posición dominante en el mercado por parte de uno o varios de los establecimientos comerciales, en perjuicio de los proveedores, particularmente del micro, pequeño y mediano comercio".
Más aún, el 31 facultaba a la Secretaría de Economía a sujetar los contratos de proveeduría a registro previo, "cuando impliquen o puedan implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los proveedores u obligaciones inequitativas o abusivas".
La sanción para los infractores oscilaba desde la clausura temporal o definitiva de un autoservicio hasta la aplicación de multas en una banda de 100 a mil días de salario mínimo del Distrito Federal.
El escenario, cinco años después de congelarse la iniciativa y dos de implantarse el método de conciliación extrajudicial, sigue siendo el mismo.
Lo curioso del caso es que en afán de desactivar la Espada de Damocles, las cadenas comerciales aceptaron todo. Desde el que el Senado sancionara el Código de Prácticas Comerciales para la Competitividad, hasta el que hubiera más acción directa de la Procuraduría Federal del Consumidor para evitar abusos contra proveedores...
Total, a los dos meses todo se había olvidado.
La pregunta es hasta dónde resistirán esta vez los legisladores frente a las promesas de buena conducta del gran comercio.
BALANCE GENERAL
En lo que pareciera una campaña concertada con la Secretaría de Hacienda para otorgarle más posibilidad de maniobra en la negociación con la oposición para un reparto presupuestal acorde con la situación económica del país, el Consejo Coordinador Empresarial insiste en que se desmantelen los subsidios a las gasolinas.
Según ello, el golpe le liberaría al país 188 mil millones de pesos.
El escenario planteado sería subir sin más 30% que de acuerdo al Centro de Estudios Económicos del Sector Privado representa el diferencial entre el precio a que se vende en nuestro país a la gasolina Magna y el que se impone en países desarrollados.
El cálculo habla de una elevación inicial de la tasa de inflación... para luego llegar a la normalidad. Así de fácil.
La última vez que se registró un incremento de precios traumático a la gasolina de más consumo fue durante el último año del presidente Miguel De la Madrid, alcanzándose un inaudito 85% que provocó sólo en el primer mes una tasa de inflación de 4%.
VAN SOBRE CASABLANCA
En lo que representa un caso más de fraude fiscal vía el llamado outsourcing, la Procuraduría Fiscal de la Federación presentó una querella contra la empresa Servicio CB, propiedad de Norman Enrique Muller Martínez, quien mantiene además la cadena de Clubes Casablanca, cuya controladora es el Grupo Propulsa.
La acusación concreta, colocada en la mesa con la clave FISU/06/77/2011 habla de omitir con dolo el pago del Impuesto al Valor Agregado desde 2002.
La presunción habla de que la totalidad de las empresas del grupo realizarían prácticas similares aprovechando la figura de la terciarización u outsourcing.
MÁS DINERO DE PLÁSTICO
¿Se acuerda usted de la brutal rasurada que le dieron los bancos a su padrón de tarjetahabientes al fragor de la crisis de 2008, en cuyo escenario se cancelaron los plásticos de quienes debían más de tres meses de principal e intereses, además de cancelar las que se repartían por afinidad?
Bien, pues el episodio quedó atrás. De acuerdo al Banco de México en el primer semestre del año el número de tarjetas de crédito se incrementó en 7.4 por ciento, para llegar a 13 millones 745 mil 158.
Las principales emisoras son Bancomer y Banamex. El primero administra cuatro millones 816 mil 429, y el segundo tres millones 493 mil 101.
