Colocada por la Concamín la etiqueta de "enemigo público número uno de la industria" al secretario de Economía, Bruno Ferrari, ante su decisión de desmantelar a partir del 12 de diciembre las cuotas arancelarias extraordinarias impuestas a productos chinos por prácticas desleales de comercio, la dependencia está tratando de construir un puente gelatinoso.
El bálsamo que a su juicio calmaría la ira de los productores de calzado, juguetes, vestido y productos químicos, es la imposición de lo que se conoce como arancel remedial.
Prevista la figura en la Ley de Comercio Exterior bajo el marco de las normas de la Organización Mundial de Comercio, ésta le permitiría al país aplicar un arancel o impuesto de importación a partir de transcurridos 20 días del desmantelamiento del castigo... si llegara al país una catarata sin precedente de productos de la nación de la muralla.
Estaríamos hablando de un escenario similar a las salvaguardas, es decir la posibilidad de protección arancelaria cuando la cantidad de exportaciones de un país ponga en peligro la sobrevivencia de alguna rama productiva, sólo que bajo un procedimiento más ágil.
Actualmente el esquema para llegar del dicho al hecho puede durar un año en el mejor de los casos, por más que en los escasos procedimientos aplicados se ha llegado hasta dos.
El arancel remedial sería casi automático.
El problema, naturalmente, es que se debe comprobar un incremento desmedido de productos, lo que no necesariamente es tan ágil en nuestro país. De hecho, las aduanas plantean sus estadísticas con tres meses de retraso, en tanto la Secretaría de Economía reclama un semestre.
Desde otro ángulo, el arancel preventivo no puede ser mayor de 20%, lo que desde un ángulo apenas y le causaría un rasguño a los productos chinos cuyo precio es inferior en 90% al de los nacionales, aún cuando desde otro permitiría hacer menos desequilibrada la competencia.
Se diría, pues, que se trata de una pastillita de sedante frente al cáncer generalizado, por más que para los industriales del vestido la posibilidad sería la mejor alternativa... si se impusiera de inmediato.
Mientras México exportó vestidos por el equivalente a mil 78 millones de dólares durante el primer semestre del año, las importaciones alcanzan más del doble: 2 mil 182 millones de dólares.
La paradoja del caso es que el principal problema frente a lo que técnicamente sería una apertura total de fronteras a los productos de la nación milenaria no es el subirles el monto del arancel, sino cerrarle el paso a las prácticas de triangulación, subfacturación, falsificación de certificados de origen o de plano los subsidios y subvenciones que les otorga el gobierno de ese país. Se diría que México desmantela el castigo contra China impuesto en 2001 con alcance para seis años, tras una prórroga de cuatro adicionales, sin que hasta el momento se haya corregido el pecado que lo provocó.
Lo que en el papel parecería excesiva, una década de aranceles extraordinaria, en la práctica se queda corta frente a la persistencia de la falta.
Naturalmente, México, a diferencia de naciones que presumen de liberalidad en el comercio exterior, como Estados Unidos, no se atreve a imponer barreras no arancelarias a los productos chinos, para evitar la cascada.
La ruptura entre la Concamín que encabeza Salomón Presburger y el titular de Economía llegó después de una reunión entre las Cámaras afectadas, éste y los funcionarios de Aduanas, convocada por la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del Senado.
El propósito de ésta era ubicar salidas frente a la amenaza del desmantelamiento, lo que no se pudo lograr ante la obstinación de Ferrari de cumplir el compromiso pactado con los chinos.
De hecho, a contrapelo de las solicitudes de agilizar la posibilidad de salvaguardas por parte de la Concamín; de la advertencia de una pérdida masiva de empleos por parte de los industriales del calzado; de las denuncias de "dumping" o precio inferior al del mercado de origen en la exportación de mezclilla china, o de la tregua de un año más solicitada por la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas, el funcionario salió al día siguiente a dar la fecha en que caería la guillotina.
El clavo ardiente que coloca en la pared el funcionario intenta, pues, la reconciliación de cara al proceso electoral del año próximo.
Sobadita frente a la descalabrada.
BALANCE GENERAL
La noticia es que la empresa estadounidense Brink's, quien adquirió el cien por ciento de las acciones de la firma de transporte de valores Servicio Panamericano de Protección, ya se peleó con la parte vendedora, es decir un grupo de bancos comerciales y de desarrollo, entre ellos Santander, Banamex, Bancomer, Banorte, HSBC y Santander.
La manzana de la discordia es un adeudo de 100 millones de pesos que la firma califica de pasivo oculto a la venta de la empresa conocida como Serpaprosa. Bajo ese prisma, se le está endosando a los vendedores. De hecho, éstos ya perdieron un juicio ordinario mercantil ventilado en el juzgado 23 del Distrito Federal, que los obliga a pagar, bajo la amenaza de ser embargados.
El problema es que el monto es casi idéntico al pagado por la compañía.
El recurso se le debe concretamente al despacho del fiscalista Luis del Valle Gurría por concepto de honorarios.
El alegato de los bancos apuntaba a que el compromiso de Brink's era hacerse cargo de la totalidad de los adeudos de la compañía.
SOBORNO DE SEMPRA
En lo que parece la intención de equilibrar la balanza frente al escándalo desatado en Monterrey por el hermano incómodo del alcalde panista, Fernando Larrazábal, el partido blanquiazul está acusando ahora de recibir un soborno al presidente priísta de Ensenada, Enrique Pelayo Torres.
El ilícito, de 2 millones de dólares, lo habría entregado la empresa estadounidense Sempra... vía un depósito a una cuenta de un hijo del edil.
La acusación la plantea el coordinador de los diputados panistas en el Congreso de Baja California, Rubén Alanís. De hecho, la diputada Lizbeth Mota Lozano planteó un exhorto para que el funcionario aclare la situación. Éste, sin embargo, ha señalado que no está obligado a acudir al Congreso por la simple vía de un exhorto, y que, además, no ha sido notificado oficialmente.
Como recordará usted, el alcalde lanzó una campaña contra la firma que instaló una regasificadora en el lugar, acusándola de infringir las normas de equilibrio ambiental. La firma duró varios meses clausurada por el edil.
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