A la callada, la Comisión de Mejora Regulatoria acaba de autorizar, a petición de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, una concesión más a Estados Unidos que en el terreno práctico permitirá engrosar la catarata de vehículos chatarra que llegan al país procedentes del vecino.
Estamos hablando de hacer equivalentes las certificaciones de cumplimiento de las regulaciones técnicas en materia de emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Es decir la verificación de los vehículos que se realice en Estados Unidos será válida para el nuestro.
La homologación con la norma NOM-041-Semarnat-2006 y la Norma Oficial Mexicana NOM-047-Semarnat apunta concretamente a las vigentes en los estados de Arizona, California, Texas y Nuevo México.
La exposición de motivos del inaudito con cargo a otro pedazo de soberanía nacional, habla de evitar la duplicación del costo para los importadores nacionales, a fin de facilitar su flujo al país.
Según ello la posibilidad del acuerdo de equivalencia está prevista en los tratados de libre comercio firmados por México.
La homologación, en tal caso, se realiza bajo el marco tanto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte como del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio signado por la Organización Mundial de Comercio.
Todo en regla, pues... por más que México sea el único país del planeta que asume ese tipo de iniciativas a favor de la causa de la Casa Blanca.
Lo cierto es que en paralelo a la alfombra para el ingreso masivo de vehículos usados que en el país del norte se consideran de deshecho, a partir de julio se abrió la frontera a la importación de camiones de carga vía el pago de un arancel o impuesto de importación equivalente a 10% del valor de los vehículos.
Hasta antes de la apertura la cuota mínima de ingreso de ese tipo de vehículos al país era de 30%. La paradoja del caso es que el escenario se plantea, ¡válgame Dios!, como parte de la exigencia de "modernización" de la flota del país.
Había, pues, que sustituir la chatarra con más chatarra.
Naturalmente, si entre enero de 2008 al 30 de junio pasado se habían comprado 18 mil 619 camiones usados procedentes de Estados Unidos, al mes siguiente la cifra se duplicó.
En el lapso, del otro lado de la moneda sólo se han vendido 70 mil 430 unidades nuevas.
El caso es que si a finales del 2010 el promedio de edad de las 408 mil unidades de carga, pasaje y turismo que circulan en el país con placas federales era de 17 años, hoy alcanza 17.5.
La catarata de importación de vehículos chatarra se inició durante el Gobierno del ex presidente Vicente Fox, quien expidió un decreto vía el cual aceleraba los tiempos previstos en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para la apertura.
El esquema le rompía la columna vertebral al decreto automotriz que gradualizaba las compras en un escenario de equilibrio.
La alfombra sería ampliada tres años más al final del sexenio de la frivolidad.
El hecho es que la homologación de las normas para la emisión de gases contaminantes de México a los Estados Unidos, sin opción, naturalmente, de reciprocidad, llega justo cuando la Suprema Corte de Justicia está por resolver una controversia constitucional planteada por el Senado frente a un caso similar.
Estamos hablando de un Acuerdo de Equivalencia que vuelve común la Norma Oficial Mexicana para certificar la calidad de los productos eléctricos y electrónicos con la privada que rige en Estados Unidos.
El marco permite el paso franco de ese tipo de mercancías de cara a la revisión que realizaba el país de las importaciones precedentes de Estados Unidos, bajo el pretexto, otra vez, de abatir su costo y de pasadita agilizar la llegada al país de alternativas novedosas.
El caso es que en su exposición de motivos el Senado señala que el Gobierno desapareció de un plumazo, es decir una simple acción administrativa, una norma jurídica, asumiendo funciones del Legislativo.
¿Cuántos años considera usted que debieran pasar para perfeccionar el sistema normativo oficial del país?
¿Qué más nos falta por ver en el marco de entreguismo del país hacia Estados Unidos?
BALANCE GENERAL
La noticia es que la firma expedidora de tarjetas de prepago para teléfonos STI filial de Marcatel, fue multada con 5 millones de dólares en Estados Unidos por lo que se calificó de "irregularidades intencionales y frecuentes".
La firma, cuyo nombre completo es STI Prepaid, la había adquirido en octubre del año pasado la empresa propiedad de Gustavo M. de la Garza junto con Vivaro Corporation, lo que le permitió incrementar en 700% sus ingresos. Anteriormente Marcatel había comprado Epana, Kare y Unidos, las tres compañías que formaron Vivaro Corporation, con lo que a su vez acaparó 60% del mercado en la materia del país vecino.
El caso es que el 26 de agosto pasado la Comisión Federal de Telecomunicaciones de allende el Bravo emitió un aviso de responsabilidad evidente en contra de STI por violar "de manera engañosa y constante" la Sección 201 del Acta de Comunicaciones, al no entregar minutos completos con base en lo ofrecido en sus tarjetas de prepago, en paralelo a tener tarifas ocultas y poco claras para sus clientes.
De pronto, por ejemplo, las tarjetas ofrecieron mil 305 minutos para llamadas a Guadalajara por 5 dólares. Sin embargo, no se explicaba al cliente que había cargos adicionales, por ejemplo 1.99 dólares por tarifa de conexión o desconexión, además de cargos regionales y locales que aplican las compañías de telefonía... al margen del costo por uso de teléfono público.
Las tarjetas castigadas se denominan "La Cruda", "El Chavo", "El Gorrión" y "Omaf" (Organización Mundial de Adictos al Futbol).
DOS CONTRA DOS
La llegada al pleno de la Comisión Federal de Competencia de Cristina Massa Sánchez equilibra la balanza de cara a la reunión histórica en que se debatirá el recurso de reconsideración colocado en la mesa por Telcel frente a la megamulta de casi 12 mil millones de pesos impuesta por la dependencia por supuesta reincidencia en prácticas monopólicas absolutas.
Como recordará usted, recusado para participar el presidente del organismo, Eduardo Pérez Motta, tras ser señalado de parcial contra la firma del magnate Carlos Slim, e impedido de participar el comisionado saliente, Agustín Navarro, sólo tres comisionados atenderían el caso, con la novedad de que apenas uno de ellos había votado a favor del castigo impuesto. Bajo el nuevo panorama serán cuatro los que resuelvan, con posibilidad de que se coloquen dos contra dos.
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