Frustrado un primer intento realizado hace 10 años ante el poder de cabildeo de las firmas que constituyen un duopolio en el mercado cervecero, es decir el Grupo Modelo y Cuauhtémoc-Moctezuma, la Comisión Federal de Competencia está abriendo un nuevo capítulo contra la exclusividad que pactan éstas en la red de distribución del país
La ofensiva, iniciada a iniciativa de la empresa estadounidense SAB Miller en agosto del año pasado, está siendo secundada por un organismo que aglutina a 16 productores de cervezas artesanales en el país. De hecho, éste, cuyas siglas son Acermex, se constituyó en octubre de 2008, justo al propósito de romper una añeja práctica que impide la libre elección de los consumidores.
Colocada en la mesa su denuncia en mayo pasado, hace unos días dos de sus integrantes, Primus y Minerva, entregaron un legajo de 45 pruebas adicionales a la causa, que según ello documentan la práctica en la capital del país y las ciudades de Toluca, Guadalajara y Mexicali.
El esquema es idéntico al que castigó la dependencia encabezada por Eduardo Pérez Motta en el caso de Coca Cola: Exigir exclusividad en la venta de la marca a cambio del otorgamiento de refrigeradores en concesión, toldos, pintura del comercio, pago de luz o diversas promociones.
La tabla rasa contra la práctica monopólica, como recordará usted, alcanzó a 15 productores del popular refresco de cola.
La denuncia la había interpuesto la filial en México de la firma peruana Ajegroup, productora de Big Cola. En el caso de la cerveza, la exclusividad, vía convenios de distribución, tiene características similares: pintura, regalo de mesas y sillas; refrigeradores, hieleras, cubetas, uniformes... y se plantea lo mismo en estadios que en restaurantes, bares y centros de comercio al detalle.
La alternativa, en cualquiera de ellos, son las marcas del Grupo Modelo, o las que producen las firmas de Monterrey, hoy en manos de la holandesa Heineken. Negro o blanco.
De hecho, en afán de amarrar su exclusividad, las empresas compran equipos de futbol y aún construyen sus estadios. Así, mientras Modelo mantiene, entre otros, al Toluca y al Santos-Laguna de primera división, Cuauhtémoc-Moctezuma tiene a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
La firma está construyendo, justo, un estadio exclusivo para su equipo en las goteras de Monterrey, pese a la oposición de docenas de grupos ecologistas. Se da el caso, además, en la cumbre de la acción de la aplanadora, que las cerveceras pacten con los presidentes municipales de las ciudades en que se realizan ferias, léase Aguascalientes, Zacatecas, Pachuca o Guadalajara, para colocar en exclusiva sus marcas a cambio de construir canchas de basquetbol, levantar la infraestructura del evento, llevar grupos artísticos o patrocinar la ceremonia de coronación de la reina.
Naturalmente, el escenario es idéntico en festividades a realizarse en pequeños poblados, con la novedad de que existen territorios enteros para cada cervecera.
Para acabar pronto, la única opción para los consumidores de adquirir una cerveza artesanal fabricada en México o algunas de marca extranjera son los autoservicios y algunas tiendas de abarrotes de mediano calado.
La punta de lanza contra el duopolio la colocó en abril del año pasado la firma estadounidense SAB Miller, aceptando finalmente la Comisión Federal de Competencia abrir un procedimiento el nueve de agosto.
Al expediente se anexaron las denuncias de la Asociación Cervecera Mexicana (Acermex), cuya salida al ruedo coloca un jaque adicional a la Cámara Nacional de la Industria Cervecera, cuya presidencia se rotan Modelo y Heineken. En la fase previa a la presentación de su denuncia, el organismo recabó centenares de firmas de apoyo a su cruzada "Por la cerveza libre".
El reto para la Comisión Federal de Competencia es inmenso, dado el poderío de las firmas. Sin embargo, la oportunidad parecería de oro para demostrar que los monopolios en este país no se agotan con sólo aplicarle una megamulta a una de las empresas del magnate Carlos Slim.
¿Se atreverán?
BALANCE GENERAL
En lo que constituye una concesión más para Televisa, hete aquí que en el inaudito de la temporada el Instituto Nacional de Antropología e Historia le acaba de otorgar un permiso a la Fundación "Emilio Azcárraga Vidaurreta" para realizar trabajos de antropología submarina en busca de la flota española que se hundió en 1631 en el Golfo de México, concretamente cerca de las costas de Campeche.
De acuerdo a los investigadores, los barcos llevaban no sólo el "quinto" real, es decir la parte de tributos que recibía de la Nueva España el monarca del país ibérico, sino algunos tesoros adicionales.
Estamos hablando de joyas, lingotes de oro, colecciones de maderas y cerámicas finas, entre otros objetos.
El caso es que de acuerdo a los convenios internacionales suscritos por México, en aguas donde se ejerza soberanía o jurisdicción todos los derechos de buques u otros objetos abandonados en el mar se consideran propiedad de la Nación.
La inaudita concesión ya fue denunciada por el organismo México-País Marítimo que encabeza Juan Carlos Moreno López, quien por cierto alguna vez fue director general de Transportación Marítima Mexicana y actualmente es profesor emérito de derecho marítimo en la UNAM.
'CHOCOLATES' A GRANEL
De acuerdo a la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles, entre enero y junio del año que corre la importación de automóviles procedentes de Estados Unidos representó el 79.8 por ciento de las ventas de vehículos nuevos en el país.
Concretamente, mientras ingresaban, en la magia de la mano laxa del gobierno, 348 mil 379 automóviles usados de allende el Bravo, aquí se vendían 481 mil 659 nuevas unidades.
La paradoja del caso es que la catarata resurgió luego de una temporada de atonía. Si en los primeros siete meses de 2009 la cifra representaba el 129.3 por ciento en relación a la venta de automóviles nuevos en el país, el año pasado el nivel había descendido a 55.2.
ESCÁNDALO DE TOMZA
La posibilidad de que la empresa mexicana Tomza de los hermanos Tomás y Enrique Zaragoza instale una planta de gas licuado de petróleo en una zona protegida de Guatemala ha desatado un formidable escándalo en el país centroamericano ante la presunción de apoyo gubernamental al proyecto.
En el ojo del huracán, se acaba de destituir al ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Luis Ferraté, quien le había negado a la firma una declaratoria de impacto ambiental, sustituyéndolo por Luis Zurita, quien de inmediato flexibilizó su postura.
La maniobra fue tan evidente, que la Procuraduría de los Derechos Humanos está hablando de "alta probabilidad de que el funcionario esté incurriendo en un comportamiento administrativo lesivo a los intereses de la Nación".
Tomza ha enfrentado problemas similares en Honduras con la instalación de cinco formidables esferas almacenadoras del combustible en la zona de playa de Omoa, cuyo deterioro ambiental se volvió patético.
