A contrapelo de sus declaraciones triunfalistas apoyadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Nextel sigue impedida jurídicamente para explotar la red nacional de telefonía inalámbrica y banda ancha obtenida a precio de ganga en la polémica licitación 21.
A casi un año de levantársele la mano a la firma estadounidense como vencedora de una pelea sin rival enfrente, se mantienen en línea los obstáculos colocados en la pista por Iusacell frente a lo que se ubica como cuantioso daño patrimonial a la Nación.
Estamos hablando de 4 mil 500 millones de pesos. Aunque la semana pasada se cayó un recurso de la firma del Grupo Salinas en que se cuestionaba la objetividad de los magistrados del 18 Tribunal Colegiado que ratificarán o rectificarán la suspensión obtenida para impedir la explotación del espectro, la victoria tácita de Nextel no es definitiva.
De hecho, el Tribunal Colegiado que estudia la solicitud de veto de los magistrados está por aprobar un nuevo trámite de impedimento apoyado, al parecer, por nuevas pruebas.
El desahogo de éste podría llevar algunas semanas, o tal vez meses.
Por lo pronto, pues, la suspensión se mantiene intacta. Como recordará usted, colocados en la mesa 42 recursos por parte de Iusacell a lo largo y ancho del país, el Consejo de la Judicatura decidió concentrar los que había ganado la querellante en primera instancia en un tribunal de alzada con sede en Toluca, Estado de México.
Estamos hablando, justo del 18 Tribunal Colegiado, quien ha derribado ya algunas de las sentencias contra Nextel, en un escenario en que no es la primera vez que se acusa a los magistrados de parcialidad, por más que se han llegado a imponer multas a Iusacell por considerar que se acusó sin sustento en simple intento de alargar el pleito.
Lo cierto es que hasta hoy ninguna autoridad judicial ha tocado el meollo del asunto, es decir la colocación de una alfombra por parte de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, con aval de la Comisión Federal de Competencia, para que Nextel, quien peleaba en alianza con Televisa, pudiera obtener la concesión de una red nacional en la banda de 1.7 gigahercios, sin despeinarse.
La maniobra fue simple: limitar a 80 megahercios la tenencia de espectro de las firmas de telefonía inalámbrica, lo que dejaba fuera de posibilidad a Telcel, Iusacell y la Telefónica México, es decir Movistar, quienes acumulaban más de 50.
Nextel-Televisa, pues, colocó una postura con el mínimo previsto, es decir 180.3 millones de pesos, por un espectro de 30 megahercios, y se sentó a ver cómo se hacían pedazos por segmentos regionales de 10 a 20 el resto de los competidores.
Éstos llegaron a colocar en la mesa 93 pujas hasta alcanzar montos cercanos a los 5 mil millones de pesos.
Así, con su primera y única posición en la subasta, es decir a costo de ganga, por más que se argumentó el monto de la inversión reclamada para explotar la concesión, además del pago de derechos hacia el futuro, Nextel-Televisa ganó el anhelado espectro. El escándalo alcanzó la totalidad de los decibeles, rebotando hacia el Congreso, la opinión pública y aún organismos internacionales.
El resto de la historia se la sabe usted de memoria: Televisa rompió su pacto con Nextel vía el cual en la fase previa a la explotación conjunta del espectro adquiriría el 30% del capital de la firma estadounidense, con la novedad de que meses después se aliaría justo a Iusacell, para explotar una red de banda ancha de cuarta generación.
La posibilidad está sujeta a la aprobación de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia, quienes han retrasado la resolución en espera, quizá, del finiquitarse el asunto de Nextel.
Ahora que ésta ha intentado colocarle piedras en el camino a la alternativa, vía la presentación de escritos ante la Comisión Federal de Competencia objetando la eventualidad de un sí.
Se calcula que de llegar éste se plantearían solicitudes de amparo en lo que parecería un dando y dando.
Por lo pronto, aunque Nextel acaba de hacerse un cambio cosmético de imagen, empezando por modificar su logotipo, en afán de ofrecer una nueva cara frente a su eventual nueva oferta, ésta se ubica aún muy lejos de concretarse.
La pregunta es si llegará alguna vez el día en que las licitaciones de concesiones públicas se realicen pensando en el país más que en los intereses particulares.
BALANCE GENERAL
La noticia es que, a contrapelo de los alegatos tibios y enredados del director general de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez Coppel, el Consejo de Administración de la firma petrolera española Repsol recomendó que se disuelva la alianza de la paraestatal con la firma Sacyr Villahermoso para sindicar su voto.
El apoyo, pues, fue para el presidente y director general de la petrolera ibérica, Antonio Brufau.
A la cargada contra la paraestatal mexicana se sumó La Caixa, el segundo socio en importancia después de la propia Sacyr.
En la maniobra, además, uno de los consejeros, Juan Abelló, quien argumentaría a favor de la alianza, o si lo prefiere del presidente de Sacyr, Luis del Rivero se aventó en la sesión justo al momento de la votación.
La acción de que en ridículo total a Suárez Coppel, quien comprometió a Pemex en la aventura, bajo cuya marca debió invertir mil 600 millones de dólares, sólo por su amistad con Del Rivero.
Lo demás son cuentos.
TENENCIA NO... PERO SÍ
Enfrascado con la pelea en el Congreso por anular o atenuar el violento recorte a las participaciones federales a que tiene derecho, cuyo monto alcanza 16 mil millones de pesos, el gobierno capitalino no tiene aún salida frente al decreto presidencial que desaparece el carácter federal del impuesto por tenencia o uso de automóviles.
La recaudación alcanza 6 mil millones de pesos que se emplean en su totalidad para subsidiar al Sistema de Transporte Colectivo Metro.
La salida evidente, en el plano político, bombardeada la población sobre la "generosidad" del presidente Felipe Calderón de darle un respiro a los automovilistas, sería desaparecer el tributo... sólo que a costillas de los usuarios del transporte popular. El problema es que, decidida por el Congreso una fórmula de reparto que prioriza el crecimiento poblacional, la Ciudad de México está en desventaja frente al Estado de México, por más que 4.5 millones de pobladores de éste trabajan en la metrópoli.
La discusión, colocado en la mesa un ingrediente adicional, es decir que el propio Congreso decida el techo de endeudamiento del gobierno capitalino, tendrá que alcanzar el fondo.
Por lo pronto, tampoco se ha planteado oficialmente la posibilidad de un impuesto verde para sustituir a la tenencia.
