Paradojas de la vida: la embestida de los españoles para descarrilar la alianza entre Petróleos Mexicanos y la firma constructora Sacyr Villahermoso en afán de sindicalizar su voto en la petrolera Repsol, está despertando un sentimiento nacionalista, o si lo prefiere contrario a la Madre Patria, largamente aletargado. Al grito de furia del senador Francisco Labastida, calificando la acción de "racista", están surgiendo voces que exigen meter en regla a las empresas españolas en larga temporada haciendo la América en México, sin respeto a las leyes locales.
Dando y dando o, si lo prefiere, ojo por ojo.
De pronto, por ejemplo, se recuerda que la empresa del gobierno español Aeropuertos Españoles para la Navegación Aérea (AENA) está en la ilegalidad al detentar un segmento del capital de control del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).
De acuerdo a la Ley, ninguna firma controlada por un gobierno puede tener participación en el capital de una actividad estratégica del país.
Lo absurdo del caso es que, reconocida la ilegalidad por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no se le haya obligado a la firma a vender su participación.
En su dictamen para declarar desierta la licitación para construir un nuevo aeropuerto en la Riviera Maya, la dependencia señaló a la letra que, entre otras cosas, se descalificaba al Grupo México de Germán Larrea por participar al lado de las empresas que operan el Grupo Aeroportuario del Pacífico, una de las cuales está en la ilegalidad.
Ahora que, sindicalizado su voto, AENA y el otro socio español del GAP, Abertis, le han puesto mil piedras en el camino al socio mexicano, la Controladora Mexicana de Aeropuertos, empezando por desconocer a la presidenta del Consejo de Administración, Laura Díez Barroso. De hecho, a pesar de que la autoridad mexicana reconoce a la asamblea en que ésta fue designada, las firmas españolas señalan que ésta no tiene vela en el entierro por tratarse de una sociedad privada.
De hecho, sugieren que el Grupo Aeroportuario del Pacífico no es, como tal, el concesionario de los aeropuertos, dado que cada uno de ellos tiene su propia firma responsable.
El diferendo, ante la ausencia de energía del Gobierno mexicano, se dirime ante la Corte Internacional de Arbitraje con sede en París.
Desde otro ángulo, las firmas españolas Unión Fenosa e Iberdrola, a contrapelo de las alertas colocadas en la mesa por la Comisión Federal de Competencia, han obtenido decenas de contratos de la Comisión Federal de Electricidad como productoras independientes de energía eléctrica.
La paraestatal cobija a las empresas bajo el manto de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, con la novedad de que ésta fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte, tras plantearse una Controversia Constitucional contra la expedición, por parte del Ejecutivo, de un nuevo reglamento que rebasaba el alcance del ordenamiento. De acuerdo al argumento de los ministros, la Ley aprobada por la aplanadora priista durante el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, es contraria a los artículos 27 y 28 de la Constitución. El alegato de la Comisión Federal de Competencia señalaba que la Comisión Federal de Electricidad debió haber licitado bajo el marco de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, derivada del artículo 134 de la Constitución.
Y en un largo listado, hete aquí que la cadena hotelera española Riu violó todas las normas en materia de cuidado ambiental al construir una de sus unidades en plena playa de Cancún.
Y para qué hablar del largo pleito entre una pequeña constructora nacional contra la firma española OHL, quien la acusó de incumplimiento de un contrato con el Ferrocarril Suburbano, en afán de no cubrirle el pago de trabajos terminados.
Por lo pronto, si en 2007 operaban en México dos mil 700 empresas españolas, hoy su número llega a tres mil 600. La expansión, con tintes de explosión, se entiende en parte por la aguda situación económica del país ibérico, y en parte por la alfombra que les coloca el gobierno mexicano para adquirir contratos.
Se diría que el Plan Nacional de Infraestructura se diseñó como traje a la medida para ellas.
Con apoyo de un sofisticado equipo legal, administrativo y técnico, las firmas españolas han ubicado la fórmula mágica para ganar licitaciones internacionales en materia de construcción: plantear ofertas imposibles de igualar por las empresas nacionales... y luego rehacerse alegando aumentos en los costos de materiales.
Se da el caso que al final del día la factura se cargue hasta en ¡200%! de la oferta original.
Primero el contrato, después el pleito. ¿Nos abrió los ojos el desaire a Petróleos Mexicanos?
BALANCE GENERAL
Pendiente aún la resolución de la Comisión Federal de Competencia (CFC) frente a una denuncia contra Cementos Mexicanos por desplazamiento indebido de la competencia, tras emitirse un pliego de presunta responsabilidad, la firma hegemónica está siendo acusada de un pecado similar.
Hete aquí que el empresario Luis Benales, quien acaba de salir de la cárcel de Apodaca, Nuevo León, culpa a la cementera de su arresto, bajo cargos de presentar facturas falsas justo como pruebas contra ésta en el procedimiento que le sigue el organismo antimonopolios.
El caso es que, según su aserto, la acción llegó cuando se preparaba la importación de un cargamento de cemento al país, procedente del Caribe.
Cemex, pues, habría buscado intimidarlo.
Como recordará usted, el procedimiento contra la cementera surgió tras la frustrada expedición del barco-silo griego de bandera panameña "Mary Nour", quien traía en la panza 27 mil toneladas de cemento ruso que jamás pudo descargar, según ello por maniobras jurídicas de la firma regia.
El barco no logró siquiera atracar en el puerto de Tampico.
Según el empresario denunciante, las facturas de la discordia estaban certificadas por un notario público.
SOFOM BALÍN
Hete aquí que a finales de 2008 la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Inverban se anunció profusamente en una revista de negocios, invitando a inversionistas a convertirse en sus socios, bajo el gancho de "altos rendimientos y ganancias".
El caso es que, temerosos de alguna mala jugada, un grupo de interesados en la oferta acudió a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros para requerir informes de la intermediaria.
-Está en regla, fue la respuesta.
El caso es que la Sofom defraudó a siete que cayeron en la ratonera, escatimándoles un millón 550 mil pesos.
Y el caso es que ahora la Condusef se lava las manos, al punto de rechazar una denuncia presentada ante su órgano de control.
Más aún, denunciado el caso ante la Procuraduría de Justicia capitalina y la General de la República, ninguna de ellas ha movido un dedo contra la defraudadora.
albertobach@yahoo.com.mx
