En un episodio más de la guerra entre la firma estadounidense Nextel y Iusacell, la segunda le está solicitando a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes revocar la concesión con que opera la primera, por incumplir con las reglas para explotar una red nacional de telefonía móvil.
Estamos hablando de los 50 megahercios de espectro que se le otorgaron en concesión a Nextel hace 10 años en la banda de frecuencias de 3.4 y 3.7 gigahercios para servicios fijos y móviles.
De acuerdo con la ley, una vez obtenida la concesión, la firma beneficiada tiene 180 días para explotarla.
El caso es que la empresa con sede central en Reston, Virginia, dos lustros después la mantiene virgen.
En la carambola, Iusacell está planteando una querella contra el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Mony de Swaan, por haber ocultado la existencia de la concesión a Nextel, de cara a la famosa licitación 21 para espectro de la banda de 1.7 gigahercios.
Como usted sabe, de acuerdo con las reglas impuestas por la instancia de supervisión y avaladas por la Comisión Federal de Competencia, ninguna firma de telefonía móvil podría alcanzar 80 megahercios de espectro.
Bajo esa base, se le impedía a la propia Iusacell, a Telcel y a la Telefónica México competir por una red nacional de 30 megahercios, dado que acumulaban más de 50 de espectro.
Naturalmente, en la cuenta se le acumularon a éstas todas las concesiones obtenidas, en este caso en las bandas de 800 y 1.9 megahercios.
Nextel, por aquellas cosas raras de la vida, quedó fuera de la acumulación, lo que le permitió, sin enemigo al frente, sentarse en la postura mínima de 180.3 millones de pesos por una red nacional de 30 megahercios.
Mientras el resto de los postores acumulaban hasta 85 posturas en afán de alcanzar una red regional de 10 megahercios, la firma estadounidense, que en ese momento peleaba de la mano con Televisa, se sentó en una palco de lujo para mirar la pelea.
La paradoja del caso es que en el agarrón Nextel llegó a plantear una oferta adicional por una red regional, ofreciendo 576 millones de pesos, es decir, más de dos tantos de lo que pagó como contraprestación inicial por una red nacional.
La pelea la ganó Telcel, al pagar mil millones de pesos.
El escándalo, como recordará usted, alcanzó una cascada de decibeles, llegando sus esquirlas al Congreso, quien ofreció una investigación de fondo sobre lo que se consideró robo a la nación.
De acuerdo con Iusacell, quien presentó 62 demandas contra el procedimiento, el daño patrimonial por la ganga, o si lo prefiere lo que omitió cubrir el Estado, fueron 4 mil 700 millones de pesos.
La paradoja del caso es que la nueva ofensiva por parte de Iusacell, firma que ahora pelea al lado de Televisa para operar una red de banda ancha de cuarta generación, llega cuando parecía que Nextel remontaría el último obstáculo jurídico que le impide explotar la red nacional obtenida en la licitación 21.
Un tribunal colegiado con sede en Toluca calificó de improcedente el reclamo de parcialidad que planteaba Iusacell contra dos de los tres magistrados de otro que atendería la validez de una suspensión definitiva contra la posibilidad de utilizar el espectro.
Lo cierto es que aunque la salida del presidente de la Cofetel frente al reclamo hablaría de que las bandas de 3.4 y 3.7 gigahercios en que se ubicó la concesión de una red nacional a Nextel tiene menos posibilidades tecnológicas que las de 800 y 1.9, sus propias reglas no prevían tal eventualidad.
Estas hablaban indiscriminadamente de acumulación de espectro.
Iusacell contra Nextel al rojo vivo.
BALANCE GENERAL
A contrapelo de la promesa del gobierno de reubicar a los 44 mil trabajadores enviados a la calle a la extinción de Luz y Fuerza del Centro, dos años después del alocado golpe de fuerza, sólo 8.5% de éstos han sido contratados con ayuda oficial.
La promesa hablaba de que la prioridad sería para los trabajadores que aceptaran su liquidación, con la novedad de que de los 29 mil que acudieron a las ventanillas instaladas por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, sólo 3 mil han sido contratados, de los cuales sólo la mitad están en la Comisión Federal de Electricidad, quien tomó la estafeta para ofrecer el servicio.
Sin embargo, la paraestatal ha contratado desde octubre de 2009 a 15 mil 713 nuevos trabajadores, es decir, sí hay plazas... pero no para los ex trabajadores de Luz y Fuerza.
Y aunque del lado privado se habló de un programa de capacitación para tareas de construcción, impulsado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, éste naufragó a las primeras de cambio.
Se diría, pues, que el gobierno, pese a las mesas de diálogo instaladas y a los acuerdos pactados, mantiene la bola negra contra el Sindicato Mexicano de Electricistas.
Y luego se quejan de los gritos en las calles.
IVA NO VA
Colocada por la Secretaría de Hacienda como un bálsamo frente a la reducción de las participaciones de impuestos federales a las entidades federativas y la posibilidad de desaparecer el impuesto sobre tenencia de automóviles, la unanimidad de éstas, es decir, aún las gobernadas por el panismo, están rechazando la posibilidad de un IVA local.
Estamos hablando de un 4% adicional, a título de alcabala estatal, lo que elevaría el gravamen a 20%.
De entrada, naturalmente, cada entidad federativa tendría que crear su propio Servicio de Administración Tributaria para recaudar el gravamen y vigilar su cumplimiento.
Ahora que, naturalmente, el eje central de la negativa se sustenta en la imposibilidad de provocar la ira de la población en pleno año electoral.
SÓLO PETARDOS
A contrapelo del desplegado publicado ayer por el abogado de la Televisora del Valle de México, Javier Quijano, conminando al Registro Público de la Propiedad y el Comercio a tomar nota de una resolución judicial que legaliza las resoluciones de una asamblea de socios de la firma que explotaba el canal 40 de la televisión abierta, existe otra posterior emitida por el Primer Tribunal Unitario de Circuito en el Distrito Federal, que señala lo contrario.
Más aún, hubo una asamblea posterior en que se ratificó el derecho de Televisión Azteca de explotar la concesión, al no habérsele redimido una serie de préstamos a la empresa que la mantenía.
Según Quijano, la resolución avalaba la ratificación como presidente de la firma de Javier Moreno Valle.
Este, como usted sabe, se fue del país para no enfrentar un proceso por defraudación fiscal.
albertobach@yahoo.com.mx
