En afán de dorar la píldora frente a la ira industrial, en la antesala del desmantelamiento de los impuestos compensatorios aplicados a productos chinos por prácticas desleales de comercio, la Secretaría de Economía prepara una sanción contra el país de la muralla.
El dardo apunta a castigar una práctica de "dumping" o precio inferior al mercado de origen en el ramo siderúrgico, concretamente en la exportación al país de alambrón y tubería.
Lo interesante del asunto es que por primera vez en la historia México se atiene sólo a la información disponible, es decir, al testimonio de la rama afectada, dada la tardanza del gobierno del país oriental en ofrecer sus argumentos de defensa.
La posibilidad la permite la Organización Mundial de Comercio cuando ha transcurrido un periodo determinado de espera, bajo la máxima universal de "el que calla otorga".
El lapso propuesto por el organismo para la respuesta se ha superado con creces, por más que nuestro país ha sido tradicionalmente tolerante con los tiempos.
La palada de cal frente a las que van de arena llegará a unas semanas de que el gobierno desmantele unilateralmente, es decir, sin esperar la reciprocidad que constituye la regla de oro del comercio internacional, los aranceles o impuestos de importación de decenas de fracciones arancelarias aplicables a productos chinos, en detrimento, entre otros, del sector siderúrgico. La guillotina caerá el primer día del año próximo.
En paralelo, el chispazo de equidad de la dependencia encabezada por Bruno Ferrari llega tras el ridículo que representó el sí-pero-no frente a una demanda por "dumping" planteada hace cuatro años por los industriales del ramo contra las exportaciones chinas de mezclilla.
En el absurdo de la temporada, como usted sabe, la dependencia reconoció que, en efecto, la mercancía llega con un precio inferior al de su mercado de origen... pero no existen elementos para imponer el castigo correspondiente. Sí hay delito, pero no delincuente.
La batea de babas, decíamos, se llenó en cuatro años.
A quién le importa si el precio a que vende el país de la muralla sus mezclillas en México no alcanza siquiera para cubrir el costo de la fibra de algodón.
A quién le importa si la misma mercancía llega a Estados Unidos a cuatro dólares el metro cuadrado, en tanto a nuestro país se factura a 80 centavos en el régimen de importación para exportación, y a la mitad en el de ingreso definitivo, en la magia de la subvaluación y los subsidios con que entra China a los mercados internacionales.
A quién le importa, desde otro ángulo, si las importaciones de textiles bajo ese mismo marco alcanzan hasta 90% menos de su valor real.
A quién le importa si llegan al país prendas deportivas a 40 centavos de dólar, cuando el costo sólo de la etiqueta alcanza cinco pesos.
A quién le importa la colosal evasión fiscal que se da en la cadena.
Sólo entre enero y agosto pasados, las importaciones realizadas por la industria del vestido alcanzan mil 300 millones de dólares.
La paradoja del caso es que para convencer a los gremios afectados de desmantelar los castigos a China y de pasadita desgravar aranceles, se prometió la revisión de los costos de producción del país, a fin de equilibrar la competencia. La ruta se iniciaría al plantear a la Secretaría de Hacienda un escenario menos asfixiante en materia de tarifas y servicios públicos, ya la energía eléctrica, las gasolinas, el gas natural...
El compromiso se perdió en el vacío, por más que en otro afán de dorar la píldora, el gobierno le está inyectando a la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía, un incremento de 45% en su presupuesto, según ello para reforzar la plantilla y así agilizar los procedimientos.
La instancia es la responsable de atender los reclamos de las empresas por prácticas desleales en el comercio exterior.
Por lo pronto, habrá un mejoralito para el enfermo crónico... de fiebre amarilla.
BALANCE GENERAL
Ante la presión de los llamados fondos "buitre" de recuperar con creces la inversión de 17 centavos por dólar realizada en los mercados secundarios de papeles de deuda de Vitro, la firma está ofreciendo un pago adicional de 20% sobre la oferta inicial para la reestructura.
Como usted sabe, los papeles serán canjeados por Certificados Convertibles en Acciones. En paralelo, se está ofreciendo un pago adicional de entre 5% y 10% a los acreedores que den su consentimiento al planteamiento final que se propondrá al juez de la causa para salir del concurso mercantil a que se acogió voluntariamente la empresa.
REVÉS A NAPOLEÓN
En el inaudito de la temporada, dada la etiqueta de "charros" que cuelga como medalla de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), hete aquí que un sindicato de ésta derrotó en un recuento al sindicato minero. La votación por la titularidad del contrato colectivo de una planta de concentrados del Grupo Minero México había sido impugnada por el sindicato encabezado por Napoleón Gómez Urrutia vía un amparo, con la novedad de que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito negaría la protección de la ley.
SACYR DESINVIERTE
La promesa a los bancos acreedores de la firma constructora española Sacyr Vallehermoso, planteada al presidente de la petrolera Repsol, Antonio Brufau, es desinvertir parte de su paquete accionario en ésta.
El monto oscilará entre 5% y 10%, es decir, la participación de la firma se reduciría a 10% ó 15%, lo que coloca en la cuerda floja la solidez de la alianza pactada con Pemex para sindicar su voto.
En conjunto, Sacyr y la empresa pública mexicana tendrían el equivalente a la tenencia del banco La Caixa. De una forma u otra, pues, el pacto se desmorona.
De hecho, ante la inminencia de la operación, la Secretaría de Energía está hablando ya de presentar una demanda ante los tribunales contra la constructora cuya deuda global alcanza el escándalo de 11 mil millones de euros.
OTRA DE OHL
Ahora resulta que los 4 mil millones de pesos de financiamiento otorgados por el gobierno capitalino a la empresa española OHL para la construcción de la Supervía Poniente resultaron insuficientes, dado que el costo será de 6 mil millones de pesos.
La firma, representada por el exsecretario del Patrimonio Nacional, José Andrés De Oteyza, amenaza con paralizar la obra.
Lo curioso del caso es que al otorgársele el contrato respectivo, por más que se trató de una designación directa, la empresa había acreditado una supuesta solvencia para cumplir con todos sus términos.
