Aunque pasó de noche una declaración del presidente Felipe Calderón convocando a eliminar subsidios a los que calificó de "elementos distorsionadores", lo cierto es que no se trató de palabras al viento. El Gobierno está revisando, a contrapelo del costo político, la posibilidad de desmantelar, por lo pronto, el destinado al gas LP.
El monto de éste alcanzó el año pasado 29 mil millones de pesos, calculándose que para el que corre llegue a 35 mil, monto similar al que recibe el programa social "Oportunidades".
La paradoja del caso es que la acción la avalan los propios distribuidores del producto, alegando que el apoyo con recursos públicos al consumo del combustible obliga a implantar un control de precios, lo que según ello provoca distorsiones en el mercado y problemas de seguridad, salud y abastecimiento.
La justificación para el subsidio que se otorga desde hace 30 años, apunta a la importancia del gas LP (licuado de petróleo) para el desarrollo de la sociedad. Dos terceras partes de los hogares del país lo utilizan en las estufas.
El precio al público del combustible que, como las gasolinas, mes a mes se incrementa en centavitos, lo fija la Comisión Reguladora de Energía.
La fórmula es simple: Aplicar el costo que determina Petróleos Mexicanos para a su producción o importación; su transporte por ductos y la operación de terminales de suministro privadas.
El caso es que el 30 por ciento del combustible que se consume en el país llega del exterior, principalmente de Estados Unidos, cuyo costo es mayor al del país.
El Gobierno, pues, paga la diferencia con el subsidio.
La posibilidad de desmantelamiento se apoya en un estudio realizado por el Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac).
Éste recomienda una modificación a la Ley de Ingresos para focalizar, en un una primera etapa, el apoyo con recursos públicos hacia la población de menores recursos, vía la confección de un padrón que podría extraerse de la población beneficiada con los programas sociales del Gobierno.
Estamos hablando, pues, de un subsidio regresivo.
El aplauso de las gaseras apunta a que sin control de precios, es decir en un escenario de mercado libre, no habría problema para abastecer a las zonas rurales del país; se evitaría la tradicional "ordeña" de los cilindros, y se renovaría a éstos en un escenario en que la mayoría parecen inservibles.
Más aún, se asegura que las plantas almacenadoras, la flota de reparto y, hasta la oferta, mejoraría considerablemente.
Casi el paraíso.
El problema es que todos los intentos de focalizar los subsidios se han diluido en el pasado. ¿Recuerda usted cuando se hablaba de tortillas baratas sólo para los pobres? ¿Cuando se dijo que sólo habría subsidio para el diesel que utilizan los transportistas de alimentos? ¿Cuando el subsidio a la gasolina para embarcaciones sólo apuntaría a las flotas pesqueras?
La paradoja del caso, además, es que en la rebatiña presupuestal del Congreso el sobrante, en caso de reducir el subsidio, se pelearía para ampliar las participaciones hacia las entidades federativas.
¿Y quién garantizaría que no se trafique con el gas subsidiado?
Por lo pronto, lo que urge es meter en cintura a Pemex frente a los sobreprecios a que se está importando el gas del exterior.
BALANCE GENERAL
En convocatoria al insólito, hete aquí que un pleito a muerte entre el gobernador panista de Jalisco, Emilio González y el presidente municipal de Tonalá, Antonio Mateos, está minando la confianza entre los inversionistas que le apuestan a la zona.
Hete aquí que, derivado de la guerrita entre funcionarios, hace unas semanas se canceló la operación de la caseta de acceso a la autopista de cuota Zapotlanejo-Guadalajara, es decir se permitió el acceso libre de vehículos, con el consiguiente daño a la firma concesionaria, la Red de Carreteras de Occidente.
Y aunque finalmente ésta logró que se le pagaran los daños con recursos públicos estatales, ahora los políticos se lanzan la bolita sobre la responsabilidad del acto.
Lo grave del caso es que la firma, que por cierto encabeza un hijo del delegado en Miguel Hidalgo, Demetrio Sodi Pallares, de nombre Demetrio Sodi Cortés, integró a la compra de la concesión de la carretera conocida como FARAC I, a varias Sociedades de Inversión de Fondos para el Retiro, lo que implica que el daño provocado fue con cargo al ahorro de miles de trabajadores.
La inversión fue de 44 mil millones de pesos.
SONORA EN DESACATO
A más de dos semanas de que la juez octava de Distrito con sede en Ciudad Obregón, María del Rosario Alcántara Trujillo, otorgara una suspensión definitiva en el juicio de amparo interpuesto por agricultores de la zona frente al intento del Gobierno Estatal de despojarlos de 75 millones de metros cúbicos anuales de agua, el desacato se mantiene intacto.
Al grito de "a-mí-me-vale", el gobernador panista Alfredo Padrés Elías mantiene viva la construcción de un acueducto de 130 kilómetros de la presa "El Novillo" a la ciudad de Hermosillo.
En la fase previa a la resolución de la jueza, el Gobierno lanzó una campaña de desprestigio en su contra, en el marco de otra de intimidaciones y auditorías contra los reclamantes.
HUELE A GAS
Finalmente el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal confirmó el auto de formal prisión contra el notario 106 de Monterrey, José Garza de la Garza, acusado de fraude por un grupo de bancos e inversionistas.
El acusado, preso en el Reclusorio Oriente de la capital, los había integrado a un proyecto inmobiliario a través de una empresa de su propiedad: el Grupo COI, quien construiría, entre otros, la llamada Torre Obispado.
El fraude alcanza 70 millones de dólares, que no aparecen en las cuentas de la empresa.
El padre del notario, quien aprovechaba su función para contactar a sus supuestos socios, es dueño de las gaseras Garza Gas y Regio Gas.
En el escándalo está involucrada la ex secretaria de la Reforma Agraria y exdirectora jurídica de la Presidencia de la República, María Teresa Herrera Tello, uno de cuyos hijos, Óscar Andrés Hernández Herrera, es administrador de la firma en problemas, en tanto su esposo, Armando Hernández Berlanga, avaló en su carácter de notario, la legitimidad de propiedades colocada en prenda para préstamos bancarios... en dos ocasiones.
AGUAS CON EL DÓLAR
De acuerdo a Consultores Internacionales, al final del año la paridad peso-dólar se situará en 13.70 pesos, frente a los 11.72 al cierre de junio y los 13.80 al cierre de octubre.
De reivindicarse la expectativa, México habría obtenido la depreciación más pronunciada dentro de las economías emergentes.
El desgaste se aceleró ante la salida de fondos especulativos que habían ubicado la posibilidad de ganancias rápidas con operaciones de pisa y corre.
Albertobach@yahoo.com.mx
