Rechazada por la Secretaría de Hacienda la exigencia empresarial de revisar la promiscuidad en que conviven el Impuesto Empresarial de Tasa Única y el Impuesto Sobre la Renta, aduciendo que la recaudación combinada permite mantener programas sociales, hete aquí que éstos han sido reprobados en materia de transparencia.
De acuerdo a la evaluación anual que realiza la empresa Gestión Social y Conformación a petición de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, de 132 programas públicos de subsidio administrados por el gobierno, 70, es decir más de la mitad, presentan problemas de opacidad para valorar su rentabilidad social, es decir el impacto real sobre la población de escasos recursos.
Del resto, sólo siete presentan un escenario óptimo, en contraste con 35 que se plantean como dispersos y no alcanzan un nivel relevante de cobertura.
En paralelo, cuatro presentan un nivel de rentabilidad social escaso; presentando avances menores en cumplimiento de sus metas y también raquíticos niveles de cobertura.
La evaluación se plantea justo cuando la Cámara de Diputados se dispone a realizar ajustes al presupuesto de gasto planteado por la Secretaría de Hacienda, en un escenario en que la cobija pareciera insuficiente para cubrir las necesidades básicas del país.
En la coyuntura, además, se ubica la confiscación de centenares de bultos de cemento que había enviado la Secretaría de Desarrollo Social a Michoacán para apuntalar con dádivas la campaña de la aspirante panista al gobierno local, Luisa María Calderón Hinojosa.
Al más puro estilo de lo que por años repudió el partido fundado por Manuel Gómez Morín, los regalos se canjeaban por credenciales de elector. ¿Se acuerda usted cuando, en su época de diputado, el presidente Felipe Calderón manoteaba en la tribuna para denostar el uso clientelar de los programas sociales del gobierno?
Lo grave del caso es que, lanzada una agresiva campaña por parte de la cúpula empresarial para cancelar los subsidios, el manejo desordenado y ajeno a la transparencia de la Secretaría de Desarrollo Social, podría inocular en los legisladores la tentación de anular algunos de los programas.
Lo cierto es que la alerta roja la había colocado Geupec desde el año pasado, cuando, menos cautelosa que este año, habría reprobado en su desempeño a la mayoría de éstos. El tache alcanzó justo a los programas calificados como estelares, es decir los más socorridos en el discurso oficial: Alianza para el campo, administrado por la Secretaría de Agricultura; Adultos Mayores, coordinado por la de Desarrollo Social; Seguro Popular, por la de Salud, y Enciclomedia, por la de Educación Pública. Al primero se le asignó una calificación de 4.3; al segundo de 4.1; al tercero de cuatro, y al cuarto de ¡1.6!
El promedio general para los 10 programas sociales que reclaman el mayor monto de presupuesto en el ramo fue de 5.4. Todos reprobados, pues.
La evaluación realizada entonces sobre 164 programas federales con reclamo de subsidio apuntaba hacia la calidad del diseño, planteándose tres subíndices: Diseño y Alineación Estratégica; Operación y Orientación, y Resultados y Ciudadanía.
El primero permitía definir objetivos, metas y alcances estratégicos; el segundo integrar la información relacionada con las previsiones institucionales y organizacionales que permitían una correcta operación de los programas, y el tercero a las posibilidades de éstos para medir resultados e impactos, así como la percepción y opinión de la población objetivo.
El resultado, decíamos, fue desastroso. Cuatro de cada 10 programas resultaron reprobados, con la novedad de que el promedio general fue de 6.3, es decir apenas de panzazo.
La calificación reprobatoria alcanzó los programas de asistencia social, agrarios y de urbanización; desarrollo regional y vivienda, es decir la columna vertebral del asistencialismo oficial.
La exposición de motivos señalaba, entre otras causas, el que los funcionarios públicos no tenían las competencias necesarias para diseñar correctamente una política pública, a pesar de que desde hace seis años existe el servicio profesional de carrera, que durante el 2010 exigió una erogación presupuestal de 283.3 millones de pesos.
Funcionarios ineptos, pues.
La historia, así, se repite a la letra.
No son los programas, es su manejo discrecional, clientelar, faccioso.
El PRI corregido y aumentado.
BALANCE GENERAL
Aún cuando el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa revocó la suspensión provisional que le había otorgado a la empresa Telecomunicaciones del Golfo, filial de Iusacell, Nextel no puede aún explotar la red que se le otorgó al amparo de la licitación 21, dado que la resolución no va al fondo, o si lo prefiere, al meollo del asunto.
El punto clave de ésta apunta al esquema planteado por la Comisión Federal de Telecomunicaciones y la Comisión de Competencia Económica, que le impedía al resto de los participantes del concurso a pelear por una red nacional de telefonía inalámbrica, dada la prohibición de acumular más de 80 megahercios.
Lo inaudito del caso es que Nextel ya tenía un espectro de 50 megahercios, lo que le impedía licitar por una red nacional.
Se diría, pues, que la Cofetel le tendió la alfombra a la firma de capital estadounidense.
PASOS EN LA AZOTEA
Como lo habíamos anticipado en este espacio, un grupo de productores de leche presentó, finalmente, una queja ante el órgano interno de control de la Secretaría de Economía, contra el director general de Normas, Christian Turégano Roldán, bajo la presunción de coludirse con las firmas Nestlé y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, para alertarlos de una sanción en su contra.
De acuerdo a los denunciantes, el funcionario incurrió en violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
La querella, colocada en el escritorio de Gloria Elia Sánchez Roldán, titular de la instancia señalada, señala que el 20 de agosto de 2011 se instruyó a la subdirectora de Apoyo a Sistemas de la Dirección General de Normas, Andrea Barragán Heredia, para darle el "pitazo" a la firma multinacional suiza y al organismo de que se preparaba una acción en su contra específicamente con cargo a una de las tiendas Costco.
-¡Ahí les va la Profeco!
Aunque el funcionario ya había alertado a ésta de la anomalía, el aviso evitó que la firma fuera sancionada por negligencia.
La ilegalidad detectada era ofrecer algunos productos como leche, cuando técnicamente no tenían la condición como tal.
ASARCO A BOLSA
La noticia es que en afán de evitar nuevas presiones de los accionistas minoritarios que se sienten engañados por el Grupo Minero México, éste colocará en Bolsa parte del capital de la firma American Mining Corporation, la empresa que integra la operación de Asarco y Southern Copper, la primera en Estados Unidos y la segunda en Perú.
La recaudación para la empresa de Germán Larrea Mota Velasco sería de entre 5 mil y 6 mil millones de dólares.
El porcentaje de capital que integraría la oferta primaria sería de 20%.
Larrea se quedaría con 64% del capital de la empresa productora de cobre de Perú, y con el 80 de Asarco.
