En el inaudito de la temporada electoral, priístas, panistas, perredistas y petistas están haciendo causa común contra el gobierno federal y desarrolladoras de vivienda, colocada como manzana de la discordia la instalación de una caseta de peaje con conexión a la carretera Guadalajara-Zapotlanejo.
La campal involucra directamente a la empresa Red de Carreteras de Occidente, principal inversionista en materia de concesiones para explotar carreteras de cuota, cuyas apuestas alcanzan 52 mil millones de pesos.
De la virulencia del pleito habla la inaudita acción de poder del gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, al ordenar el retiro de las plumas que cierran el paso a los vehículos con opción de llegar en 10 minutos a Guadalajara.
La acción, registrada el 7 de octubre pasado ante la presencia de periodistas previamente convocados, se realizó con un gran despliegue de policías y presencia de diputados federales panistas.
He dicho.
El enredo coloca en tela de juicio la forma en que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes planeó la construcción y posterior concesión de la carretera que conectaría a la capital de Jalisco con Zapotlanejo, pasando por Tonalá, sin planificarse el desarrollo a futuro de esta última zona.
De pronto resultó que las desarrolladoras de vivienda del lugar, léase Rubi, Homex, Domus y Consorcio Hogar, le ofrecieron a su clientela acceso gratuito a la autopista de cuota con proa a Guadalajara, para la cual construirían un camino de conexión... que fue clausurado al considerarse que carecía de las medidas pertinentes.
En paralelo, la Red de Carreteras de Occidente colocaría en julio pasado casetas de peaje en la zona conocida como "El Cortijo", ubicada en el kilómetro 16.5 de la carretera que mantiene en concesión. El costo sería de ocho pesos por nueve kilómetros de recorrido.
El caso es que inconformes con el callejón a que se enfrentaban, a contrapelo de lo que dicta la ley en materia de carreteras libres en paralelo a las de cuota, los vecinos empezaron a movilizarse, acaudillados, en principio, por el diputado federal petista Enrique Ibarra.
El escándalo llegaría a la Comisión Permanente del Congreso quien, a solicitud de los legisladores perredistas Francisco Espinoza y Laura Itzel Castillo, aprobó un punto de acuerdo solicitándole a la SCT que no se cobre peaje a los vecinos de los fraccionamientos de Tonalá.
En paralelo, el 8 de septiembre el diputado priísta Jorge Arana anuncia su intención de plantear una reforma de la Ley de Caminos, Puertos y Autotransporte Federal para prohibir a la SCT otorgar concesiones cuando no se garanticen vías alternas de peaje.
El caso es que ante la amenaza de llevar el ruido a los Juegos Panamericanos, el gobernador González Márquez, decide retirar por sus pistolas las plumas... por más que en un segundo acto optaría por subsidiar el pago hasta la terminación de la gesta deportiva.
El monto calculado sería de 900 mil pesos.
Cinco días después del show del llamado "Gober piadoso", el secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez-Jácome, señalaría en una comparecencia en Comisiones de la Cámara de Diputados que la Red de Carreteras de Occidente tiene derecho a colocar las casetas.
"La empresa -diría letra por letra-, tiene la concesión para construir, operar, explotar y conservar por 30 años la autopista".
Finalmente, el gobernador estatal decidiría subsidiar el cobro de peaje de la caseta de la discordia durante seis meses, mientras la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) construye un camino libre.
Sin embargo, los vecinos insisten en que se expropie el tramo.
Lo curioso del caso es que quienes se han mantenido al margen son las desarrolladoras, cuyos terrenos subieron su costo al paso de la carretera. Otra privatización fallida.
BALANCE GENERAL
Aunque en el papel la revocación dictada por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de una suspensión provisional concedida a la telefónica Iusacell contra la posibilidad de que Nextel explote la red nacional de telefonía inalámbrica obtenida en la licitación 21 le allana el último obstáculo a ésta, lo cierto es que aún falta analizar el fondo del asunto.
El caso podría rebotar hasta alguna de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El punto fino del conflicto es la legalidad de las bases de licitación que le permitieron a la telefónica de los Estados Unidos obtener sin enemigo al frente la red de 30 Megahercios en la banda de 1.7 Gigahercios.
De acuerdo a éstas, ninguna empresa del ramo podría acumular más de 80 Megahercios de espectro, lo que dejaba fuera la posibilidad de una red nacional de 30 a Iusacell, Telcel y la Telefónica México.
El grupo Nextel se sentó en la postura mínima de 180.3 millones para ganar sin despeinarse.
ADO A ASUR
La sorpresa de la temporada la ofreció ayer el presidente del Grupo Aeroportuario del Sureste, Fernando Chico Pardo, al pactar la venta del 49% de la firma Inversiones y Técnicas Aeroportuarias que tiene mayoría del capital en el consorcio.
El comprador es la firma Autotransportes de Oriente (ADO), una de las más antiguas en el ramo de traslado de pasajeros por tierra en la zona.
ADO, pues, ingresa al negocio de terminales aéreas. La operación implicó la venta de 37 millones 746 mil 290 acciones de la serie B de ASUR, es decir las que están colocadas en los mercados.
NADA DE MEXICANA
Ahora resulta que en la recta final de la pelea por el rescate de Mexicana de Aviación están dos firmas: la española Med Atlantic encabezada por Christian Vargas, y la que lidera Iván Barona con una inversión de capital del Medio Oriente.
La paradoja del caso es que ésta pareciera jugar al estilo del tristemente célebre TG Group, es decir alargar una y otra vez el ya-merito.
De pronto pide una cita con el conciliador del concurso mercantil en que se ubica la línea aérea, según ello para exhibir una liquidez calculada en 400 millones de dólares... y no llega al encuentro. Que no empataron los horarios bancarios; que no se me ratificó la hora; que no pasaba el camión; que los baches... El problema es que Med Atlantic está haciendo lo mismo.
INFLACIÓN DE 3.53%
De acuerdo al Índice de Precios Metropolitano de Consultores Internacionales, la tasa de inflación a octubre pasado se ubicó en 3.53%, tras registrar una variación de 0.25%.
Los productos que presionaron el alza fueron la zanahoria, con un crecimiento en su costo al público de 18.20; papaya (18.02), cebolla (12.37), algodón clínico (16.23) y carne procesada y seca (8.58).
Del otro lado de la moneda bajó el precio del tomate verde en 15.18%; de las calabacitas (13.23), aguacate (11.39), plátano tabasco (10.74) y aceites y grasas comestibles (9.57).
