En medio de presiones sin fin por parte de la Presidencia de la República, esta mañana la Suprema Corte de Justicia resuelve la Controversia Constitucional planteada por el Congreso contra un decreto presidencial que exige adelantar cuatro años el llamado "apagón" analógico, es decir, abrir paso a la televisión digital.
De prosperar la teoría de la ministra ponente, Olga Sánchez Cordero, el diferendo lo ganarán los legisladores, dado que el Ejecutivo invadió atribuciones que mantiene en exclusiva la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
De acuerdo con la togada, cuya candidatura a la medalla "Belisario Domínguez" fue vetada por la bancada panista en el Senado, la intervención presidencial que plantea la creación de un órgano al que se le encomendaría la actividad, "indudablemente configura una violación en la esfera competencial del Congreso de la Unión".
Dicho con todas las letras, no se pueden invalidar leyes bajo la fórmula simple de un decreto, así ésta lleve la firma del Presidente de la República.
La ministra se colocó en el ojo del huracán hace un año al solicitar a la recepción del documento en que se planteaba la inconformidad, la suspensión del acto reclamado, hasta en tanto se resolvía el caso.
El presidente Felipe Calderón había planteado la expedición del decreto de la discordia en su cuarto informe de gobierno, planteándose la creación de una Comisión Intersecretarial para coordinar los trabajos previos, entre ellos la distribución de decodificadores para aparatos de trasmisión analógicos.
En paralelo, se planteaba que ésta lanzaría la convocatoria para licitar el espectro redioeléctrico liberado al cesar las transmisiones analógicas.
Lo cierto es que, aún aceptándose la tesis de la ministra Sánchez Cordero, el escenario reclamaría una mayoría absoluta de ministros, es decir, ocho de 11, para invalidar el Decreto Presidencial si se considera que se planteó como de observancia general, o una mayoría simple de seis en caso de ubicarlo como simple acto administrativo.
El feroz cabildeo desatado en la fase previa, pues, preveía sumar a la causa oficial a por lo menos cuatro ministros en un escenario, y seis en el otro.
Lo cierto es que la principal motivación de los legisladores de oposición que plantearon la Controversia, al margen de la pifia jurídica en que incurrió el Ejecutivo, apunta a un posible uso electorero del escenario.
Dicho con todas las letras, el gobierno aprovecharía la coyuntura para lanzar una lluvia de decodificadores de televisiones analógicas en plena campaña por la Presidencia de la República.
No se desconecte de su telenovela favorita, su partido de futbol, su reality show, aquí tiene su nuevo equipo con los atentos saludos del presidente Felipe Calderón.
El hecho es que en lo que constituyó una suerte de adelanto de la "estrategia", hace dos meses viajó a Argentina una misión de funcionarios de la Cofetel, encabezada por el jefe de la Unidad de Radio y Televisión, Fernando Borjón, para "analizar" el esquema empleado por el país de las pampas para hacer efectivo el cambio tecnológico.
El caso es que Argentina regaló miles de decodificadores justo en la fase previa a la elección presidencial en que se reeligió a Cristina Fernández de Kirchner.
La fase fuerte de la dádiva se realizó justo cuando el partido oficial efectuaba elecciones primarias para elegir candidato.
De hecho, los funcionarios de la Cofetel asistieron a una reunión en el Salón de Mujeres de la Casa Rosada en la que se inauguraron simbólicamente tres estaciones digitales terrestres que le abrieron paso a millón y medio de familias para recibir la señal digital.
"Casualmente", en la misma ceremonia se regaló el decodificador número 600 mil.
La generosidad del gobierno argentino apuntó a los beneficiarios de pensiones "no contributivas", es decir, a quienes se les entregan ayudas directas del gobierno; a los mayores de 70 años; a quienes padecen invalidez o discapacidad, a familias con siete o más hijos beneficiarios de la ayuda asistencial del gobierno, y a todos aquéllos en listas de programas de combate a la pobreza.
El problema, naturalmente, no es que el gobierno copie el esquema, sino que lo haga al estilo argentino, es decir, en tiempos electorales.
Se diría que la Cofetel, a contrapelo del pisotón del Ejecutivo a su supuesta autonomía, se colocó a las órdenes del gobierno en vía de la maniobra electorera.
Por lo pronto, la discusión de la Suprema Corte sacará chispas.
BALANCE GENERAL
Finalmente el empresario Iván Barona desnudó públicamente lo que sostenía en privado: el gobierno le coloca mil obstáculos a los interesados en el rescate de Mexicana de Aviación, en lo que pareciera una maniobra para ganar tiempo y llevar a la quiebra a la empresa aérea.
De acuerdo con su aserto, el empresario que se apuntala con capital árabe tiene ya documentados los 400 millones de dólares ofrecidos, pero el conciliador y los funcionarios metidos en el juego le siguen dando largas.
Su oferta es exhibir los papeles de frente al secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez-Jácome, quien se ha negado a darle una cita.
El asunto cobra mayor relevancia tras la represión a los pilotos que protestaban por el tortuguismo del gobierno, en una suerte de aviso de lo que les pasará si toman las calles ante la indolencia que lleve a la quiebra a la empresa aérea más antigua del país.
BARBAS A REMOJAR
En la carambola, la resolución de la Comisión Federal de Competencia que ratifica una declaración preliminar de dominancia en el mercado de terminación de llamadas en redes de telefonía móvil que involucra a Telcel, Movistar, Iusacell y Unefon, le deja la cancha abierta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para imponerles regulaciones en materia de precio, calidad e información.
El escenario lo prevé el Artículo 63 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. De ahí los recursos jurídicos a que recurrieron las firmas para evitar la ratificación.
Sin embargo, éstas tienen 30 días hábiles para interponer un recurso de reconsideración ante la instancia encabezada por Eduardo Pérez Motta.
