Firme el dedo en el renglón frente a lo que ubica como despojo a la Nación, Iusacell acaba de lograr de un juez federal un amparo que en sus efectos prácticos cierra la posibilidad de que Nextel explote una red nacional de telefonía inalámbrica. De hecho anula la concesión.
La sentencia coloca en ruta de descarrilamiento la Licitación 21 del espectro de 1.7 gigahercios, en cuyo extremo final la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le levantó el brazo a la firma estadounidense como vencedora de la pelea.
De acuerdo al juez segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, el escenario violó los criterios de honradez y transparencia contenidos en el Artículo 134 de la Constitución.
El atropello apunta directo a la opinión de la dependencia que permitió declarar ganadora a Nextel, cubriendo sólo una contraprestación inicial de 180.3 millones de pesos por una red nacional de 30 megahercios.
Como usted sabe, Telcel y Movistar, la firma de telefonía móvil de la Telefónica México, pagaron entre 2 mil 500 y 3 mil 500 millones por un espectro regional de 10 megahercios.
La ganga a Nextel, pues, fue más que evidente.
La sentencia es la primera que se plantea sobre el fondo, o si lo prefiere, el meollo del asunto, es decir, si las bases de la licitación se apegaron a la exigencia de equidad para los participantes, y de aprovechamiento máximo para el Estado en términos de ingresos y de transparencia.
Como se recordará, de acuerdo a las reglas fijadas por la Comisión Federal de Telecomunicaciones, los participantes en el proceso licitatorio sólo podrían acumular un espectro de 80 megahercios una vez desahogado éste, lo que dejaba fuera a Telcel, Movistar y al propio Iusacell para pelear por una red nacional de 30.
La primera mantenía al momento de la licitación un espectro de 53.3; la segunda de 51.9, y la tercera de 51.6.
El otro posible competidor, Axtel, fue descalificado.
Lo inaudito del caso es que la Comisión Federal de Telecomunicaciones ocultó el que Nextel, quien acumulaba un espectro mínimo de siete megahercios, ya tenía otro, éste en la banda de 2.5 gigahercios, cuyo monto alcanzaba 50 megahercios.
Nextel, pues, tampoco podía aspirar a una red nacional de 30.
Y sin embargo, sin enemigo al frente se sentó sobre la postura mínima de 180.3 millones, viendo cómo el resto se despedazaba por las redes regionales a que podían aspirar.
Telcel y Movistar pelearon en 85 pujas.
La presunción de Iusacell fue que el Estado perdió cuatro mil 700 millones de pesos en el esquema.
Lo inaudito, además, es que habiendo peleado Nextel al lado de Televisa, integrando el consorcio NII Digital, al final del día resultó que ésta se rajó de explotar la red nacional obtenida, lo que jurídicamente dejaba nula la existencia de la firma a la que se concedió la concesión.
Y si le seguimos, a la vista del evidente favoritismo la oposición en la Cámara de Diputados habló de fincarle un juicio político al entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, en tanto la Auditoría Superior de la Federación realizó una indagación sobre el procedimiento, cuyo resultado está aún en vía de resolución.
Por lo pronto, la nueva zancadilla de Iusacell, avalada por el juez que ha recibido la mayoría de los recursos contra la Licitación 21, coloca en ruta al asunto hacia la Suprema Corte de Justicia, dado que el togado avaló una violación constitucional.
Se diría, pues, que la última palabra sobre el penoso episodio la dará el pleno del máximo tribunal de justicia del país.
Por lo pronto, aunque ya ha realizado algunas pruebas en el ámbito regional, pese a no haber pagado aún los derechos correspondientes, Nextel no puede explotar la red nacional obtenida... en al menos seis meses en que se colocará el punto final del asunto.
BALANCE GENERAL
Acorralado por cuatro denuncias colocadas por los sindicatos de Mexicana de Aviación por "administración fraudulenta", por más que hasta hoy no ha recibido un solo citatorio del Ministerio Público, y colocada una bola negra en su contra por los bancos, al dejar colgada a la empresa aérea con sendos préstamos de los bancos Banorte y Bancomext, Gastón Azcárraga Andrade deja la dirección general del Grupo Posadas.
La acción pretende allanar el camino para una colocación primaria de acciones del conglomerado hotelero, en un escenario en que se habla de presiones sinfín de los accionistas de éste para vender.
De hecho, existe la intención desde hace varios meses del Grupo Ángeles de Olegario Vázquez Raña, dueño de la cadena Camino Real, para comprar.
REFUERZAN FUNDACIÓN IMSS
Vacante la presidencia de la Fundación IMSS tras la muerte del industrial Rafael Fajer, el organismo acaba de nombrar como socio, a la vera de la luna de miel con la intermediaria para integrar una superafore, al director general de Banorte, Alejandro Valenzuela.
En el Consejo estarán también tres propietarios de periódicos: Juan Francisco Ealy Ortiz de EL UNIVERSAL; Olegario Vázquez Aldir, de Excélsior, y Jorge Kahwagi de Crónica.
Además, se ubica al ex director general del organismo, actual ejecutivo de FEMSA, Genaro Borrego Estrada.
Está pendiente la ratificación de Jesús Kumate, ex secretario de Salud en el sexenio salinista, quien está gravemente afectado por una enfermedad crónica agravada por una caída.
El organismo recaba fondos para programas específicos de la instancia tripartita.
PREMIO A RECICLADORES
En afán de estimular el reciclaje de basura plástica, la Asociación Nacional de Industriales del Plástico acaba de plantear una iniciativa de ley en el Senado, con cargo al partido que la quiera apadrinar, para permitir que en la tarea de recuperación se deduzca el costo de la materia prima.
Un cálculo conservador habla de 2.5 millones de toneladas de desperdicios en opción de reciclar, ya bolsas de polietileno, envases de pet o similares.
Existen empresas que confeccionan chamarras o suéteres a base de ese tipo de basura.
Actualmente se reciclan 646 mil toneladas de residuos considerados inorgánicos.
NI LOS VEO...
A contrapelo del clamor de los habitantes de San Juan Ixhuatepec, conocido como San Juanico, por la reubicación de las plantas de depósito de gas LP localizadas en la zona, el Gobierno mantiene intacta lo que se ha calificado como "bomba de tiempo".
Lo inaudito del asunto es que a raíz de la terrible explosión de 1984 que provocara 500 muertes, el entonces presidente Miguel de la Madrid ordenó la reubicación de las instalaciones de firmas como Gas y Servicios de México, Gas Metropolitano, Bello Gas, Unigas y Gasomático, propiedad de los empresarios Tomás y Enrique Zaragoza y Eduardo Ramírez.
La súplica se agudiza en vísperas de cada aniversario del trágico suceso.
Albertobach@yahoo.com.mx
