Explíquese usted esto: Hace ocho años, durante el periodo de Fernando Flores en la dirección general del Seguro Social, se planteó con carácter de urgente una exigencia de 54 mil millones de pesos para renovar y modernizar el equipo médico, pese a lo cual el grito se perdió en el desierto...
El caso es que durante la última asamblea general ordinaria del instituto, a la que se le da el carácter de financiera, el actual director, Daniel Karam, habló de sólo mil 300 millones para el mismo fin.
Se diría, pues, que mágicamente los equipos médicos, las salas de operaciones, los aparatos de resonancia, adquirieron un perfil acorde con los adelantos científicos.
En abundancia, si al principio del sexenio, el entonces director general del organismo, Juan Molinar Horcasitas, señalaba que la meta principal de éste era regresar al escenario de los 70 y 80's del siglo pasado, en que había 1.2 camas por cada mil derechohabientes, frente a las 0.8 en que se había caído...
El caso es que hoy, a contrapelo de la exigencia de utilizar parte de la infraestructura del organismo para atender a los inscritos en el Seguro Popular, se señala que el IMSS mantiene el equilibrio.
A quién le importa si la mayoría de los países adheridos al Organismo para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) cuentan con un promedio de tres a cinco camas por cada mil derechohabientes.
Los ejemplos son sólo parte del escenario optimista -decir triunfalista, en la condición precaria del organismo, sería excesivo-, en que se manejó el evento, por más que se habló, sin cifras ilustrativas, de que la situación financiera del organismo "es la más delicada de su historia", en el deseo, por un lado, del Gobierno actual de maquillar cuentas en la recta final del sexenio, y el del director general del instituto de trascender en el plano político.
Su intención, confiada a propios y extraños, es alcanzar una curul por la vía de partido en el Congreso. La mira es una senaduría, pero no se le hace el feo a una diputación.
El gatopardismo, es decir el no estamos tan mal como dicen, se concentró en las cifras de encuestas que nadie cree, en las que se hablaba de 75 por ciento de satisfacción de los derechohabientes sobre la bondad de los servicios médicos, con un porcentaje similar en el abasto de medicinas.
¿Se acuerda usted cuando las encuestas hablaban de una ventaja de 10 puntos de la hermana del presidente Felipe Calderón en la pelea por la gubernatura de Michoacán?
Lo curioso del caso es que se habló de un esquema avalado por la OCDE para transparentar el abasto de fármacos, pero se soslayó los obstáculos que coloca el sindicato como el villano de la película en la materia.
Adicionalmente, se aplaudió avalar la alianza pactada con Banorte para crear una superafore que necesariamente se convertirá en el enemigo a vencer en el Sistema de Ahorro para el Retiro... por más que desde el plano práctico nada ayuda para atenuar las precarias condiciones del organismo.
¿Alguien habló, por ejemplo, de que la fórmula para evitar la catástrofe financiera del organismo, es decir el utilizar el superávit de algunas de las reservas para atenuar los boquetes de las que se mantienen en déficit, resultó balín, dado que parte de ellas no tenían los sobrantes de que se hablaba?
¿Alguien habló de que para el año próximo la Secretaría de Hacienda endurecerá sus exigencias de fortalecer las reservas deficitarias, sin haberse atendido el reclamo de reforzar los subsidios para evitar mayor deterioro en los servicios?
¿Alguien habló del billón 250 mil millones que representa el boquete del Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los propios trabajadores del organismo, por más que se subrayó que el conjunto de los faltantes en materia de seguros médicos alcanzan el equivalente al 45 por ciento del Producto Interno Bruto?
La paradoja del caso es que otra vez la bolita, o si lo prefiere usted la papa caliente, se le lanzó al Congreso, en afán de seguir nadando de muertito.
Tragedia oculta con algodones.
BALANCE GENERAL
A contrapelo de los propósitos de enmienda del Gobierno, hete aquí que a septiembre pasado se habían registrado subejercicios en los presupuestos de seis Secretarías de Estado por 36 mil 800 millones de pesos.
El monto equivale al presupuesto total de gasto de la Secretaría de Hacienda durante este año.
La lista, como siempre, la encabeza la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con un monto cercano a 20 mil millones de pesos, seguido de las de Agricultura, Gobernación y Desarrollo Social.
La paradoja del caso es que la promesa hablaba de ejercer a plenitud los recursos en el marco de la exigencia de acciones contracíclicas.
SIEMPRE NO
Finalmente, ante la imposibilidad de alcanzar conceso, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, Concamín, Salomón Presburger, no se postulará para un nuevo periodo.
La intención, a la par del Consejo Coordinador Empresarial, era repetir el escenario de hace seis años en que se justificó la reelección a contrapelo de los estatutos, de León Halkin y José Luis Barrasa, para mantener la unidad de las cúpulas en el año electoral.
El problema es que al actual dirigente de la Concamín se le ha criticado su pasividad frene a las medidas del Gobierno de apertura de fronteras a China.
CANDADOS AL APAGÓN
Finalmente, pese a la resolución de la Suprema Corte que avaló, por falta de un voto de los ocho requeridos, el Decreto Presidencial que anticipa seis años el llamado "apagón analógico", es decir el codificar las señales de televisión para aparatos digitales, el Gobierno no podrá repartir, en calidad de confeti, decodificadores para las familias que mantengan aún aparatos analógicos... en el 2012.
La oposición de la Cámara de Diputados colocó los candados vía una serie de reformas de ley.
LLUVIA DE AMPAROS
Con las siete presentadas ayer, ya son 500 las solicitudes de amparo de empresas de Coahuila contra un acuerdo del Congreso local que permitió reestructurar la colosal deuda que dejó en herencia el Gobierno del actual dirigente priista, Humberto Moreira.
Estamos hablando de 34 mil millones de pesos.
De acuerdo al esquema pactado con 12 bancos comerciales acreedores, el Estado debe cubrir entre principal e intereses, pagos mensuales por 300 millones de pesos.
La carga es por 26 años.
El monto equivale al presupuesto de un año del Municipio de Piedras Negras.
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