Aprobada a vuelo de fanfarrias por las bancadas panista y priista en la Cámara de Diputados una serie de reformas a la Ley del Infonavit, en subrayado a su espíritu justiciero frente a la exigencia de respetar el ahorro de los trabajadores, hete aquí que la letra chiquita le dio un golpazo al organismo tripartita.
Si desde el ángulo luminoso se expedita la posibilidad a los trabajadores que no hayan recibido créditos el recobrar las aportaciones patronales y propias a la hora del retiro, y se le abre la puerta a los activos para obtener un nuevo préstamo...
... desde el ángulo oscuro se le abre la puerta a los bancos e instituciones financieras para administrar supuestos "remanentes" de la masa de recursos acumulados, vía las administradoras de fondos para el retiro.
Una y otra.
De acuerdo a la Unión Nacional de Trabajadores, la reforma que discutía ayer el Senado les daría a las intermediarias la posibilidad de disponer de 600 mil millones de pesos.
Y aunque la exposición de motivos señala que se trata de buscar las vías para multiplicar los ahorros en beneficio de los trabajadores, lo cierto es que las apuestas de las siefores, es decir, el brazo de inversión de las intermediarias, implican un riesgo.
Dicho con todas las letras, la posibilidad de jugar con los recursos, ya en las mesas de dinero; ya en las bolsas del país o extranjeras, ya en la compra de instrumentos de deuda, podría resultar fallida.
Naturalmente, en el supuesto, quien carga con las pérdidas no es la Siefore sino los trabajadores, a título de minusvalías.
Lástima, Margarito, nos fue mal.
Desde otra arista, las afores le cobran a los trabajadores comisiones por el manejo de sus recursos, por su saldo y demás etcéteras, lo que no hace el Instituto.
En paralelo, la letra chiquita de la reforma plantea que cuando el trabajador solicite un segundo crédito, ya para ampliación de la vivienda obtenida; ya para su remodelación, o de plano para reparaciones mayores, el entero de éste se coordinaría con los bancos, lo que implica otra tajada de negocio para éstos.
El escenario se abrió tras una resolución de la Suprema Corte que rompía el esquema planteado por el gobierno en el sentido de que la subcuenta de vivienda administrada por el Infonavit se acumularía a la masa de retiro de los trabajadores que no hayan sido beneficiados con un crédito.
De acuerdo a la máxima instancia de justicia del país, los fondos de retiro y de vivienda tienen objetivos diferentes, por lo tanto el trabajador tiene derecho a recibir los primeros en una sola exhibición.
El problema es que bajo la ley actual el Infonavit le entregaba los recursos a la Tesorería de la Federación, obligándose los trabajadores a entablar un juicio, cuya duración se prolongaba por dos años, para recuperar sus ahorros.
Dicho con todas las letras, el organismo sólo aceptaba la devolución cuando existía una resolución expresa de un juez de lo laboral.
Actualmente se ventilan 150 mil procesos judiciales bajo la figura de amparo directo alegándose inconstitucionalidad del artículo octavo transitorio de la Ley del Infonavit, en los que están en juego 18 mil millones de pesos.
Bajo la reforma aprobada por la Cámara de Diputados, cuyo sí definitivo se debatía ayer en el Senado, ya no se requiere el engorroso trámite.
En teoría el único requisito para jubilados o en proceso de hacerlo, que reclaman su subcuenta de retiro acumulada a partir de 1997 al no haber obtenido un crédito subsidiado, sólo tendrán que llenar una solicitud ante el Instituto... y en 48 horas tendrían su dinero.
Se calcula que la posibilidad beneficiaría a un millón de trabajadores.
En los próximos años se liberarían 500 mil millones de pesos en beneficio de 14 millones de jubilados.
Los trabajadores decidirán si el dinero lo integran a su cuenta del Fondo de Ahorro para el Retiro, abren alguna otra en un banco, o simplemente plantean la posibilidad de un negocio.
Justicia por un lado, riesgo por el otro; con la novedad de que el Infonavit se volvería sólo un administrador más de los ahorros de los trabajadores.
En lo que plantea la posibilidad de un empate en el pleno de la Comisión Federal de Competencia al momento de discutirse el recurso de revisión planteado por Telcel contra la megamulta de casi 12 mil millones de pesos aplicada por la dependencia, la Suprema Corte de Justicia le negó un amparo al presidente de ésta, Eduardo Pérez Motta, contra la recusación en su contra para participar en la sesión.
Serán, pues, cuatro los comisionados a la mesa.
Dos de ellos, justo los que votaron a favor de excluir a Pérez Motta en atención a una queja de la telefónica por presunta parcialidad de éste en el asunto, se opusieron a la megamulta.
A la sesión en que se decidió el castigo por supuesta reincidencia de Telcel en prácticas monopólicas relativas, no acudió uno de los comisionados, por lo que el empate lo resolvió el voto de calidad del presidente.
El escenario, sustituido el ausente, se repite a la letra, sólo que ahora sin la posibilidad de deshacerse un posible empate.
CEMEX SALVA VENEZUELA
Aunque Cementos Mexicanos no contabilizaba la posibilidad de llegar a un arreglo con el gobierno de Venezuela tras la expropiación de tres de sus plantas en el país sudamericano, lo cierto es que los recursos que recibirá a cuentagotas le permitirán oxígeno en su compromiso de desendeudamiento.
Lo grave del caso es que en la coyuntura de la difícil situación que enfrenta, la firma encabezada por Lorenzo Zambrano debió aceptar menos de la mitad de lo reclamado por concepto de indemnización.
Su aspiración era alcanzar mil 300 millones de dólares, y recibirá 600. Los recursos se entregarán en cinco etapas: un pago inicial de 240 millones de dólares, y cuatro más, con espacio anual, de 90.
Como usted sabe, la cementera con sede central en Monterrey había abierto un procedimiento de arbitraje ante una filial del Banco Mundial en reclamo de equidad.
De lo perdido, pues, lo que aparezca.
SOS DE NAVIERAS
Tras reiterar que es falso que hubieran avalado las reformas a la Ley de Puertos aprobada por la Cámara de Senadores el pasado cuatro de octubre, la Asociación Mexicana de Agentes Navieros y el Consejo Marítimo Portuario insisten en que ésta atenta contra la libre competencia.
En paralelo, señalan que impactaría la competitividad y la operación de los puertos, concentrándose las inversiones en los monopolios portuarios extranjeros, y propiciaría la elevación de costos de cara a los usuarios ya exportadores como importadores, al estrecharse la oferta.
En resumen, un punto más en favor de la causa del capital extranjero.
Prevista la posibilidad de que la Cámara de Diputados discutiera la minuta el martes pasado, el escenario cambió radicalmente al plantearse una nueva iniciativa por parte del presidente de la Comisión de Marina, Alejandro Gertz Manero.
