Destruido parte de su tejido ferroviario ante la furia del huracán "Stan"; lanzados los trastos al ruedo por la empresa estadounidense Genesse & Wyoming quien lo operaba en concesión, ante la morosidad del gobierno por realizar las reparaciones, el ferrocarril Chiapas-Mayab lleva seis años de abandono.
Conocido como el "tren de la muerte" por la gran cantidad de centroamericanos que dejaron la vida entre sus rieles al viajar como polizones en el techo de sus furgones, la serpentina permitía conectar al país desde su frontera sur, vía el Soconusco.
Sus mejores clientes eran Petróleos Mexicanos y media docena de empresas cementeras, con opción de regreso con materias primas.
La parálisis llegó en 2005, al provocar el huracán la destrucción de 283 kilómetros de vía, deslavándose ocho puentes, con daños en 56 más, entre los poblados de Arriaga y Tapachula y cortándose el acceso de Tonalá a Ciudad Hidalgo y el puente internacional de Tecun Uman de Guatemala, a cuyo territorio la empresa concesionaria tenía acceso a un área de 20 kilómetros.
El cálculo inicial hablaba de reconstruir por completo al menos cinco kilómetros de vía.
El percance dejó varados a 537 furgones de carga, de los cuales 128 pertenecían al propio ferrocarril Chiapas-Mayab, 167 eran propiedad de la Nación, 179 de particulares nacionales, y 68 de compañías extranjeras.
La mayoría se ha vuelto chatarra.
La paradoja del caso es que las primeras maniobras de rescate de 16 locomotoras y 118 furgones, realizadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con auxilio de grúas, originaron una factura de 2.5 millones de pesos, que la firma estadounidense se negó a pagar.
El choque sería el principio de una serie de desencuentros que derivaron en la salida del país de la empresa Genesse & Wyoming. El último de ellos fue ante la exigencia de colocar en la mesa 200 millones de pesos para el pago de una parte de la reconstrucción, por más que las vías son propiedad del gobierno federal.
La compañía que había privatizado la ruta corta en 1994, tras la venta de los tres troncales en que se dividió el sistema ferroviario nacional, hizo sus maletas cuando le faltaban aún 24 años de la concesión obtenida.
La empresa dejaría en las manos de funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un requerimiento de pago de 12 millones de dólares por daños y perjuicios.
El asunto se dirime aún en los tribunales, tras alegar ésta que la concesionaria era la responsable de rehabilitar las vías, en cuyo caso debió contratar una póliza de seguros, por más que las compañías no se hacen responsables de daños provocados por desastres naturales.
El caso es que, ante el vacío, la propia SCT intentó ceder la concesión al Ferrocarril del Sureste, a lo que se opondría la Comisión Federal de Competencia.
La razón era simple: éste había sido adquirido por el Grupo México de Germán Larrea Mota Velasco, quien ya era concesionario del Ferrocarril del Centro, lo que lo convertía en monopolio.
Del otro lado de la moneda, la dependencia alegaba que se trataba sólo de devolver el cauce original al Ferrocarril del Sureste, dado que el Chiapas-Mayab era parte del troncal hasta su privatización por parte del Grupo Tribasa de David Peñaloza, quien le vendería la concesión al magnate Carlos Slim.
Lo cierto es que el gobierno dobló las manos, cancelándose desde entonces la búsqueda de otra alternativa. Total, decían los susurros de los funcionarios, la ruta corta no es rentable.
A quién le importa si ésta alcanza 321 kilómetros, con derecho de paso hacia Coatzacoalcos y Salina Cruz, justo vía el Ferrocarril del Sureste, pasando por los puertos estratégicos de Progreso, Minatitlán y Madero, es decir, Yucatán, Veracruz y Chiapas.
La posibilidad habla, incluso, de conexión hacia el Ferroviario del Istmo de Tehuantepec, planteado como la ruta que permitiría el paso de carga del Océano Pacífico al Atlántico, en un escenario hacia el norte más ventajoso que el canal de Panamá.
De hecho, en los seis años en que operó la concesión la firma Genesse & Wyoming no se sabe que hubiera tenido pérdidas... pese a las zancadillas que le puso el gobierno de Chiapas en la época de Pablo Salazar Mendicuchía.
Doble tragedia: El gobierno no construye infraestructura y la existente la deja morir de óxido y abandono.
En calca del error que provocó la recusación, avalada por la Suprema Corte, del presidente de la Comisión Federal de Competencia, Eduardo Pérez Motta, que le impide participar en la sesión en que se debatirá el recurso de reconsideración planteado por Telcel contra la megamulta que le impuso la dependencia, el secretario de Economía, Bruno Ferrari, tomó partido a favor de la empresa Bachoco en un procedimiento que aún no concluye.
Estamos hablando de la demanda que promovió la empresa sonorense contra un grupo de exportadores estadounidenses de partes de pollo, concretamente pierna y muslo, por supuestas prácticas desleales de comercio.
El funcionario acaba de declarar que si existe "dumping", es decir, precio inferior al del mercado de origen, por parte de los acusados.
Textualmente señaló que "existen evidencias suficientes".
El problema, decíamos, es que el procedimiento no se ha agotado, lo que sugeriría que Ferrari le está tirando línea a la Unidad de Prácticas Desleales para fallar a favor de la firma de la familia Robinson Bours.
Hay quien habla de "mano negra" del ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours.
SUBE LA INFLACIÓN
De acuerdo con el Índice de Precios Metropolitano de Consultores Internacionales, durante noviembre pasado el promedio de precios en la capital d
El país se incrementó en 0.86%, alcanzándose un nivel anualizado de 3.96.
El golpe mayor a los bolsillos se dio en el rubro de alimentos, con un inaudito crecimiento de 2.40%. En contraste, el del cuidado personal y el de salud tuvieron un saldo negativo de 1.5% y 0.12%.Más al detalle, el precio del plátano tabasco se incrementó 42.79%; el de la cebolla 24.50; el del frijol 18.77; el de otras verduras y legumbres frescas 16.66, y el del tomate verde 14.69%.
Desde el plano opuesto, bajó el costo de la zanahoria (12.26), la pasta para sopa (12.20), los equipos audiovisuales (11.11) y derivados de la leche (7.36).
