A partir del día de ayer la empresa Proterra no es más la concesionaria del servicio de limpieza del Municipio de Gómez Palacio, Durango. El Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado de Durango, determinó anular la licitación en la que la compañía recolectora había ganado la concesión aquel 14 de diciembre de 2006, cuando el cabildo lo dio por ganador.
Desde entonces, se inició una batalla legal entre las empresas que no resultaron beneficiadas, para el caso PASA -la concesionaria de Torreón- y Servicios de Tecnología Ambiental, con solicitudes de amparo de por medio y recursos presentados ante el propio tribunal administrativo, que a la postre resultarían por invalidar el proceso y devolverle la función al Ayuntamiento gomezpalatino.
La realidad es que este problema obviamente trae problemas en el origen. Más allá de las propias fallas en la acuciosidad para realizar todo el procedimiento de licitación apegado a lo que marca la ley, todo indica que por supuesto muchos individuos vieron la oportunidad de hacerse de dinero sabedores que el contrato aseguraba jugosas ganancias para quien resultase concesionario, como lo fue. El problema es que además de la presunta corrupción, existió indiscutible ineptitud de los involucrados, tan es así que hoy nuevamente son empleados municipales quienes tienen que prestar el elemental servicio de limpieza.
¿Qué se puede esperar que sucede desde el dictado de la resolución? Seguramente Proterra buscará en el marco jurídico elementos que le permitan si no retener la concesión, sí obtener herramientas legales para por lo menos prolongar en los hechos la obligatoriedad que sujeta al Ayuntamiento de Gómez Palacio con ellos de seguir cumpliendo el contrato. Esto es, interponer recursos legales que por lo menos les dé tiempo a que sigan prestando el servicio y entre tanto, claro, seguir cobrando.
Sin embargo, este asunto conlleva más que un simple pleito de intereses económicos. Aquí está metida la política a fondo. La administración que encabezara el licenciando Octaviano Rendón fue la que llevó a cabo todo este proceso para entregar a Proterra el trabajo de limpia de la ciudad. Obviamente apoyados en que desde mediados de los noventa en que la ciudad vecina -Torreón- ya tenía ese esquema de concesión con la empresa Promotora Ambiental, se urdió la idea que Gómez Palacio tuviese ese mismo sistema. Pero al parecer por las presunciones y las propias declaraciones de entonces un regidor panista, Rafael Ramos Herrera, que aceptó haber recibido de manos de Erfan Elbahara Alsabah, representante de quienes resultarían ganadores, en un restaurante de Torreón, quince mil pesos en señal de anticipo de una cantidad que llegaría hasta 150 mil, para que lo que a él correspondiera, favoreciera a la hoy depuesta prestadora de servicios.
Así tan claro es que la otorgación del título concesionario tuvo implicaciones de burda corrupción. Más allá de eso, la política tiene sus lecturas. En Gómez Palacio, se había restablecido con toda fuerza el poder de la familia Herrera sobre la cosa pública del Municipio. Comenzó con la segunda presidencia del patriarca, Don Carlos, pasando por su hija Leticia, a quien la sucedería en el puesto el notario Rendón, gente de ellos. Pero Don Carlos se había confrontado con Ismael Hernández Deras para la gubernatura, y en esa coyuntura, Ricardo Rebollo arrebató el Municipio, apoyado claro por el gobierno del Estado.
En medio de todos estos vaivenes políticos está el millonario contrato de limpieza, que hoy se encuentra en otra etapa de la disputa que no ha concluido desde hace más de 4 años, pero esto debe haber responsables del daño patrimonial que se le ha causado a los ciudadanos de Gómez Palacio, o esto sólo será una disputa de las empresas de la basura, hay que ver cómo actúa la alcaldesa en consecuencia.
