E n Abril del 2008 escribí aquí el artículo titulado "En Defensa de la Deuda". Fue mi reacción al enterarme que el gobernador Humberto Moreira había solicitado al Congreso autorización para contraer créditos hasta por $3,500 millones de pesos para financiar obras "para el desarrollo económico". Mi artículo, como podrán intuir por el título, tenía un tono positivo. Tan es así, que el entonces gobernador me llamó por teléfono para agradecerlo.
La llamada fue por demás extraña. Después de un intercambio de gracias y de nada, aproveché para preguntarle sobre las condiciones del crédito, y para pedirle detalles específicos sobre el destino del dinero. Finalmente mi texto había pedido eso: claridad y transparencia. Creo que no le gustó el cuestionamiento, como supongo que tampoco le han gustado otras cosas que he escrito en Vanguardia desde entonces. Al menos nunca me ha vuelto a llamar.
Hoy recuerdo esta pequeña anécdota, pues acabo de leer los reportes que recién publicaron Fitch Ratings y Standard and Poor's (S&P), bajando la calificación crediticia de Coahuila. Dado que el Gobierno no es transparente en sus finanzas, estos reportes ofrecen información invaluable. Son breves, están disponibles de forma gratuita en la red y son lo suficientemente claros para dar una idea del manejo económico de nuestro estado.
Este es el resumen: Al 31 de diciembre de 2010, nuestro estado había contratado deuda por un total de $14,636 millones de pesos, de los cuales $8,706 corresponden a deuda directa contratada en cuatro créditos bancarios, $3,750 son factorajes de "cadenas productivas" (relacionada con pagos a proveedores de obra pública) y $2,180 es deuda contraída por organismos descentralizados como PRODEMI y FINCOAH. Fitch registra que tras años de seguir una política de no endeudamiento, "el Estado duplicó su deuda bancaria entre 2009 y 2010, manteniendo asimismo niveles elevados de líneas de crédito de corto plazo y de deuda de sus organismos descentralizados".
Según Standard and Poor's, al cierre del 2011 el servicio de la deuda directa absorberá "por lo menos" el 15% de los ingresos discrecionales del Estado, y según Fitch, un tanto más conservador, Coahuila estará pagando a sus acreedores $500 millones de pesos al año hasta el 2023.
Para dar un poco de perspectiva, este monto equivale al presupuesto anual combinado de los municipios de San Pedro y de Monclova.
Si contrastamos el tamaño de la deuda contra los ingresos discrecionales, la deuda directa de Coahuila es cuatro veces la de Querétaro y ya es comparable con la de Nuevo León, un estado largamente atribulado por las malas decisiones financieras de sus gobernantes. Continuar con el rumbo actual, según S&P, "podría requerir de financiamiento adicional o presionaría gradualmente la posición de liquidez".
Sobra decir que los $3,500 millones del crédito que discutíamos en el 2008 hoy parecen cacahuates. Lo que me sorprende es que se mantenga la misma resistencia a dar explicaciones. Pareciera que lo que era un estilo personal se convirtió en política de Gobierno. Vanguardia ya lo ha señalado, pero las calificadoras lo resumen de manera contundente.
Para S&P, "la política financiera del Estado es poco clara y la difusión de su información financiera es parcial", mientras que Fitch concluye que existe una "falta de claridad en las políticas y prácticas administrativas del Estado en lo relacionado al endeudamiento actual, futuro y su registro contable".
¿Cómo pasamos de una autorización del Congreso en el 2008 para endeudarnos por $3,500 millones de pesos, a una deuda al cierre del 2010 de al menos $14,600 mdp? ¿Fue parte de un plan, o producto de arrebatadas decisiones de corto plazo? Si la deuda era necesaria, si los recursos estuvieron bien invertidos y si tenemos para pagar, ¿por qué la opacidad? Finalmente el elevado monto y el acelerado crecimiento de la deuda coahuilense no son malos en sí mismos. En muchos contextos tiene sentido invertir hoy para cosechar después.
¿Pero qué hizo Humberto, endeudarnos para ayudarnos a crecer o para permitirse el lujo de gobernar como un Rey Midas que un día anunciaba un Distribuidor Vial de $1,400 millones, y el otro prometía regalar 100,000 computadoras personales?
Estamos en época de elecciones, y es buen momento para reflexionar sobre el rumbo del Estado. ¿Cómo afectarán los compromisos adquiridos por esta administración a la capacidad de gestión de los futuros gobernantes? ¿Podrán cumplir los compromisos que hoy están firmando, o tendrán que pasarle nuevamente la factura a las futuras generaciones?
Lea los reportes de Fitch y de Standard and Poors y fórmese su propia opinión. Si no los encuentra en la red, mándeme un email a onesimo@mit.edu y con gusto se los hago llegar.
