El municipio de Torreón a través de la voz de su tesorero Pablo Chávez Rossique, ha informado que el rezago histórico en el cobro de impuesto predial asciende a un monto que ronda cerca de los mil millones de pesos.
La cifra suena astronómica proporcionalmente hablando, ya que se trata prácticamente del presupuesto anual de la ciudad o de casi una década en que no se haya cobrado el gravamen, responsabilidad del propio Municipio.
Hace algunos días, se publicó una información donde el proyecto de ley de ingresos para Torreón del año entrante modificaría los estímulos fiscales que se han otorgado a los contribuyentes cumplidos, que era descontar el 20% a quienes pagaran en enero, el 15% a los que lo hicieran en febrero, el 10% en marzo, dejándolos reducidos sólo a enero y febrero en un 15 y 10 por ciento respectivamente.
Al día siguiente de esta información, el alcalde Eduardo Olmos declaró que él rechaza esta propuesta en el término del plazo, pero no se dijo nada respecto a los porcentajes de descuento. Incluso dijo que él haría la petición expresa de que se respeten los estímulos tal como se ha hecho.
Anuncian además, que están preparando un programa para impulsar que los deudores históricos acudan a liquidar estos adeudos en noviembre y diciembre; vale la pena aclarar que sería la tercera ocasión que esto ocurre en el año, los dos anteriores han consistido básicamente en descontar las multas y recargos.
Ha sido de suyo manifiesto que las finanzas de los municipios del área conurbada de La Laguna prácticamente están en posición de insolvencia plena. Torreón es claro que al estar subyugado al estilo de gobierno de los Moreira, ha gastado más allá de lo que sus ingresos se lo permiten y ahora sus arcas están vacías.
Por el lado de Durango, Gómez Palacio tiene sus propios problemas que se fincan en el desorden y presunto desfalco de la administración anterior, que le entregó a la alcaldesa Rocío Rebollo una tesorería prácticamente seca.
Lerdo es tan pasivo que poco ruido hace, pero Carlos Aguilera no dejó muy aseado el tema del manejo del erario, y Carmona ha hecho lo que puede. Huelga hablar del mismo tema a nivel estatal, Jorge Herrera Caldera, gobernador de Durango, ha tenido que sortear lo que va de su mandato con ínfimos recursos, ya sea porque su antecesor Ismael Hernández tampoco se distinguió por dejar una tesorería sólida o por el regateo que el Gobierno Federal hace de la entrega de las participaciones que le corresponden al Estado. Además de la paupérrima recaudación propia del Gobierno Estatal.
De Coahuila ni qué hablar. El gobernador saliente Jorge Torres prácticamente despacha de trámite los asuntos que legalmente le corresponden, mientras Rubén Moreira ya gobierna a través suyo. La gigantesca deuda que dejó el profesor Moreira de casi 34 mil millones de pesos, reduce el margen de maniobra al gobierno coahuilense.
Es por todo este panorama, y al conocerse el monto de las cuentas por cobrar en el rubro de predial, que súbitamente hace recordar con indignación y rechazo las acciones emprendidas por el tesorero Chávez de, por un lado, ponerse muy exigente con el cumplimiento de la ley -que hay que puntualizarlo qué bueno que lo hace: es su trabajo- en renglones tan particulares como el traslado de cadáveres o cobrar derechos por realizar carreras, principalmente pedestres y por otro lado no ser tan enfático en echar mano de las facultades que el marco jurídico le confiere en la recuperación de tan inmensa cartera de predial.
Es cierto que difícilmente se podría recuperar el cien por ciento de los mil millones de pesos; esas estimaciones seguramente comprenderán recargos y multas prácticamente incobrables. Pero ciertamente hay ahí una fracción importante que sí se avoca a hacer su trabajo y no teme enfrentar a los grandes morosos, la ciudad podrá allegarse de recursos que le pertenecen y que no han sido cobrados por la indolencia de administraciones anteriores.
Habrá que estar muy atentos de que cobren porque aquellos que somos cumplidos, con toda justificación nos sentimos vulnerados en nuestros derechos al no ser aplicada la ley a aquellos que se escurren de su obligación de contribuir.
Chávez Rossique ahí tiene un reto grande, pero con promesa gratificadora, mucho más allá que andar en los parquímetros o cobrar 5 pesos por usar su sanitario.
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