La candidatura de un destacado político opositor a la presidencia de Venezuela quedó en duda ayer luego de que el Tribunal Supremo de Justicia avaló una decisión que lo inhabilita para ocupar cargos públicos.
La Sala Constitucional del máximo tribunal dictaminó que es "inejecutable" una decisión emitida el mes pasado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Costa Rica, en la que se demandaba que Venezuela levantara la "inhabilitación administrativa" impuesta contra Leopoldo López, exalcalde del municipio Chacao de Caracas. López estaba en una lista negra de políticos que enfrentan investigaciones por presunta corrupción, pero insiste en su inocencia y hace notar que nunca fue sentenciado en un tribunal. El político fue inhabilitado por la Contraloría General, el máximo órgano estatal que supervisa las finanzas públicas, a partir de 2008. López fue acusado de recibir donativos entre 1998 y 2001 a favor de una organización que él dirigía de la estatal Petróleos de Venezuela SA, donde su madre trabajaba en ese entonces.
La contraloría general también sancionó a López en 2004 por supuestas irregularidades en el manejo de fondos de una partida de su presupuesto local a otra. El político impugnó las medidas en su contra en la CIDH con el argumento de que se violaban sus derechos políticos, y la corte regional falló en su favor el 1 de septiembre. Dijo que la medida que inhabilita a López de los cargos públicos "no le ha impedido, ni le impide ejercer los derechos políticos en la Constitución".
