Es frecuente en los últimos tiempos que invariablemente el tema de conversación sea desde luego la inseguridad, la impunidad y en algunas ocasiones se menciona el Estado de Derecho como una regla que pueda permitir desarrollarse a la sociedad con mayor orden; sin embargo en ocasiones este último tema a mi parecer nunca queda debidamente sustentado en lo que cada uno de nosotros queremos o deseamos, como precisamente hace unos días tuve la oportunidad de comentarlo en una reunión, sentí la inquietud de expresarlo aprovechando la oportunidad que tengo de manifestar mi opinión en diversos temas a través de estas colaboraciones personales.
Parto de la idea de que el Estado de Derecho es el marco Legal en el que confluyen la moral, la ética, las reglas de conducta y desde luego la Ley bajo el principio de su correcta aplicación y la equidad para todos los individuos; la sociedad como tal se constituye por las personas, quienes debemos de tener muy claro nuestros deberes sociales en razón del papel que nos toca desempeñar en nuestras diferentes posiciones, por otra parte se encuentra el Gobierno que entre otras obligaciones como buscar el bienestar social debe de lograr el orden social buscando la orientación y coordinación de las actividades sociales, ya que si no existe sociedad sin orden, ni orden sin Gobierno no puede funcionar independientemente de la organización política que elija cada individuo.
Precisamente es el Gobierno quien a través de las Leyes puede fundamentar las actividades de la sociedad, mediante la aplicación de las Leyes a través de las estructuras creadas para tal fin definiendo de tal manera que las acciones que se realicen sea bajo conductas favorables, toleradas y en caso de ser contrarias al bien común que es la raíz de un grupo social que suele contener las opciones generales por la justicia y la ayuda recíproca o solidaria, al contradecirlas y según el eventual daño que causen deben ser castigadas o prohibidas.
Es aquí en donde las instancias de autoridad pueden convertirse en autocráticas o intolerantes, ya que el objetivo es que se debe procurar la mayor objetividad posible, de tal modo que el juicio para aplicar la Ley corresponda efectivamente a la realidad de la conveniencia o inconveniencia de las actividades respecto del bien común; tratando de ser más objetivo pongo el siguiente ejemplo: al analizar la forma de regular las actividades de las empresas en automático deben participar los empresarios, los trabajadores, los consumidores, y muy especialmente los juristas especializados en el régimen o marco Legal que regula estas relaciones lo que permite ante las instancias de autoridad la deliberación y decisión que se deben de tomar en la resolución del problema que se esté analizando.
Por ello dentro del Estado de Derecho se debe de reconocer al poder socialmente reconocido, es decir, a las instancias políticas establecidas y reconocidas como legítimas, por ello son depositarios los órganos de Gobierno correspondiente la responsabilidad y la función de asegurar el bien común en las diferentes instancias que les corresponde en congruencia con las elecciones de conductas establecidas en las Leyes. Para que el Gobierno dirija a la sociedad hacia el bien común sus decisiones o recomendaciones, órdenes o prohibiciones pudieran exigirse con el apoyo de la fuerza pública si es necesario, ya que se entiende que la aplicación de las Leyes viene garantizado por la potestad que le confirió la propia sociedad.
En todo esto últimamente ha cobrado una especial preponderancia además del Gobierno y la sociedad los medios de comunicación masiva, que de por sí no son instancias de autoridad pero es a través de ellos como se pueden difundir las opiniones de la colectividad, sólo que en ocasiones se abusa de esta libertad de expresión y por ello ha cobrado vigencia en la actualidad que es muy frecuente que se utilicen los medios de comunicación para tratar de litigar los problemas por este conducto antes de esperar las resoluciones legales.
La llamada opinión pública no es una instancia de autoridad, ya que no responde a alguna persona o entidad determinada sino simplemente una opinión generalizada. Por ello al mencionar el Estado de Derecho deben de cuidarse las instancias de potestad legales de tal manera que la aplicación de la Ley sea bajo la perspectiva de la legalidad y la legitimidad del poder constituido, pero siempre y cuando los mandatos de la potestad de quienes los ejercen sean de conformidad a las prescripciones estrictas que rigen las Leyes expedidas bajo los preceptos morales, éticos, políticos y jurídicos que rigen las costumbres y tradiciones de la familia que es la raíz de la sociedad en si.
