Ejercicio. Claudio Paolillo, editor del semanario 'Búsqueda de Uruguay', dijo este sábado que en seis meses el crimen organizado cobró las vidas de cinco reporteros, en la reunión de la SIP. EL UNIVERSAL
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) concluyó en su reunión en San Diego, California, que el crimen organizado se expande de México a otros países y el periodismo enfrenta leyes restrictivas y acciones que parecieran un plan estratégico para acabar con la prensa independiente.
"Las acciones violentas del crimen organizado cobraron las vidas de cinco periodistas -tres en México, uno en Paraguay y uno en Honduras-, mientras que otro reportero mexicano permanece desaparecido", leyó en las conclusiones de los últimos 6 meses el editor del semanario Búsqueda de Uruguay, Claudio Paolillo.
"En México, la nación más riesgosa para el ejercicio del periodismo, las reiteradas promesas de distintos presidentes para federalizar esos crímenes no se han cumplido y continúan sin ser consideradas por el Congreso", agregó el periodista.
Detalló que tanto en México como en Honduras, diversos grupos de medios de comunicación suscribieron acuerdos para dar tratamiento especial a las noticias del narcotráfico.
"Pero la mancha del crimen organizado, tanto de las bandas de narcos, como de grupos guerrilleros y paramilitares, se está expandiendo a otros países como Brasil, Colombia, Paraguay, Perú y las naciones de Centroamérica, donde las continuas amenazas proferidas a periodistas levantan el riesgo de que se imponga la autocensura", afirman en las conclusiones.
Explicaron que en naciones como Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Guyana "son frecuentes y reiteradas las campañas de desprestigio de los presidentes contra medios y periodistas".
Mientras que las agresiones "verbales y fiscales contra periodistas, así como las amenazas, ocurren también en Honduras, República Dominicana, Haití, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, Brasil y Guatemala".
En las conclusiones de la SIP se relatan sentencias o decisiones judiciales y leyes o proyectos de legislaciones que potencialmente afectan de distintas maneras la libertad de expresión en Estados Unidos, El Salvador, Colombia, Nicaragua, Paraguay, Chile, Perú, Jamaica, Bolivia, Brasil, Uruguay y Canadá.
La SIP además retomó las palabras de su presidente, Gonzalo Marroquín: "las leyes restrictivas en materia de libertad de prensa y los ataques verbales son una práctica que se repite de un país a otro y parecen ser parte de un plan estratégico para ir terminando con la prensa independiente, para acabar con su credibilidad".
La sociedad también concluyó que "la liberación en Cuba de todos los periodistas encarcelados en 2003 no mejoró la situación. Todos fueron desterrados y, dentro de la isla, se mantiene incambiada la utilización de los medios estatales como instrumentos de propaganda, de acciones represivas contra los intentos de informar de modo independiente y las operaciones de los órganos de inteligencia para bloquear y silenciar a las voces discordantes".