A escasos dos días de que la Suprema Corte dirima si valida o rechaza la Controversia Constitucional planteada por el Senado contra el Ejecutivo, cuya manzana de la discordia son los Acuerdos de Equivalencia de las Normas Oficiales Mexicanas con las de Estados Unidos, sorpresivamente la balanza se inclina a favor del órgano legislativo
Los cinco ministros de la Segunda Sala que analizarán el diferendo que en el terreno práctico valida la revisión realizada de artículos electrónicos que exporta el vecino hacia nuestro país, sin opción de reciprocidad al calce, acaban de recibir un documento con los atentos saludos de la UNAM, cuyo efecto es el de un paquete-bomba.
De acuerdo a los técnicos de la máxima casa de estudios, la medida instrumentada por la Secretaría de Economía viola flagrantemente el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial de Comercio, que privilegia la potestad soberana de los países de imponer sus propias normas.
A diferencia de México, en Estados Unidos y Canadá, país al que también alcanza el inaudito regalito que provocó la ira del Senado, la revisión de la calidad de los productos, en confrontación con la norma oficial, la realizan agentes privados, lo que coloca a los consumidores mexicanos en el grotesco de dejar en sus manos su seguridad.
Adicionalmente, el documento avalado por los especialistas en derecho internacional Jorge Witker y Daniel Márquez, advierte que se cometió una aberración jurídica al sustituir los reglamentos del organismo internacional por otros dictados por autoridades administrativas.
El texto titulado "Bases jurídico-económicas e internacionales para sustentar la ilegalidad de la equivalencia de normalización con Estados Unidos y Canadá", señala en paralelo que las Normas Oficiales Mexicanas son parte del derecho público, avaladas por la Ley sobre Metrología y Normalización en vigor, lo que "garantiza y fortalece la soberanía del país", además de la protección a los consumidores nacionales.
El argumento está en línea con el planteado por un grupo de senadores de oposición en sustento para la Controversia Constitucional, señalando que el Ejecutivo invadió sus funciones en la pretensión de modificar una ley con un simple acuerdo administrativo.
Adicionalmente, el documento de la UNAM señala que no existen ni de la legislación mexicana ni en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte mecanismos que pudieran validar los Acuerdos de Equivalencia, no sólo en materia de artículos electrónicos, sino de cualquiera de sus rubros.
Aunque los artículos 906.4 y 904.6 de la negociación del acuerdo mercantil con Estados Unidos y Canadá hablan de "compatibilidad" para trabajar en el fortalecimiento de la seguridad y protección de la vida humana, animal o vegetal, no existe rendija alguna por lo que se hubiera podido colar el evidente acto entreguista de la Secretaría de Economía.
De hecho, los Acuerdos de Equivalencia violan el propio tratado mercantil en lo concerniente al derecho de cada nación de adoptar medidas relativas a la normalización que permitan elevar la calidad de los productos importados por cada una de las naciones en concierto.
Así lo ha establecido la Organización Mundial de Comercio.
Y no le seguimos por falta de espacio.
El hecho es que, a querer o no, el texto exhibe la pobreza de argumentos técnicos de la subsecretaria de Economía, Lorenza Martínez, así como de sus colegas Beatriz Leycegui y Felipe Duarte, quienes en su momento diseñaron el absurdo.
En la cumbre del inaudito, colocado en alerta roja el Senado, se llegó a decir que la medida beneficiaría a los consumidores mexicanos al ya no tenerse que pagar la revisión al ingresar los productos al territorio nacional, a soslayo de que éste gravitaba en forma mínima en los costos.
Más tarde, se adujo que el validar la revisión de agentes privados en Estados Unidos en agravio de la autoridad nacional, era para agilizar la llegada al país de novedades electrónicas en un escenario en que las innovaciones tienen velocidad de vértigo.
El caso es que las tablets, los iPad, las computadoras de bolsillo han llegado a México con sólo una semana de atraso.
Lo grave del caso es que en sus entrelíneas el documento con proa a la Suprema Corte deja entrever que el presidente Felipe Calderón fue engañado por los funcionarios de la Secretaría de Economía al convencerlo de que la medida estaba en línea con el derecho mexicano y el internacional.
¿Exceso de ignorancia? ¿Necesidad de quedar bien al precio que sea con el Tío Sam? ¿Ganas de hacerle la tarea a la Casa Blanca en el fallido programa de promoción de exportaciones?
La resolución en la Corte llegará el miércoles, justo a un año de publicarse en el Diario Oficial el acuerdo administrativo que retó a la lógica, la ética y de pasadita a la estética.
BALANCE GENERAL
Finalmente, frente a la presión de su propio partido, por más que el PRI lo avalaba como interlocutor, en menos de un mes el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, dejará el cargo para buscar la postulación panista a la Presidencia de la República.
El compromiso es aceptar el relevo una vez entregadas las propuestas de Ley de Ingresos y Egresos para el año próximo, en paralelo a los Criterios de Política Económica.
La estafeta, presumiblemente, la tomaría el secretario de Energía y ex secretario de Ingresos de Hacienda, José Antonio Meade.
PÁJAROS EN EL ALAMBRE
Una pregunta recorre el ámbito de los tribunales: ¿Quién le dio el pitazo a Nextel de que Iusacell había colocado en la mesa un "incidente de incompetencia por declaratoria" para impedir que el Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa resolviera sobre su recurso de revocación de amparo interpuesto por la firma del Grupo Salinas, que le impide operar su red nacional de telefonía celular ganada en la polémica licitación 21?
El asunto podría provocar la colocación de nuevos obstáculos contra la firma de Estados Unidos.
JAQUE AL CITIGROUP
El alegato de Fernando Franco, socio principal de la firma distribuidora de oxígeno para enfermos y diversos giros para uso industrial, en una querella contra el Citigroup de Estados Unidos, a quien acusa de fraude por 50 millones de dólares, se centra en que las apuestas colocadas en la mesa de la casa de bolsa de la intermediaria para operaciones bursátiles no se podían consolidar sin su consentimiento.
Según ello, pues, no había posibilidad de discrecionalidad del corredor a cargo.
Los recursos se esfumaron en operaciones que según él no había autorizado.
El escenario revive la maraña de litigios presentados tras el estallido de la Bolsa Mexicana de Valores de 1987, en que los apostadores alegaban que se habían hecho operaciones no autorizadas que los llevaron a la ruina... y en algunos casos al suicidio.
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