Desatada la furia de los dueños de los restaurantes Italianni's ante la orden de aprehensión girada en su contra por el juez de la película "Presunto Culpable", por un supuesto fraude procesal en pandilla, ahora resulta que está disparando balas a ciegas.De acuerdo a la versión de la contraparte, es falso que la denunciante, es decir la cadena de franquicias Alsea, haya sobornado a las autoridades para inclinar la balanza de la justicia, por más que el caso se diluyó al ratificar el Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en materia penal el amparo a los acusados que había sido concedido originalmente por el juez Décimo de Distrito en Materia Penal de la capital.
La prueba esgrimida por los restaurantes agrupados en la firma Italcafé era un correo electrónico enviado al socio mayoritario de Alsea, Alberto Torrado Martínez, en el que el abogado de éste, Guillermo Díaz de Rivera, le notifica la necesidad de pagar 2 millones de pesos a quienes califica de "plomeros".
Copia del correo llegó al abogado, a su vez, de Víctor Cachoúa, socio mayoritario de Italcafé.
La interpretación de Italianni's apuntaba a que el asunto tenía que ver con la orden de aprehensión dictada en su contra. De hecho, se dijo a la letra que el amparo definitivo concedido a los acusados había surgido "no obstante los nuevos intentos de corrupción (se demuestra con el correo electrónico enviado por el abogado de Alsea, Guillermo Díaz de Rivera, al señor Alberto Torrado y otros), dado que la justicia federal no permitió ser blanco de prácticas corruptas de empresarios y abogados".
El caso es que el fondo del asunto apunta a un enredo.
El correo electrónico se remitió por error al abogado de Cachoúa.
El emisor intentaba turnarles copia a todos los altos funcionarios de Alsea, uno de los cuales tiene iniciales que coinciden con las del abogado al que le llegó el texto.
La razón de lo que parecería una comedia de equívocos se fundamenta en que los abogados intercambiaban información en relación a un arbitraje solicitado a nivel nacional, es decir al margen de las instancias internacionales, para dirimir cuál de las dos partes tiene la razón en un litigio que originó el desconocimiento de Alsea a un contrato de compra de los 39 restaurantes de Italianni's.
Ahora que, de acuerdo a la versión de la contraparte de Italianni's, el asunto nada tenía que ver con la acusación de fraude procesal en pandilla, dado que se le estaba notificando a Torrado del pago de honorarios a abogados que llevan el pleito con la cadena de restaurantes en el plano civil. Lo de "plomeros" es porque en el argot de los litigantes se les califica así a aquellos abogados que trabajan subterráneamente los asuntos, es decir hablan con sus "contactos" para convencerlos de los argumentos presentados en los tribunales por alguna de las partes.
El asunto había levantado una espesa polvareda, dado que el presidente de Alsea, es decir de Starbucks, Burger King, PF Chang's China Bistro y Domino's Pizza, lo había sido también del Consejo de la Comunicación, organismo que promueve campañas contra los flagelos del país, entre ellos el de la corrupción.
Ahora que el escándalo alcanzaba proporciones internacionales dado que Alsea maneja franquicias de Estados Unidos, lo que en el papel lo ponía en la mira de la ley denominada "Foreing Corruption Practices Act", en cuyo marco cualquier agente que realice actos de corrupción fuera del país de las barras y las estrellas queda sujeto a las mismas sanciones que si hubiera cometido el ilícito en ese país.
El enredo, pues, amagaba con convertirse en una bomba. Mal día, así, para Alsea, por más que la bilis de Italianni's le jugó a la zancadilla.
Ahora que en la misma ruta se habla de que Italianni's tergiversó una resolución de la juez Quinto de lo Civil al señalar que se le había ordenado a Alsea cerrar sus restaurantes California Pizza Kitchen por violar una de las cláusulas del contrato de la discordia que impedía ponerle tienda de enfrente a la cadena que constituye la contraparte. Según, ello la juez del caso se equivocó.
El escenario da para un sainete.
BALANCE GENERAL
Aunque la Secretaría del Trabajo intenta lavarse las manos, señalando que la mina de carbón ubicada en Sabinas, Coahuila, de la empresa Beneficios Internacionales del Norte (Binsa) tenía apenas 18 días de estar en operación, la versión choca con la del presidente municipal del lugar.
Se diría que el fantasma de Pasta de Conchos le aterra a los funcionarios, por más que el caso pareciera repetirse foto por foto. De entrada, no se había realizado inspección alguna de la dependencia para garantizar las condiciones mínimas de seguridad; más allá, el 90% de los trabajadores carecía de inscripción al Seguro Social, con el agravante de que había un menor contratado como tal. Y si le seguimos, hete aquí que los trabajadores no estaban sindicalizados.
Como en Pasta de Conchos, la tragedia que le costó presuntamente la vida a 14 mineros y un brazo al menor, la originó la acumulación de gas grisú... sólo que a diferencia de Pasta de Conchos aquí sí los deudos pudieron velar a los cadáveres. La distancia es que el dueño de la mina es Melchor González Vélez, no Germán Larrea Mota Velasco.
TOTALPLAY YA
De acuerdo al cálculo de sus directivos, la empresa Totalplay, propiedad conjunta de Iusacell, el Grupo Salinas y Televisa, estará ofreciendo sus servicios en las próximas semanas, por más que la cobertura alcanzará sólo originalmente la capital del país, el área metropolitana y parte del Estado de México.
La intención es acumular 100 mil clientes, para llegar a 300 mil en 2012.
La firma opera con la red de fibra óptica que tenía la Comisión Federal de Electricidad, cuyo alcance según los expertos, es casi idéntica, sino es que algo mayor, a la de Teléfonos de México.
La razón de llamarle Totalplay es que alcanzará toda la gama de posibilidades en materia de telecomunicaciones. De entrada televisión de paga; telefonía fija y móvil, e Internet de cuarta generación, a una velocidad nunca vista en México.
Se estima, por ejemplo, que los usuarios podrán grabar una película en menos de un minuto.
La tarea de conexión casa por casa de la fibra óptica se realiza desde hace ocho meses.
La firma asegura tener ya los permisos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, aunque faltaría el visto bueno de la Comisión Federal de Competencia.
SE RAJÓ TG GROUP
Finalmente, ante los titubeos del administrador de la quiebra de Mexicana de Aviación para darle el visto bueno a su oferta, TG Group rompió sus acuerdos y canceló sus compromisos.
De hecho, la empresa ya puso a su disposición el pagaré firmado por la firma que en el papel entraría al rescate de la compañía más antigua del país en su ramo, exhibiéndola previamente al señalar que la promesa de un fondo de 45 millones de dólares no está sustentada, y tampoco se dispone de los 105 millones restantes ofrecidos.
Total, es insolvente y mentirosa, dado que aseguró que uno de sus socios sería American Airlines.
El romance se rompió cuando el grupo empresarial TG Group negoció por su cuenta con el fondo Advent para comprarle las acciones.
Mientras tanto, el administrador sigue cobrando.
