Cuando decidí que mi libro El Cártel de Sinaloa. Una historia del uso político del narco (Grijalbo, 2009) comenzara con un grupo de empresarios de las drogas ilegales que caminaban tranquilamente en el año de 2003 por los pasillos de un edificio sede del poder financiero mexicano, para reunirse con un candidato a la gubernatura de Nuevo León -que fue quien me contó el suceso- lo hice con la intención de poner en la mente del lector las añejas relaciones entre traficantes y políticos, de las cuales se habla muy poco a la hora de analizar el narco mexicano, sobre todo en comparación con los sicarios y otros miembros de la infantería criminal, quienes suelen acaparar los papeles principales de los relatos hollywoodenses.
La ciudad donde nací, Monterrey, capital de Nuevo León, vivió el pasado jueves un atentado terrorista ejecutado por un puñado de hombres que llegaron a plena tarde a un céntrico casino de nombre Royale, le rociaron gasolina a su fachada principal y después le arrojaron una cantidad todavía no precisa de granadas explosivas. Más de cincuenta personas murieron.
Sabemos lo anterior porque había cámaras de video grabando a los autores de la masacre al momento en que la perpretaban. Lo que no sabemos, lo que casi nunca graban las cámaras y es lo más importante, es lo que hubo detrás de una acción como ésta, sin precedentes, incluso para una ciudad que en los años recientes ha perdido la capacidad de asombro.
En Monterrey se sabe que desde que llegó la democracia a México (recordemos que hace no mucho había comicios ficticios que siempre ganaba el PRI) los políticos locales buscaron financiamiento de las mafias para sus campañas electorales... y sus casas de campo. Así, aumentó la vida democrática y creció la vida mafiosa. Proliferaron los puntos de venta de droga, prostíbulos y otros negocios ilegales, como lo eran los casinos hasta hace poco. Esta red de relaciones es tan grande y tan extendida que se ignora a sí misma: Ni estando dentro de ella se conocen bien a bien todos los nudos que la conforman.
Los empresarios locales "regios", antes famosos a nivel nacional por su empuje e integridad, se hicieron de la vista gorda, e incluso, no pocos de ellos invitaron a los nuevos empresarios mafiosos a sus fiestas y a algo más.
Hoy hay en Monterrey veinte centros de apuestas, establecimientos que son (o eran hasta el jueves) muy populares y que además casi cualquiera sabe que por su naturaleza son espacios idóneos para el lavado de dinero. Son dos los consorcios que operan principalmente los casinos "regios": Uno es de Jorge Hank Rhon, exalcalde de Tijuana y cuadro distinguido del PRI, a través de la empresa Caliente; el otro es Stromb International, una compañía cuya matriz queda en Moscú, Rusia y que está bien relacionada con Adalberto Madero Quiroga, un exalcalde de Monterrey, del PAN, quien se dice en la ciudad que es el verdadero propietario del Casino Royale.
Lo que sucedió el jueves -y que no grabaron las cámaras- está entre esas coordenadas, pero cuidado: la tristeza diaria de la capital norteña ya no puede ser explicada como el resultado el enfrentamiento de un cártel contra otro cártel.
El abismo es todavía más hondo que eso.
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