Los regidores de la Oposición del Ayuntamiento de Torreón, pertenecientes al PAN, denunciaron que a los policías municipales de Torreón se les hacía descuentos obligatorios de su nómina para convertirlos en cuotas para el PRI.
Son más de 400 miembros de la Policía los que aportaban esas cuotas para el Revolucionario Institucional. Inclusive, aportaban aquellos que ganan menos de cuatro mil pesos mensuales. El monto de las retenciones era del 3.5% de su salario. Esto incluye a los propios preventivos como a los agentes de vialidad y los empleados de la administración. El recaudo de todo ello rondaba los 150 mil pesos al mes. Las retenciones eran: en el nivel más bajo, 129 pesos; y para aquel que gana 5 mil 847 pesos mensuales, la aportación era de 204. Todos eran pasados por la charola, hasta el director mismo de la corporación, Adelaido Flores.
Las reacciones no se hicieron esperar en este tema: hubo un repudio generalizado a esta práctica que se realizaba en la administración del alcalde Eduardo Olmos, quien trató de defenderse aduciendo que este ataque de los panistas era "por lo mal que andaban" y trató de darle un cariz totalmente electorero al tema.
Hay que puntualizar que con este caso se da a conocer que mil de los alrededor de 2,400 empleados municipales aportaban una cuota al PRI por la misma vía del descuento de nómina, lo cual hay que decirlo, no es delito.
De hecho, es práctica común que los partidos le exijan a sus miembros cuotas para su mantenimiento, pero el que se lo hayan aplicado a los policías es simplemente un descuido burdo y con el respeto, torpe.
Es obvio que la gran mayoría que ocupa cargos de relevancia en una administración pública llega ahí por confianza del gobernante o por pago de cuotas partidistas, esto es, pueden trabajar en el Gobierno porque pertenecen al partido político que en ese momento está en el poder. Esta situación naturalmente tiene excepciones, no es regla general.
Pero el escenario es distinto cuando esta costumbre le es aplicable a aquel servidor público que es por naturaleza necesario para la sociedad, como los propios policías, los bomberos, servicios públicos en general (alumbrado, limpieza), peritos, jueces municipales, esos puestos prevalecen sea quien sea el que gobierne.
Luego entonces, todo aquel que llega a ocupar cargos de rango superior en las administraciones públicas lo hace por una identificación política, distinta a esas plazas, labores que tienen que ser cubiertas sí o sí, para el trabajo.
El presidente municipal ya ha ordenado que esta actividad se suspenda y no se le retenga ya nada a los gendarmes.
Con razón, cuestiona a quien ha denunciado este hecho, el regidor Walss, de haber sido uno de los grandes promotores de la fallida, "mejor Policía del norte de México", cuando el municipio era gobernado por el panista José Ángel Pérez y Walss era el mismísimo secretario del Ayuntamiento, nada más.
Pero aún con todo ello, este hecho de quitarles dinero a los policías no se puede más que calificar de burdo y cínico.
El que esto haya estado ocurriendo es una muestra de la indolencia que se tiene en el Gobierno de Olmos por no ser más escrupulosos a la hora de ejercer aquellas viejas prácticas del PRI. Quizá eso se vea reflejado en los votos que obtendrá Rubén Moreira, y si los resultados no son como los quiere, tal vez entonces sí se preocupe el alcalde. Al tiempo.
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