Exposición. El Organismo Implementador de la Reforma Penal fue expuesto como ejemplo para compartir la experiencia en la puesta en marcha del Nuevo Sistema de Justicia, a fin de que el resto de las entidades planteara sus dudas. EL SIGLO DE DURANGO
Al cumplir con todos los requerimientos que exige el Gobierno Federal, el Organismo Implementador de la Reforma Penal (OIRP) espera recibir este año más de los 10.8 millones de pesos (mdp) que le asignaron en el 2010.
El director del OIRP, Ernesto Galindo Sifuentes, explicó que durante la Segunda Reunión Nacional de Órganos Implementadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal, celebrada en la ciudad de Monterrey la semana pasada, la Secretaría Técnica del Organismo Implementador dio a conocer los lineamientos para acceder a los recursos del Gobierno Federal que estarán disponibles para las entidades con este mecanismo de justicia.
Detalló que para el 2011, la Secretaría Técnica contará con un presupuesto de 420 mdp a distribuirse entre ocho estados donde ya funciona el Nuevo Sistema de Justicia Penal, así como otros dos que están en proceso de consolidación; esta situación hace prever que al OIRP le corresponderá un recurso considerable para este año.
Y es que a mediados de octubre del año pasado, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Apolonio Betancourt Ruiz, confirmó que el recurso asignado a Durango por parte de la Secretaría Técnica fue de diez millones 800 mil pesos, etiquetados para capacitación y equipamiento; monto proveniente de una bolsa de 200 mdp destinado a solventar los gastos de las entidades federativas para implementar los nuevos mecanismos de justicia.
Se espera que en las próximas semanas se defina la cifra exacta del recurso que será asignado a Durango para el Sistema de Justicia Penal.
Galindo Sifuentes explicó que durante la reunión nacional se tuvo una participación ejemplar de Durango, al exponer el modelo del Organismo Implementador apegado a las normas federales; se explicó que el Nuevo Sistema de Justicia Penal en esta entidad es el único del país que tiene un Organismo Implementador que funciona como órgano descentralizado del Poder Ejecutivo, con patrimonio y personalidad jurídica propios, su propio marco legal y organización apegada a un modelo, manual de operación y reglamento interno.
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