"Se necesita un siglo para formar un Estado y una sola hora para convertirlo en polvo."
Lord Byron
A rápida detención de cinco presuntos responsables de la matanza del Casino Royale revela que las policías mexicanas sí pueden actuar con eficacia, por lo menos en casos de relevancia para los políticos o para los medios de comunicación. Los videos de seguridad y las huellas digitales encontradas en un Mini Cooper abandonado que se utilizó en el ataque permitieron ubicar a los sicarios. La Procuraduría de Justicia de Nuevo León ha identificado también al autor intelectual de la matanza, la cual, al parecer, se debió a la negativa de los dueños a pagar una cuota de protección.
Todo parece indicar así que la matanza del 25 de agosto no quedará impune. Pero esto es una excepción en nuestro país, como lo demuestra el hecho de que Los Zetas que provocaron esta tragedia hayan podido extorsionar con impunidad a los dueños del Casino Royale. De hecho, la extorsión es uno de los crímenes que se han vuelto más comunes y que menos se castigan en nuestro país.
Durante mucho tiempo se pensó que el problema fundamental de México era la existencia de un gobierno autoritario. Los poderes metaconstitucionales del presidente, los abusos del ejército en la guerra sucia y la mano dura de las policías eran considerados símbolos de esta excesiva fuerza. El régimen de Gustavo Díaz Ordaz en los años sesenta representó el ejemplo más notable.
Con el paso del tiempo, sin embargo, ese gobierno de fuerza ha sido sustituido por uno de enorme debilidad. Hoy el gobierno no parece tener la capacidad para enfrentarse ni a los delincuentes ni a los grupos que violan los derechos de terceros con manifestaciones y plantones para exigir tratos especiales del gobierno.
Las policías de nuestro país parecen incapaces de enfrentarse no sólo a la delincuencia organizada sino incluso a infractores menores. La extorsión o el cobro de derecho de piso son prácticas cada vez más comunes en muchos lugares. Las autoridades difícilmente pueden brindar protección a las víctimas. Los gobernados y las empresas han tratado de protegerse contratando seguridad privada. Pero si hacemos de lado los equipos personales de seguridad de los empresarios más encumbrados, los agentes que se contratan usualmente para proporcionar protección privada son tan incapaces como los policías de enfrentarse a los criminales.
Los grupos de presión -transportistas, sindicalistas, antorchistas, panchosvillistas y activistas de todo tipo-- se pueden dar el lujo de cerrar vialidades y establecer plantones permanentes sin que los gobiernos se atrevan a hacer nada. La autoridad a lo más que llega es a suplicarles que se quiten, como está haciendo hoy el gobierno capitalino con los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, que han tomado posesión del Zócalo y no quieren permitir las fiestas patrias.
Hemos llegado al punto en que dos jóvenes mujeres, Azalia Ojeda y Vanessa Polo, las "ladies de Polanco", pueden agredir e insultar en la calle a un policía. Su caso no ha quedado en la impunidad gracias a que alguien grabó un video y lo colocó en YouTube. Pero una multa de poco más de 1,700 pesos, que es lo que marca la ley, es casi lo mismo que quedar en la impunidad. La legislación está hecha para dejar desprotegido al policía frente al abuso del ciudadano.
Hay buenas razones para creer que hemos ido de un extremo a otro. Había buenas razones para rebelarse ante un gobierno autoritario. Pero tener un Estado débil, que no puede cumplir con la función fundamental de proteger a los ciudadanos de los abusos de los criminales, no es ningún avance.
CHIVOS EXPIATORIOS
No debe sorprender que los dueños del Casino Royale hayan huido del país. Resultaba claro que se les quería hacer responsables de un ataque en que ellos fueron víctimas y no perpetradores. Infortunadamente, la búsqueda de chivos expiatorios es una constante cuando hay una tragedia en nuestro país.
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