Entre los acuerdos de la 26 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, se estableció que personal de las procuradurías y fiscalías del país será capacitado por el gobierno de Estados Unidos para tener acceso a la base informática E-trace, que sirve a nivel mundial para rastrear armas aseguradas al crimen organizado, así como identificar a su comprador de origen.
Según el acuerdo, la primera fase de capacitación comenzará en enero y febrero del próximo año cuando personal adscrito a las procuradurías de la zona centro del país viaje a Estados Unidos para conocer la herramienta, sea entrenado y le proporcionen su claves de acceso.
"Esta Conferencia acordó iniciar el proceso de incorporación del sistema E-Trace en cada instancia de procuración de justicia, lo que contribuirá de forma importante a rastrear la compra-venta ilegal de armas, y a desarticular las bandas involucradas, y a llevar a prisión a sus líderes", aseguró la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales Ibáñez.
La funcionaria expuso que además se logró el consenso entre sus homólogos para terminar en su totalidad las evaluaciones de control de confianza de los titulares de las Unidades Especializadas contra el Secuestro el próximo mes de diciembre, así como completar la capacitación de todo el personal durante el primer trimestre del 2012.
En su discurso de clausura de la 26 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la titular de la PGR dijo que el organismo emitió un punto de acuerdo para exhortar a los concesionarios de redes de telecomunicaciones en acatar en tiempo y forma los mandamientos judiciales que autorizan la intervención de comunicaciones privadas.
Asimismo, crear una comisión de trabajo con la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), para analizar las medidas que refuercen el cumplimiento de las resoluciones judiciales, por ejemplo que tengan carácter de obligatorias.
Refirió que el pleno de la Conferencia se pronunció a favor con las figuras y alcances contenidos en la iniciativa con proyecto de decreto de la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal (Ley de Testigos Protegidos), aprobada por la Cámara de Diputados, y ofreció el apoyo de la dependencia para replicar las figuras contenidas en esta ley, tratándose de delitos graves del fuero común, o cuando regulen la materia de delincuencia organizada.
