La evidencia de que el asesinato de Jaime Zapata, agente aduanal y de control migratorio (ICE, por sus siglas en inglés) norteamericano, se cometió con un arma adquirida en Dallas y contrabandeada a México, como parte de una operación denominada "Rápido y furioso" realizada por el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATP, por sus siglas en inglés) del mismo gobierno norteamericano modificó la actitud norteamericana hacia México.
A fines de la semana pasada, el jueves 24, el gobierno norteamericano realizó una amplia redada contra organizaciones criminales mexicanas que operan en Estados Unidos, con la intención oficial de recolectar información sobre el asesinato de Zapata, lo que condujo a la detención de 229 personas y la confiscación de 8.5 millones de dólares, según informó en su momento la cadena televisiva de noticias Fox, a la que la DEA, por primera vez en su historia, le abrió su centro de operaciones para que transmitiera en vivo las actualizaciones de la misma.
La intención evidente era dar la mayor difusión posible al operativo, para dejar claro que cualquier agresión a sus agentes sería severamente castigada, sin embargo, muy probablemente también tenía segundas intenciones, pues aunque todavía no se conocía públicamente, el gobierno norteamericano ya sabía del fracaso de su operativo "Rápido y furioso" y de las funestas consecuencias que éste reportaba.
El martes primero de marzo se informa que una de las armas utilizadas en la acción en la que asesinaron a Zapata, el 15 de febrero, había sido comprada en una armería de Dallas, Texas, y se conoció que habían detenido a tres personas vinculadas con la compra y tráfico del arma hacia México.
Ese mismo día, el procurador general de los Estados Unidos expresó en una audiencia ante el Comité de Gastos de la Cámara de Representantes: "Les tengo que decir la preocupación que tengo. Con el creciente número de agentes de la DEA que tenemos en México, de agentes de ATF, de agentes de FBI, tengo preocupación que estas armas que son ilegalmente llevadas a México -adquiridas en EU- sean usadas contra ellos. Y esa es una tragedia que espero que podamos evitar".
El viernes 4 de marzo se conoció la versión de John Dodson, agente de la ATP, de que en un periodo de 15 meses entre 2009 y 2010 se introdujeron ilegalmente 1,765 armas a México, de las cuáles se han recuperado 797, en ambos lados de la frontera incluyendo 195 que fueron utilizadas para cometer crímenes en México, sin embargo, nada se sabe de las restantes 968 armas y como señaló Dodson: "Con el número de armas que dejamos ir, nunca sabremos cuántas personas fueron asesinadas, violadas o asaltadas. No hay nada que podamos hacer para recuperar esas armas. Se fueron".
De acuerdo a las declaraciones, hubo un giro total en la estrategia de la ATF que decidió ya no ir únicamente por los compradores de armas, sino por los líderes de las organizaciones criminales. Sin embargo, dicha operación estaba bajo investigación desde hace más de un año, cuando agentes aduanales mexicanos detuvieron en Naco, Sonora, un cargamento de 41 AK's 47, un rifle calibre 50, 40 cargadores semiautomáticos, un lente telescópico y tres navajas, lo que permitió identificar que, al menos, tres de esas armas habían sido adquiridas en una armería de Glendale, Arizona, por Jaime Ávila. A lo largo de un año, Ávila y sus socios compraron diversas armas largas y los investigadores estaban convencidos de que eran para los cárteles mexicanos, pero les permitieron hacerlo porque era parte de la nueva estrategia. El tema cobró más relevancia a partir del asesinato de Brian Terry, agente de la ICE, el 14 de diciembre de 2010, cerca de Río Rico, Arizona, con armas compradas por Ávila en enero de ese mismo año.
El cinismo es absoluto, mientras las armas provenientes del territorio norteamericano sirvieron para asesinar a mexicanos, las autoridades norteamericanas simplemente se refugiaron en la legislación vigente y negaron cualquier posibilidad de hacer algo para frenarlo; hoy, que dos agentes de la ICE han sido acribillados por dichas armas, manifiestan su preocupación y el mismo presidente Barack Obama sentencia en la conferencia de prensa conjunta con el mexicano Felipe Calderón, tras su encuentro, el jueves 3 de marzo, que es posible "moldear" la ley para frenar el flujo de armas de Estados Unidos a México y reconoció que la batalla que está librando México "no es sólo suya, es también nuestra. Debemos tomar nuestra responsabilidad, así como él está asumiendo la suya".
Por su parte, Calderón ofreció extraditar a Estados Unidos a los asesinos de Zapata, siempre que la Ley lo permitiera y plantear al Congreso la posibilidad de que los agentes norteamericanos porten armas en México, al precisar: "En este tema habré de platicar con los miembros del Congreso, particularmente del Senado para explorar las alternativas, y cuando digo las alternativas, creo que tenemos que decir que todas las alternativas que la Ley o la Constitución nos permitan".
Ambos cargaban sus culpas: Calderón, el asesinato del agente norteamericano en territorio mexicano; Obama, sabedor que dicho incidente propiciaría que a las revelaciones de Wikileaks, se sumaría la divulgación de que una fallida operación de su agencia responsable de frenar el tráfico de armas permitió la introducción de una buena parte de éstas a territorio mexicano. El resultado: los dos mantuvieron sus posturas, pero modificaron sus actitudes; y hoy tenemos más certeza sobre las acciones y posiciones reales del gobierno norteamericano, no por las declaraciones oficiales, sino por todas las filtraciones de los últimos días.
