Nuevamente los cables difundidos por Wikileaks estremecen a la clase política mexicana, en este caso muy particularmente a la de Monterrey; de inmediato los diplomáticos norteamericanos trataron de resarcir los daños al asegurar que dichos reportes son informales y no reflejan las políticas del gobierno norteamericano, sin embargo, las decisiones de dicho gobierno reflejan que sí le dan mucho valor a dichos cables. Basta revisar que los últimos tres cónsules norteamericanos en Monterrey son expertos en seguridad y narcotráfico; que la decisión de retirar a los hijos menores de edad del personal adscrito a dicho consulado coloca al mismo en una categoría similar a la de ciudades de países como Líbano, Irak y Pakistán; y algunas declaraciones oficiales que coinciden totalmente con lo que afirman los cables, como la del actual embajador norteamericano, Carlos Pascual: “Tratamos de entender y analizar la capacidad de las policías de responder y proteger a los muchachos y tuvimos que concluir que no tenía la Policía la capacidad para hacerlo”.
Pero más allá de los desmentidos y reversas las declaraciones de los tres altos funcionarios del gobierno norteamericano esta última semana, casi seguramente también se basan en la información de dichos cables.
Y es que hay algunos que hacen temblar al más valiente, como el que la publicación de La Jornada identifica como Cable 108918, que revela que “el 18 de mayo de 2007 circuló el rumor que el gobernador Natividad González Parás había sido asesinado. Las policías municipal y estatal se comunicaron con el consulado para confirmar si era verdad o no. …Interesante, por un lado es positivo constatar la estrecha colaboración existente, pero por otro lado habla de la incapacidad de las autoridades”.
Como señala el texto de La Jornada: “Los cables revelan que agentes del consulado actúan sin restricciones en áreas que no son de competencia de una representación diplomática: se presentan en las escenas de determinados crímenes para recoger evidencias, colaboran en arrestos, sus agentes recaban información de Inteligencia que las autoridades neoleonesas suelen no tener mediante una red de informantes. Las autoridades locales les llaman para pedir información y orientación.” Con este tipo de evidencias se puede explicar que el lunes el subsecretario del Ejército estadounidense Joseph Westphal afirmara, en un foro en la Universidad de Utah, que los cárteles de la droga podrían potencialmente tomar el gobierno en México. Y que el jueves, James Clapper, jefe máximo de Inteligencia del mismo gobierno, declarara ante un comité sobre Inteligencia en la Cámara de Representantes, que debido a la narcoviolencia México es considerado en la categoría más alta entre las amenazas potenciales para Estados Unidos.
Para mostrar la creciente violencia y los desafíos que establecen los cárteles de la droga, como los narcobloqueos en ciudades tan importantes como Monterrey y Guadalajara, no se requiere ni siquiera ser un observador acucioso, basta con revisar los medios de comunicación diariamente o vivir en dichas ciudades unos días.
Pero la preocupación de las autoridades norteamericanas crece cuando el 29 de julio de 2009, reciben el cable 218302 enviado por el entonces cónsul en Monterrey, Bruce Williamson, donde transcribe expresiones de Alejandro Junco, dueño del periódico Reforma y del general GuillermoMoreno Serrano, comandante de la Cuarta Zona Militar, que ponen en evidencia las limitaciones del Ejército para combatir a los cárteles de la droga. De acuerdo al texto de La Jornada: “Alejandro Junco expone que: ‘La ventaja principal del Ejército frente a los cárteles no es que sea más transparente o que tenga más capacidad táctica’ sino que cuentan en sus operativos con el factor sorpresa porque ‘al estar acuartelados no pueden ser presionados por los traficantes para que revelen sus planes’. Moreno, por su parte, explica al estadounidense que si bien el Ejército tiene capacidad para ‘desarrollar inteligencia y montar operativos basados en esta información, no tiene los recursos para sustituir a las instituciones policiacas, no importa qué tan corruptas estén’”. Y Williamson añade, según la misma publicación: “El dilema de la ciudadanía: ante una amenaza ¿a quién recurrir en busca de protección? (…) Si las policías no son confiables y el Ejército no tiene recursos suficientes, ¿qué queda?”. Concluye:“La presencia militar no es un panacea para Nuevo León”.
De acuerdo a la información divulgada la Policía estatal está muy infiltrada y en 2009, de acuerdo a uno de los cables, un informante les había asegurado que “Fasci [en ese entonces secretario de Seguridad Pública en Nuevo León] está aislado en su oficina, rodeado de subalternos en los que no puede confiar.” Y en un siguiente cable narra como Fasci al despedirse de Williamson, le dice: “Hay demasiadas manzanas podridas y muy poco dinero para apoyar a las buenas”. Y en el mismo cable el cónsul reproduce un episodio que le contó el mismo Fasci: “Recién estrenado en el cargo en 2009, él y su equipo recibieron de manera sorpresiva información muy detallada sobre casas de seguridad de las organizaciones criminales. Después de valorar si esta información sería una trampa o no, decidió ordenar operativos que resultaron en decomisos muy importantes de droga, armas y efectivo. Tiempo después se dio cuenta que la información había sido filtrada por los mismos cárteles, como “regalo” para que el nuevo funcionario pudiera rendir buenas cuentas en sus primeros meses. Fue un truco para que pensara que contaba con un equipo de policías confiables, lo que no era realidad.” Los textos entregados al periódico capitalino porWikileaks fueron enviados por dos expertos en seguridad y combate al narcotráfico: Luis G. Moreno, quien fue cónsul general en Monterrey de 2004 a 2007, previamente había servido en la Unidad de Asistencia de Narcóticos en Bogotá, Colombia; en la Sección de Asuntos de Narcóticos en Perú, donde manejó el proyecto de erradicación de la coca, entre 1988 y 1990; en 1995, estuvo en la embajada en Panamá, como Director de Narcóticos y Coordinador de Cumplimiento de la Ley; en 1997, fue asignado como Director de Asuntos de Narcóticos en la misión en Bogotá, Colombia y fue responsable de la asistencia contra los narcóticos al gobierno colombiano y fue uno de los diseñadores del Plan Colombia; y Bruce Williamson, cónsul de 2008 a 2010, de acuerdo a La Jornada es: “Diplomático de carrera con formación militar, egresado del Colegio Nacional de Guerra con una maestría en Estudios Estratégicos y ex consejero para Latinoamérica en la Oficina Internacional de Narcóticos del Departamento de Estado.”
La información que proporcionan los cables es muy diversa: alguna da cuenta de hechos y datos ciertos y precisos, algunos producto de estas actividades que incluso violan la soberanía nacional, pero que realizan bajo el auspicio de las mismas autoridades mexicanas; otra, revela opiniones personales (de los cónsules o de informantes identificados, algunos funcionarios públicos) o información difundida en los medios masivos de comunicación; y otra más les llega por sus informantes no identificados. Pero toda es filtrada por el criterio de dos expertos en la materia y, por lo mismo, es confiable para las altas autoridades norteamericanas, que evidentemente la toman en cuenta para normar su criterio y, desde luego, lo reflejan en sus irritantes declaraciones, como las dos narradas en párrafos previos y para tomar decisiones como la de retirar a los hijos menores de los empleados del Consulado en Monterrey.