Al menos 50 organizaciones sociales y empresariales demandaron a las cámaras de Senadores y Diputados que en el período de sesiones antepongan las necesidades de seguridad, justicia y legalidad de los ciudadanos de México a intereses de políticos o partidarios y den cauce a los "pendientes legislativos".
Lo anterior, explicaron, debido a que las cifras sobre el incremento de violencia y criminalidad, "que los ciudadanos hemos conocido en las últimas semanas, son de suma preocupación y dejan en la sociedad un sentimiento de zozobra e indefensión".
El colectivo pidió un análisis y discusión de seguridad nacional, reestructuración del mando de la Policía, la reforma constitucional en derechos humanos, "lavado" de dinero y la legislación federal reglamentaria de la reforma penal.
El conjunto de instituciones, entre las que están México Unido Contra la Delincuencia, Transparencia Mexicana, el Consejo Coordinador Empresarial, el Centro de Investigación para el Desarrollo y la Confederación Patronal de la República Mexicana, entre otros, consideró que "no existe ninguna razón para dilatar estas leyes y reformas".
