Caso Royale. La tragedia del Casino Royale marcó la forma de ver la vida en Monterrey, además se cuestionó de forma significativa el papel de las autoridades.
MONTERREY, NL. - Al concluir los peritajes federales y estatales en torno a la tragedia del Casino Royale, las autoridades exoneraron de toda responsabilidad a funcionarios de Monterrey y Nuevo León, así como al empresario Raúl Rocha por la muerte de 52 personas tras el atentado el pasado 25 de agosto.
De acuerdo con el procurador estatal, Adrián de la Garza Santos, quien en rueda de prensa con el titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Cuitláhuac Salinas, reveló que en el atentado a la casa de apuestas, ubicada en el sector San Jerónimo al poniente de la capital del estado, los únicos responsables fueron los 18 miembros del grupo criminal que rociaron más de 200 litros de gasolina en el acceso principal del inmueble, acción que logró incendiar el lugar en casi 40 segundos.
"Si se hubiera tratado de un incendio normal provocado por un cortocircuito o por un cigarro, las condiciones de seguridad hubieran sido suficientes para que los clientes pudieran salir y ponerse a salvo, pero no en un ataque de estas características", dijo de la Garza Santos al revelar que el peritaje se retrasó debido al levantamiento de pruebas químicas en piso, muebles, alfombras y paredes del lugar para comprobar que contaban con retardantes.
Dijo que el temor de ser agredidos por los delincuentes, luego de que éstos arribaron al inmueble con armas de grueso calibre, con palabras altisonantes para primero despojar a los ludópatas de sus pertenencias y luego rociar el lugar con gasolina; no permitieron que pudieran abandonar el inmueble por el acceso principal.
"La presencia de estos sujetos, como hemos visto en videos, que llegaron con armas de fuego y realizando disparos, produjo o hizo que las víctimas, unas pudieran salir por las rutas de evacuación establecidas, y otras de estas trataran de esconderse o resguardarse dentro del inmueble para evitar ser agredidas, con resultados que ya conocemos".
A 104 días del atentado a Casino Royale, en donde la Procuraduría estatal investigaba la posible responsabilidad de funcionarios de Protección Civil de Monterrey y del estado, así como de Obras Públicas y Ecología, ahora se concluye que no existe responsabilidad penal para ninguno de ellos por permitir la operación de la casa de apuestas.
"En este momento no encontramos responsabilidad penal para autoridad civil, ya sea Protección Civil, ya sea municipal o estatal. No son determinantes en cuanto a las responsabilidades civiles, administrativas y laborales que pudieran ser atribuibles a cualquier autoridad de orden de gobierno o de particulares. Esto le corresponde en cuanto a los peritajes y a las causas atribuibles al incendio", explicó el procurador estatal al revelar que de tal forma no se encontró responsabilidad alguna en la actuación del propietario del Casino, Raúl Rocha quien tras los hechos huyó a Estados Unidos a fin de no ser procesado como corresponsable por la muerte de 52 de sus clientes.
"El inmueble no cumplía a cabalidad con todas las medidas de seguridad; sin embargo, los apuntes que se fueron encontrando no fueron los determinantes para concluir que tenían responsabilidad penal relacionada con los homicidios, lesiones y los daños las personas como los dueños o alguna otra autoridad civil", reveló el titular de la SIEDO.
Archivo
Mantienen recompensa
La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República mantiene 3 recompensas vigentes en contra de los líderes de la banda criminal que orquestaron el ataque al Casino Royale en el sector San Jerónimo al poniente de Monterrey. En ella se ofrecen hasta 60 millones de pesos, por quien o quienes proporcionen información fehaciente en torno a la ubicación de tres cabecillas del grupo criminal que operaba en la entidad, y que presuntamente fue quien dio las órdenes para incendiar la casa de apuestas el pasado 25 de agosto en Monterrey, causando la muerte a 52 personas que se encontraban en el interior del inmueble. De acuerdo a información proporcionada por las autoridades, el atentado al Casino Royale derivó de un desacuerdo entre el propietario del lugar, Raúl Rocha y un grupo criminal, quienes le exigían el pago por "derecho de piso" para operar.
